Bolivia festeja y Chile rechaza decisión de Corte Internacional de Justicia

El gobierno de Bolivia calificó este jueves de “día inolvidable” ante la decisión tomada por 14 votos a favor y dos en contra en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya sobre la competencia de esa instancia para dirimir la demanda marítima presentada por La Paz contra Chile, que le usurpó 400 kilómetros de costa durante la guerra del Pacífico, en 1879.

Ronny Abraham, presidente de la CIJ, informó que 12 jueces habían fallado a favor de Bolivia, y dos en contra “en la demanda marítima presentada contra Chile el 24 de abril de 2013 –la cual fue varias veces objetada por Santiago, hasta considerar incompetente a la Corte en el 2014- lo cual queda sin lugar después del acuerdo adoptado en esta fecha.

En su explicación, Abraham reiteró que el dictamen tiene base en el artículo 31 del Pacto de Bogotá, y por tanto, la CIJ atenderá la solicitud boliviana sobre su derecho a una salida al mar por el actual territorio chileno.

Luego de conocerse el veredicto, el presidente de Bolivia, Evo Morales, convocó a su gobierno a emplear la vía del diálogo (al que ya se negó su homóloga Michelle Bachelet), para resolver en paz el diferendo que sostiene con Chile por una salida soberana al mar.

En conferencia de prensa desde el Palacio Quemado, sede del Ejecutivo, Morales precisó que “hoy es un día inolvidable para los bolivianos”, y destacó que "Somos un país de paz. Somos un Estado de diálogo" y convocó al gobierno de Chile a acompañar este proceso mediante el diálogo. La CIJ ya dio un camino a seguir, porque estábamos convencidos de su competencia".

El mandatario boliviano señaló que “tarde o temprano se haría justicia”, en relación a la solicitud que hizo su país de que “Chile negocie de buena fe” su reclamo marítimo.

Morales expresó su agradecimiento al pueblo boliviano, que ha acompañado las iniciativas legales sobre el tema. “Todos y todas, destacó, estamos unidos; esta firmeza plantea volver al océano Pacífico”.

Al mismo tiempo, saludó a las organizaciones sociales de Chile, a los intelectuales, profesionales y artistas que expresaron su apoyo al reclamo boliviano. Aún llegan cartas, notas, mensajes del pueblo chileno, porque esta injusticia, aseguró, no fue provocada por el pueblo chileno, sino por intereses transnacionales, comentó en referencia a la invasión de 1879.

Según Morales, el fallo de la CIJ da esperanzas a Bolivia y muestra la importancia del diálogo para resolver temas pendientes. En ese sentido, exhortó a la parte chilena a acudir  a las conversaciones, en lugar de acudir a organismos internacionales.

EL GOBIERNO CHILENO DICE ¡NO!

Pero en Santiago de Chile la reacción fue diametralmente opuesta a los criterios del mandatario boliviano, que intenta, una vez más, buscar la reconciliación con la nación vecina.

En un día de ajetreo en el Palacio de La Moneda, y luego de conocerse el fallo en La Haya, la presidenta Michelle Bachelet señaló que este "no afecta en nada nuestra integridad territorial; en ese sentido, Bolivia no ha ganado nada".

Bachelet precisó que “lo único que determinó la Corte es que tiene la competencia para ver el fondo del asunto, pero "sin que exista ninguna evaluación respecto a lo que pide Bolivia".

Chile, dijo, no mantiene temas pendientes con Bolivia y planteó que durante el juicio "dejaremos en evidencia tanto las ambigüedades y contradicciones como la falta de fundamento de la demanda boliviana"

La mandataria destacó el trabajo del equipo jurídico y aclaró que la decisión del tribunal deja a Chile en la misma posición que se encontraba antes de presentar la objeción y aseguró que "hicimos lo correcto al interponer la objeción preliminar".

Otro que mostró su inconformidad con la decisión de la CIJ fue el canciller chileno Heraldo Muñoz.

En declaraciones a la prensa, Muñoz afirmó que "No tuvimos temor y supimos sortear hasta ahora un terremoto 8.4, por qué, se preguntó, vamos a tener temor frente a cualquier circunstancia en que Chile defiende su territorio".

El Ministro, quien estaba en La Moneda en espera del dictamen en La Haya, señaló que "en cualquier escenario Chile va a defender su soberanía territorial, eso no está en juego y Chile sabrá defender ahora o más adelante la integridad y la soberanía".

Ante cualquier decisión que tome la Corte, Muñoz planteó que "Chile saca ventaja, porque primero detuvimos un proceso en marcha, en segundo lugar con nuestros alegatos orales demostramos la incoherencia de los planteamientos bolivianos".

POSIBLES ESCENARIOS TRAS EL FALLO

Desde el punto de vista legal, tras el fallo pueden darse varios escenarios, entre ellos que el gobierno de Michelle Bachelet pida una interpretación y explique sus desacuerdo en torno al sentido o alcance del fallo; también podría solicitar una revisión sólo si descubre algún elemento antes desconocido por la Corte y que podría culminar en un cambio en esta decisión inicial.

Si se diera un incumplimiento del veredicto, La Haya podría tomar medidas de carácter coercitivo contempladas en el Pacto de Bogotá y en reglamento de la CIJ, los cuales han sido aceptados por todos los Estados que acuden a esa instancia.

En el largo camino hacia la decisión final de la CIJ también cabe darle curso a la demanda boliviana para determinar si Chile está obligado a negociar la salida al mar, con previa notificación a esa nación andina para la presentación de una llamada contramemoria en respuesta a los demandantes.

Luego Bolivia tendría que mostrar una réplica a tales argumentos y cuando concluya esta parte del proceso se abriría una ronda de alegatos. Al final de ellos, la CIJ emitiría un fallo que podría demorar hasta tres años.

A raíz de la Guerra del Pacífico -que enfrentó a Chile con Bolivia y Perú- los bolivianos perdieron 400 kilómetros de playa sobre el Pacífico y miles de kilómetros de territorios ricos en minerales, que los reiterados gobiernos de Santiago se niegan a restituirle.

Sin embargo, en 1975 hubo un asomo de entendimiento cuando los dictadores Augusto Pinochet y Hugo Bánzer suscribieron el Acuerdo de Charaña o Abrazo de Charaña, en una estación boliviana homónima, dos años después del golpe militar que derrocó al presidente constitucional Salvador Allende en Chile, dirigido por el sanguinario general.

Tal acuerdo abrió el camino para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales, suspendidas en 1962, y el diseño de una propuesta que diera solución a la meditarreneidad de Bolivia, originada por la guerra y la firma posterior del Tratado de Paz y Amistad de 1904.

La dictadura pinochetista, en aras de arreglar el asunto entre generales, a cambio de un canje territorial, entregaría a Bolivia una franja a lo largo de su frontera septentrional con Perú, entre la frontera con Bolivia y el Océano pacífico, lo cual fue objetado por el gobierno de Lima.

Ante la negativa, los convenios firmados por Pinochet y Banzer se disolvieron y la situación volvió a punto cero, con nuevo rompimiento de vínculos en 1978 y sin que se implementaran alguna de las medidas originales.

Analistas interpretan que lo que Bolivia pretende actualmente es que la CIJ reconozca que su país posee derechos expectaticios –dados por ejemplo por el acuerdo Pinochet-Banzer- que le permiten negociar una salida soberana al Océano Pacífico, mientras que Chile, basándose en aquel acuerdo de 1975, debía materializarlo en forma de responsabilidad contraactual.

Diplomáticos explicaron que esos derechos expectaticios se relacionarían con la costumbre internacional de generar obligaciones generados en el comportamiento de los Estados, basados en promesas, ofrecimientos y declaraciones unilaterales de Presidentes y Cancilleres.

Lo que pretende el gobierno de Evo Morales es asegurar la continuidad de las interrumpidas negociaciones, hasta que Chile haga efectivo ofrecimientos hechos anteriormente, sin que fueran llevados a la práctica.

Al reconocer la postura boliviana, la Corte no estaría aceptando la revisión de un acuerdo celebrado antes de 1948, por tanto, sí sería competente. La demanda de La Paz se refiere a los ofrecimientos oficiales y formales hechos después de los años 1950 por presidentes, en especial por el compartido por Pinochet y Bánzer.