Históricas elecciones regionales en Colombia

La mayoría de los analistas califican las elecciones regionales  en Colombia como históricas, pues las mujeres y hombres que resulten electos pueden llevar a feliz término o no el cumplimiento de los acuerdos de paz, no tan lejanos, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-ELP).

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia (ente electoral), para el período 2016–2019 se eligen 32 gobernadores, uno por cada departamento (salvo Bogotá donde el distrito capital escoge un Alcalde Mayor), los mil 101 alcaldes en igual número de municipios, 418 diputados para las Asambleas Departamentales y 12 mil 65 miembros de los Consejos Municipales.  

También serían electos seis mil 700 ediles que integran la Junta Administradora Local, una figura de control en apoyo al Concejo municipal y la alcaldía.

A los comicios estuvieron convocados 33 millones 664 mil 2013 ciudadanos mayores de 18 años y hay inscriptos 113 mil 83 candidatos de distintos partidos políticos.

Serán las nuevas autoridades las encargadas de la implementación de los pactos suscritos en La Habana, sede de las negociaciones entre las partes en conflicto. La tarea, compleja y absolutamente novedosa para el país habituado a una guerra de 60 años, resulta vital para que el proceso iniciado hace unos tres años en la capital cubana no quede en el papel, sino que adquiera el dinamismo imprescindible para iniciar un nuevo capítulo en la historia del país.

Pero no solo esta será prioridad para los nuevos gobiernos regionales.

Sabido es que en Colombia existen gobiernos paralelos territoriales dominados por las mafias con un poder inmenso, y que los electos este domingo enfrentan el reto de transformar estas costumbres y formar una nueva cultura política de poder. Es conocido lo difícil que será alcanzar estos cambios, más en lugares donde existen los enemigos declarados de la paz.

Detrás de estas figuras es señalado el expresidente Álvaro Uribe, el jefe de los grupos paramilitares en ese país, quien hará hasta lo imposible para boicotear las nuevas fórmulas de convivencia entre la antigua guerrilla, su inserción en la sociedad, y el cambio de mentalidad de la población que apoyó durante décadas la lucha armada.

Observadores han alertado acerca de que el fracaso de los acuerdos de paz podría estar dado por la falta de un equilibrio entre las partes –lo cual Uribe tratará de impedir-, por lo que podrían caer en saco roto. Si el gobierno de Santos no logra desarmar a los grupos ilegales es muy difícil que la guerra termine de una vez y es posible, también, que la población pierda credibilidad en los avances alcanzados.

LA PAZ SIGUE SU CURSO

Es probable que las conversaciones de paz pronto se extiendan a otro grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional, para cerrar un ciclo de enfrentamientos que han dejado  220 mil muertes, 660 mil viudas y huérfanos, 50 mil desaparecidos, 11 mil víctimas de minas antipersonales, casi seis millones de desplazados y miles de millones de dólares que bien pudieron utilizarse en el desarrollo de las grandes poblaciones empobrecidas de Colombia.

Aunque son las autoridades del gobierno de Santos, junto con los líderes guerrilleros, quienes deben instrumentar la política de paz de cara al futuro, es innegable que, según se aplique en cada región, dependerá el éxito de un proceso en el cual no deberían tener cabida las falsas interpretaciones del espíritu de los acuerdos suscriptos.

Los compromisos entre las partes abarcan una serie de temas sensibles como: el de la tierra, el narcotráfico, participación política en la vida nacional de los desmovilizados de las FARC-EP, justicia transicional (uno de los más peliagudos), e incluso el estado de las conversaciones preliminares con el ELN en Quito, Ecuador, según indican reportes de la prensa internacional.

Asimismo, otros asuntos de profunda repercusión política y social serán la garantía y protección de los antiguos guerrilleros, si se considera el alto grado de paramilitarismo existente en Colombia y los ajustes de cuenta previstos por estos grupos integrados por exmiembros de las Fuerzas Armadas del país y mercenarios de otras naciones colindantes.

Un ejemplo de cómo actúan esos equipos mafiosos es que, hasta el pasado día 3, en plena campaña electoral, fueron asesinados siete candidatos y otros 157 resultaron amenazados de muerte, en municipios calificados de claves para la minería y el narcotráfico. Asimismo, 73 periodistas sufrieron agresiones durante el actual proceso electoral, indicó la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia.

Aunque el gobierno adoptó medidas especiales, el presidente Santos exhortó  a la ciudadanía a buscar la transparencia en los comicios, ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitó investigar a más de un millón de colombianos por el presunto delito de trashumancia, afirmó  el diario El Espectador.

El CNE – mencionó El Espectador- también revalidó la inscripción de cédulas de 259 mil personas, quienes debido a fallas en ese procedimiento eran consideradas previamente como trashumantes o protagonistas del también llamado trasteo de votos.

“Consistente en la anotación del documento de identidad en un sitio distinto al del lugar de origen o en varios a la vez, esa modalidad de fraude electoral existe y la estamos combatiendo con decisiones”, aseguró el director del ente electoral Emiliano Rivera.

De acuerdo con autoridades del CNE, hay pruebas de que podría cometerse fraude electoral en al menos 15 departamentos y 12  superan el umbral del 50% de riesgo de violencia en sus municipios, lo que constituye otro factor que empañaría elecciones limpias y autoridades electas de valía y no figuras impuestas por el paramilitarismo y el narcotráfico, que pongan en peligro un futuro de paz.

Asimismo, se ha detectado un grave error debido a que en 69 municipios el censo electoral es superior al poblacional, es decir, que han inscripto a personas ya fallecidas o trasladadas de su lugar de residencia.

Autoridades municipales denunciaron últimamente la presencia de grupos armados ilegales (GAI) y del crimen organizado, conocidas como Bacrim, entre ellos, algunos de paramilitares.

Un nuevo capítulo puede abrirse con estos comicios para los colombianos, quienes ocupan el puesto 12 –de 168- en desigualdad en el ingreso, una mortalidad infantil de 17,46 por cada mil nacidos vivos –aunque en Chocó es de 41,92% y en la Amazonia 38,44%), según el diario El Tiempo, 16 de abril de 2015.