El gobierno venezolano decretó el cierre de su frontera con Colombia en el estado Táchira, tras la agresión este miércoles de paramilitares infiltrados por ese punto, que dejó como saldos tres soldados heridos, dos de ellos de gravedad, y el conductor del vehículo, mientras protegían esos puntos de las fechorías del contrabando, el narcotráfico y mercenarios que buscan crear un clima de terror en su país.
La canciller colombiana, María Ángela Holguín, anunció la víspera que, en principio, se reunirá con su par venezolana, Dalcy Rodríguez, el próximo día 14, para analizar los problemas existente en las zonas fronterizas, entre ellas el paramilitarismo y el narcotráfico, en lo que el presidente Nicolás Maduro consideró un gesto de buena voluntad del vecino gobierno.
El cierre de la frontera por parte del gobierno venezolano es una decisión soberana y puede hacerlo cada vez que lo vea conveniente, precisó la titular de Relaciones Exteriores colombiana desde Bogotá, quien reiteró a Caracas que “en esto vamos a trabajar conjuntamente”, es decir, para tratar de anular las infiltraciones de fuerzas irregulares y delincuentes comunes en ambas direcciones.
Desde el Puesto de Comando Presidencial en el Palacio de Miraflores, Maduro informó a la nación sobre la emboscada a traición del grupo paramilitar procedente de Colombia y de las medidas que adoptó su Ejecutivo para evitar que los delincuentes retornen a ese país, posición en la que también coincidió la ministra Holguín, quien anunció una serie de medidas que van hasta los registros de hospitales y posibles refugios de los delincuentes.
El presidente informó también sobre el despliegue especial de la Operación para la Liberación y Protección al Pueblo (OLP) en los municipios fronterizos con Colombia, a fin de capturar a los “asesinos que emboscaron a los jóvenes militares” a traición, en una táctica utilizada por esos grupos que desde el año 2004 violan las fronteras siguiendo órdenes de la derecha regional, cuya cabeza visible era y es el expresidente colombiano Álvaro Uribe.
Lo ocurrido en Táchira, situado en el suroeste venezolano, es una violación más de las zonas limítrofes de los dos países, por donde cada día circulan millares de personas en las dos direcciones, pero que elementos sin escrúpulos, pagados por la mafia colombiana, utilizan para tratar de desestabilizar al gobierno bolivariano y chavista con el asesinato de revolucionarios, contrabando de mercancías para agudizar la guerra económica, acciones de violencia e introducción de drogas, entre otros males.
Para Maduro, según dijo en su intervención, los más de cinco millones de colombianos residentes en Venezuela deben ser los primeros en colaborar con la defensa y la paz de la patria “que les da la paz y las oportunidades” entre ellas la educación gratuita de sus hijos, de la que carecen en su país de origen.
VIOLACION DE LAS FRONTERAS
Desde el año 2004 grupos de narco-paramilitares colombianos, presuntamente dirigidos por Uribe, según pudo comprobarse en denuncias periodísticas y oficiales, incursionan en Venezuela a través de las zonas fronterizas. Hay identificadas varias bandas, entre ellas los Urabeños, Paracos, Águilas Negras, Los Rastrojos, todos pagados por la élite derechista para tratar de desestabilizar la Revolución Bolivariana, incluso con el asesinato selectivo de sus líderes, como ocurrió el 1 de octubre del pasado año con el diputado Robert Serra, en su hogar, junto a su compañera.
El asesino de Serra, Leiver Padilla Mendoza, alias "El Colombia" fue detenido en Colombia, y extraditado a Venezuela, donde espera para ser juzgado.
La actividad de los paramilitares se facilita debida a la amplia extensión de frontera terrestre (cinco mil 161 km.) que comparte con Colombia, Brasil y Guyana. De esa cifra dos mil 219 con Colombia, desde la provincia de La Guajira y la Piedra del Cojuy, y colindan con los Estados venezolanos de Táchira, Zulia, Apure y Amazonas.
La penetración de los paramilitares en Venezuela se remonta 11 años atrás –según se van conociendo las noticias- cuando las autoridades apresaron a 153 de ellos en la finca Daktari, municipio de Baruta. El plan era claro: matar al entonces presidente Hugo Chávez y –según el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)de Colombia, Rafael García – fue organizado por líderes de la oposición venezolana y el en ese momento Mandatario Álvaro Uribe Véliz, conocido por sus vínculos con el narcotráfico desde que era gobernador de Antioquia.
Más de una vez Uribe recibió a los dirigentes contrarrevolucionarios, entre ellos Enrique Capriles, cabeza de la ahora dividida Mesa de la Unidad Democrática (MUD), uno de los bastiones de la oposición violenta contra Chávez y Maduro.
El periodista y escritor venezolano Luis Brito García citó en un análisis sobre la entrada del hampa en territorio de su país al noticiero digital eltiempo.com, que informaba sobre el lavado de capitales de narco-paramilitarismo mediante el contrabando de gasolina, arroz, electrodomésticos y vehículos, entre otras formulaciones tácticas.
Por su parte, el exgobernador del Estado Apure, el Capitán Aguilarte Gámez, en el año 2007, argumentó ante la Asamblea Nacional que la presencia de los delincuentes colombianos o de otras naciones pagados por ellos, se expandía entonces por Zulia, Táchira, Mérida, Barinas, Amazonas y Apure.
En el 2009, en Táchira fueron presos 10 paramilitares, acusados de la entrega de volantes a los comerciantes de esa localidad a los que ordenaban cerrar sus negocios o serían asesinados, afirmaba la prensa. En ese estado fue desbaratada la banda Los Paracos, a la que se le incautó una alta cantidad de equipos militares.
En el 2011, en ese lugar resultaron detenidos cuatro militares del grupo Los Rastrojos en posesión de armas de guerra, prendas militares – que usaban para confundir a la población y a las autoridades- drogas, vehículos y dinero, de acuerdo con la Radio Nacional de Venezuela. Entre los presos estaba Diego Pérez Henao, Alias Diego Rastrojo, buscado por 66 homicidios, cinco desapariciones forzadas, cinco desplazamientos forzados y cuatro secuestros extorsivos.
En el 2013 también cayeron en operaciones de las fuerzas venezolanas el líder paramilitar Giraldo de Jesús Escalante Villegas, de la banda criminal Los Urabeños, capturado en el estado Barinas y deportado a Colombia, como los restantes.
En Tucacas, Estado Falcón, fue preso Rigoberto Arias, Alias "Rigo", jefe del principal centro de microtráfico de estupefacientes en Bogotá, así como Juan Carlos Peña Silva, buscado por la Interpol por ser jefe de una banda mafiosa que opera en el norte de Santander y perjudica a localidades venezolanas limítrofes con Colombia.
También fueron aprehendidos en Aragua, otros dos paramilitares y en Barquisimeto, estado Lara, varios individuos de la misma catadura, en posesión de armas de guerra.
Esos son los casos conocidos de detención. Pueden ser mucho más, pues los desplazamientos no se detienen. Poco después del asesinato de Robert Serra, el periodista, político y exvicepresidente del primer gobierno de Chávez, José Vicente Rangel, denunció la movilización creciente de paramilitares en la frontera de Venezuela con Colombia, así como el aumento de contacto con unidades irregulares que ya operan en ciudades venezolanos de importancia.
En su programa dominical “José Vicente Hoy" del domingo 3 de mayo, Rangel tocó el tema otra vez y precisó que "se ha intensificado la movilización paramilitar en zonas de Caracas, en especial oeste y sur, con una clara orientación política y participación de dirigentes que no ocultan que la salida no es electoral sino en base al incremento de la desestabilización, hasta alcanzar un clima que desencadene un estallido de violencia. Todo ello en función de las guarimbas (acciones violentas) del año pasado".
La novedad -aseguró- consiste en un trabajo concertado con el hampa en ciertos sitios, como la Cota 905, La Vega, Antímano, Mamera, Macarao, Guarataro, Observatorio, La Silsa, La Pastoria, Sarría, El Valle y Coche.
Este año, los mercenarios asesinaron a cuatro pescadores de Bruzal, en el estado Apure, según alertó el diputado Braulio Álvarez el pasado 6 de febrero, quien también informó la presencia de colombianos y empresarios agrícolas con personal extranjero “y no tengo, añadió, la menor duda de que son sicarios”.
El actual cierre de la frontera para tratar de apresar a los seis mercenarios que emboscaron a los soldados de la Fuerza Armada Venezolana es el primer paso, según la voluntad de los gobiernos de Colombia y Venezuela, para poner fin a las irregularidades en los pasos fronterizos, por donde entran y salen los atacantes de la Revolución Bolivariana.
Términos y condiciones
Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social. Recomendamos brevedad en sus planteamientos.