Salió Pérez Molina, y el, o la que llegue, ¿qué?

Este domingo Guatemala celebra elecciones generales —incluido el presidente del país y su vice— apenas unas horas después de que el exmandatario Otto Pérez Molina, ahora recluido en un cuartel, se negara a la renuncia hasta el último momento, en lo que muchos consideran una acción democrática, pero en la que muchos analistas coinciden se trata apenas de una jugada para evitar una reestructuración a fondo del sistema político nacional.

Acusado de participar en el fraude aduanero denominado La Línea, junto al exgeneral del Ejército Pérez Molina cayó antes su vice Roxana Balberdi, también detenida, y 158 funcionarios más, un delito que no pudo, por fuerza, permanecer oculto a los ojos del Congreso Nacional, los grandes empresarios y los militares que quitan y ponen a los líderes ejecutivos en Guatemala.

Aunque ahora hay una algazara por la detención del antiguo militar, nunca se le ha juzgado por los presuntos actos sistemáticos de tortura y genocidio cometidos durante el conflicto interno (1960-1996), a pesar de las acusaciones en su contra cuando era jefe de los cuarteles militares de la provincia de Quiché.

Con esos antecedentes se hizo de la Presidencia. Pero, ahora no fueron ni otros políticos, ni hombres de negocios, ni los uniformados, sus antiguos secuaces, quienes lo obligaron a dejar el cargo el pasado día 2. Para analistas, detrás de esa renuncia hay muchos secretos e intereses de diverso tipo.

Aunque las movilizaciones crearon un clima político importante en una población significativamente marcada por la guerra, parece ser que las decisiones al respecto fueron tomadas a niveles altos, en los cuales estaría involucrado incluso Estados Unidos.

Para algunos especialistas, el hombre que se negaba a renunciar llegó al gobierno bajo el manto del Partido Patriota, pero promovido y financiado por las clases pudientes y mandantes en un país con 16 millones de habitantes, el 50 % de ellos viviendo bajo la línea de pobreza en condiciones infrahumanas.

Es curioso que las grandes movilizaciones no exigieran, además de que saliera Pérez Molina, que hubiese una transformación en la dirección política del país, aunque en realidad tampoco hay personal de donde escoger. Pase lo que pase allí, siempre será más de lo mismo, a no ser que surja un liderazgo capaz de dirigir una batalla por cambios estructurales.

Lo cierto es que Guatemala, con un alto índice de violencia en Centroamérica, tuvo sus 15 minutos de fama a nivel internacional cuando los manifestantes tomaron las calles, pero en realidad Pérez Molina es una especie de chivo expiatorio de una clase política corrupta, y los grandes medios que exigían su salida no tocaron un pelo a quienes se esconden detrás del escándalo de La Línea y otros más que conformaron una gran red de corrupción e impunidad evidentemente permitida.

Aunque el ambiente ahora está calmado, es significativa, por lo que podría ocurrir en un futuro, a pesar de la debilidad de la izquierda guatemalteca, la lectura de una ciudadanía indignada ante tanta desfachatez de un gobierno que escogieron cuatro años antes, a sabiendas de que en su país, como en otros de América Latina, la política es una carrera para enriquecerse y no satisfacer los derechos humanos básicos de las grandes masas.

Esas masas enfurecidas no debían olvidar que desde los medios y otros eslabones forzaron finalmente la salida del exmandatario, pero que jamás utilizaron esas fuentes para continuar las protestas en aras de crear una Asamblea Constituyente y eliminar el flagelo del robo y la impunidad en la tierra del digno presidente Jacobo Arbenz, quien al tratar de implantar medidas de arraigo social como la reforma agraria, fue depuesto, con la participación militar estadounidense, por el general Carlos Castillo Armas en 1954.

Es interesante el cambio de actitud, en cuestión de horas, del Congreso Nacional y sus 132 diputados —que serán cambiados también en los comicios— que hasta el último instante protegieron a Pérez Molina cuando las masas pedían su impugnación, y luego, el pasado día primero desbarraron en su contra en los salones parlamentarios.

Puede entenderse que la clase política guatemalteca, a pesar de la vergüenza interna e internacional en que está sumida, no quiso detener el proceso eleccionario, para garantizar que el sistema político y neoliberal continúe hasta ahora, o al menos hasta que una Comisión Internacional vuelva a investigar cómo andan las fechorías en el llamado país del quetzal, y la historia se repita.

Detrás de esa actitud está el dinero entregado por la oligarquía a sus candidatos/as a la Primera Magistratura, sus nuevos congresistas, alcaldes y otros cargos en lid que les permitan continuar sus fraudulentas acciones en absoluta impunidad. Los comicios, por tanto, no podían suspenderse, y si Pérez Molina seguía en el cargo es muy posible que las manifestaciones exigieran la suspensión.

Del tiro se salvaron dos pájaros, el sistema legislativo, capaz de desbancar al Presidente, y el judicial que lo encarceló y ahora realiza investigaciones de La Red, para luego juzgarlo como a un ciudadano común, ya que le fue suspendida su impunidad, al igual que a su vice.

En el imaginario popular, al menos en la clase media, no hay necesidad de transformaciones inclusivas y solidarias —pensamiento no compartido por indígenas, campesinos, obreros y sectores marginados— pues los sistemas establecidos cumplen su papel, por lo cual no es precisa una nueva Constitución Nacional, aun cuando las inversiones extranjeras y las privatizaciones se estén tragando al país.

Los grandes centros de poder guatemalteco, además, temen que de continuar en las calles, esas masas exijan un nuevo tipo de gobierno, con características similares a algunos de América Latina que tienen como prioridad el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos, léase Bolivia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua, entre otros.

El destape del escándalo que llevó a la renuncia de Pérez Molina lo logró —a pesar de la indiferencia de magistrados, congresistas y clases pudientes— la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de Naciones Unidas, que trabajó con la Fiscalía General, y luego de meses de trabajo difundieron públicamente el pasado 16 de abril la red de corrupción operativa en las principales aduanas del país.

Los rufianes del gobierno —y los que aún pueden aparecer— cometían fraudes aduaneros, sobornos y lavado de dinero para obtener ganancias ilícitas millonarias. Uno de los jefes era el secretario privado de la exvicepresidente, Juan Carlos Monzón, que se dio a la fuga cuando se encontraba de viaje oficial en el exterior.

Aunque las pruebas apuntan a su persona, Pérez Molina insiste ante sus captores en que él nunca recibió un centavo ni conocía la red, algo difícil de creer en un exgeneral que nunca fue juzgado por sus crímenes de guerra.

Pero, puede ser hallado culpable y ello crearía un precedente, pues a Estados Unidos —cuya embajada junto a la derecha local dirigen el país, según fuentes guatemaltecas— le conviene que haya una limpieza a fondo de las mafias nacionales en Centroamérica, donde piensa implantar una iniciativa denominada “Alianza para la Prosperidad” en el triángulo norte de la región (Guatemala, Honduras y El Salvador). Los grupos mafiosos no tendrían cabida, al menos de manera pública, en un ajedrez de inversiones procedentes del gigantesco vecino del Norte.

En sus noticias, la cadena multinacional Telesur afirmó desde Guatemala que había un bajo nivel de entusiasmo por los comicios, la fiesta electoral continuó con 14 binomios de candidatos que garantizarían una continuidad de la actual política aliada a Estados Unidos. Puede ser, eso sí, que haya un alto abstencionismo o votos nulos.

En el tapete hay varias interrogantes, pues para expertos es inaudito que la ciudadanía considere que porque se haya descabezado a una pandilla gubernamental se verá un cambio de la ética en el nuevo jefe de gobierno, sus ministros y funcionarios.

Es cierto que las movilizaciones surtieron su efecto, y que una buena parte de la ciudadanía se siente fortalecida —lo cual no es excluyente de su manejo— siempre con la anuencia de los altos jefes militares, los oligárquicos y la embajada estadounidense, pero el presidente aguantó hasta el último momento hasta que, opinan fuentes periodísticas extranjeras, debió alejarse del gobierno cuando su intención, y así lo hizo saber públicamente en varias ocasiones, era entregar el mando el próximo enero al ganador de las elecciones.

Este domingo se enfrentarán 14 binomios de igual número de partidos. Pero, según las encuestas de última hora, los candidatos con más posibilidades de pasar a una segunda vuelta son el comediante Jimmy Morales (25 %), del Frente de Convergencia Nacional (FNC); Manuel Baldizón, del conservador partido Líder (22,9); la ex primera dama Sandra Torres, exmujer del presidente Álvaro Colom (18,4), de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) y Zury Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt, por el Visión de Valores (VIVA).

Además del presidente y su vice, serán electos 158 diputados al Congreso, 20 representantes al Parlamento Centroamericano, y 338 alcaldes. Veremos si acuden a las urnas los siete millones 556 mil 873 guatemaltecos convocados por el Tribunal Supremo Electoral.