Entrega de tierras ociosas en usufructo: un camino nuevo

El Consejo de Ministros aprobó un conjunto de modificaciones a la política para la entrega de tierras ociosas en usufructo, así, las personas naturales podrán recibir un máximo de 26, 84 hectáreas (ha) de tierra en usufructo (el doble del que permite la legislación vigente) y este será concedido por un término de hasta 20 años, prorrogable por similar período de tiempo.

En el año 2008, cuando se aprobó el Decreto-Ley 259, este establecía que “el límite máximo a entregar a personas naturales sin tierras es de 13.42 hectáreas”, aspecto que ahora sufre modificación; de igual modo se exponía que “el usufructo concedido es por un término de hasta diez años y podrá ser prorrogado sucesivamente por términos de hasta diez años para las personas naturales (…)”;periodo ampliado ahora a 20 años.

Otros cambios que se producirán están relacionados con la integración de los usufructuarios a las empresas estatales, lo cual será posible a partir de las Unidades Empresariales de Base (UEB); también se ampliará el área mínima de construcción de bienhechurías del 1 % al 3 %, con previa autorización.

Si bien el Decreto-Ley 300 sobre la tenencia de la tierra, del año 2012, plantea que “las tierras e instalaciones de los planes estatales de desarrollo de la ganadería genética y comercial, solo pueden entregarse a las empresas o granjas estatales con personalidad jurídica, unidades básicas de producción cooperativa y cooperativas de producción agropecuaria”, estas nuevas modificaciones permitirán la autorización de la entrega de las tierras de ganadería comercial a personas naturales para utilizarlas en la cría y ceba del ganado.

Por otra parte, adquirirá carácter obligatorio que las personas que desarrollen la línea de producción ganadera, dediquen una parte de la tierra a la siembra de alimento animal para satisfacer sus propias necesidades. Además, se establecerá que, para recibir tierras, las personas naturales tienen que trabajarlas y administrarlas de forma personal y directa.

También se comenzarán a aplicar, de manera gradual, los impuestos previstos en la Ley Tributaria concernientes al uso, posesión y ociosidad de la tierra. De manera general se persigue asegurar el mantenimiento en explotación de la mayor cantidad de tierras ociosas posibles, de modo que no se pierda la capacidad agroproductiva de los suelos.

Según el artículo 2 del Decreto-Ley 259, se entiende por tierras ociosas “las que no están en producción agrícola, pecuaria o forestal, con excepción de las que sea necesario dejar en descanso, con fines de rotación de cultivos; las que estén cubiertas de marabú, malezas o plantas invasoras; y las deficientemente aprovechadas por cultivos o plantaciones no aptas para las condiciones de aptitud del suelo y que por esa razón exista despoblación notable o se obtengan bajos rendimientos y las que tengan baja carga de animales por hectárea”.

Eddy Soca Baldoquín, director de Suelos y Control de la Tierra del Ministerio de la Agricultura, indicó en conferencia de prensa que desde el año 2008, cuando se autorizó la entrega de tierras estatales ociosas por concepto de usufructo a personas naturales o jurídicas, y hasta finales de 2016, más de 222 000 personas habían accedido a esta oportunidad, y actualmente permanecían en esta actividad más de 151 000; precisó que habían sido entregadas más de 1, 9 millones de hectáreas (en este punto aclaró que aquellas tierras que son devueltas y se entregan a otras personas se contabilizan también, por lo cual pueden ser registradas más de una vez).

Al referirse a las principales violaciones que se han detectado en este proceso, el funcionario citó la construcción de bienhechurías sin autorización previa, el abandono de las tierras, la contratación irregular de fuerza de trabajo y la compraventa ilegal de las tierras entregadas.

La utilización de financiamiento ilícito o proveniente de hechos de corrupción es otro elemento a tener en cuenta, razón por la cual, se incluirá entre las causas de extinción del usufructo, además de las ya existentes.

Sobre la calidad de los suelos, Soca Baldoquín explicó que el 24,3 % de las áreas poseen tierras productivas categorías 1 y 2, las mejores, sin embargo, las que se encuentran disponibles para su entrega a las personas con de categoría 3 y 4, en condiciones menos favorables.

En este sentido dijo que, en su mayoría, estos terrenos están alejados de asentamientos poblacionales, carentes de agua, infestados de maleza y sin vías de comunicación, por lo que resultan poco atractivos para la población. No obstante, se han facilitado algunas opciones que benefician a quienes las poseen, como el acceso a créditos bancarios con un pago a largo plazo e intereses mínimos, el pago diferenciado de tributos establecido en la Ley 113 del año 2012, así como la creación de una red de tiendas en los municipios para la venta de insumos, entre otros.

Eddy Soca Baldoquín dijo que estas modificaciones aprobadas por el Consejo de Ministros, que conllevan a la formulación de nuevas normas jurídicas y a la aprobación de un nuevo decreto ley, están relacionadas con la actualización del modelo económico y social cubano.

 De igual modo explicó que todos los aspectos modificados son el resultado de la evaluación de los diferentes procesos con las bases productivas, de reuniones con los campesinos y sus representantes en los diferentes niveles. “Constituyen una respuesta al reclamo de los productores”, afirmó, e insistió en que aún se trabaja en la confección de las normas jurídicas, las que serán publicadas en la Gaceta Oficial una vez aprobadas.