Desde el pasado día 20 de noviembre y hasta el próximo día 30 se desarrolla la Segunda Jornada Nacional de Ciberseguridad. Bajo el lema “La clave para un uso responsable de las TIC”, busca promover una cultura de percepción de riesgo y responsabilidad en el uso del ciberespacio,
Y es que, como reconociera en la edición anterior el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, “en el actual escenario de guerra no convencional, la defensa del ciberespacio constituye una prioridad para el Estado y el Gobierno cubano desde todos los ámbitos de la sociedad”.
Se trata evidentemente de un asunto estratégico para el país por su estrecho vínculo con la seguridad y la defensa del proceso político, económico y social iniciado en enero de 1959. Por ello estas fechas se dirigen hacia la concientización en pos de fomentar la responsabilidad compartida entre todos los actores sociales, y la promoción de la ciencia y la innovación en interés de la soberanía en independencia tecnológica.
Todo eso, en un contexto marcado, además, por la celebración en septiembre de este año de la V Convención Científica Internacional Uciencia, en la que las temáticas más debatidas estuvieron relacionadas con el reconocimiento de patrones, la gestión de la innovación, la educación superior para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el manejo de la ciberseguridad, la ingeniería y calidad del software, entre otros.
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Un asunto que mucha más relevancia si tenemos en cuenta que, de acuerdo con la información publicada por el diario Granma, al cierre de 2023, se contará con más de 1 millón 100 mil computadoras conectadas a la red; más de 8,4 millones de usuarios conectados a Internet, de ellos más de 6,8 millones a través de celulares; más de 282 000 hogares conectados por vía alámbrica, más de 50 000 enlaces dedicados en organismos y empresas; un incremento en el consumo de datos y de los trámites en línea, y en el uso de pagos electrónicos mediante las pasarelas Transfermóvil y EnZona.
En ese entorno, las redes cubanas reciben diariamente el impacto de miles de programas malignos y ataques de denegación de servicios, conocidos como DoS/DDoS, que generan una enorme cantidad de solicitudes de acceso a un servidor para que colapsen sus posibilidades de procesamiento. Desde hace varios años este tipo de ataques han afectado a sitios gubernamentales y de medios de prensa. Algunos, con el propósito de tomar el control de las bases de datos de estos, para obtener información de valor.
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Asimismo, se sabe también de operaciones mediáticas coordinadas dentro y fuera del territorio nacional para ejercer influencia política sobre la población a través de acciones de desinformación y de las malas prácticas en el uso de las tecnologías que exponen a las personas a estafas y robos de identidad.
En medio de tal realidad, encaminada en el ámbito nacional hacia la transformación digital, se antoja imprescindible la necesidad de ponderar la perspectiva humana y el impacto social de los procesos tecnológicos.
Ante un entorno gobernado por las grandes transnacionales de la información, asociados, por añadidura, a la élite de poder occidental, se ha de trabajar con urgencia para revertir paradigmas colonizadores.
Buscar alternativas para lograr cada vez más autonomía digital será siempre un buen camino, mientras se acompañe de una transformación cultural que permita, entre otras cosas, garantizar nuestra soberanía y seguridad en el ciberespacio.
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