Las libras exactas para el consumidor

Me cuenta que casi se queda callado, que le faltaba apenas un metro para franquear la puerta del mercado, cuando se arrepintió. “No, no podía ser que me fuera con la duda, y me quedara todo el día con esa sensación de impotencia”, dice.

Unos minutos antes había comprado arroz en uno de los mostradores del establecimiento. El vendedor era del tipo confianzudo, de los que te dicen: “Mi socio, echa pa’ca la jaba”, y ponen cara de buenazos.  Como quien tiene una maestría en calcular cantidades a “ojo de buen cubero” despachó el cereal casi sin mirar la pesa y extendió la compra.

“Me pareció muy poco, y le pregunté si estaba seguro de las libras. ‘Claro que sí’, me contestó sin dudarlo. Por poco me voy con el bichito de la incertidumbre”, relata.

En ese momento, recordó que en una esquina, casi escondida entre cajas vacías y montacargas, estaba la pesa de comprobación, y para allá fue. “Primero no había nadie que la utilizara, después llamaron al administrador, que confirmó mi sospecha: faltaba al menos media libra.

“Lo más triste del caso  es que el dependiente me estuvo vigilando desde su puesto durante todo ese tiempo, y antes de que retirara mi jabita de la pesa, ya venía con el arroz faltante en una paleta.  ‘Mira, socio, aquí tienes’.

“Y me fui a casa, con cierta sensación de victoria, pero con la incógnita de qué habría pasado luego entre él y el administrador, ¿un regaño, una medida, nada?”.

La anécdota de mi amigo, sucedida hace unas pocas tardes en un céntrico mercado de la capital cubana, me vino a la mente mientras leía los comentarios del foro “Protección al consumidor: ¿Qué hacemos?”, convocado por Cubahora.

Encontré los puntos de contacto en dos líneas de opinión:  los mayores aliados de los servidores públicos que incumplen con su deber son los ciudadanos que no se quejan; y no basta solo con la denuncia, deben existir jefes lo suficientemente conscientes de su responsabilidad como para hacer cumplir al pie de la letra lo establecido.

La protección al consumidor no es un eslogan ni un invento cubano. Internacionalmente se conceptualiza como el conjunto de normas emanadas de los poderes públicos, destinadas a la protección del consumidor o usuario en el mercado de bienes y servicios, y que le otorga y regula ciertos derechos y obligaciones.

Ha sido ampliamente estudiada y en Cuba varias investigaciones  la han contextualizado atendiendo al carácter socialista  de la nación, el predominio mayoritario de un tipo de propiedad, los efectos del Periodo Especial, la canasta básica…

El tema se mantiene en los primeros puestos de la agenda pública y se relaciona con tópicos sociales diversos que los foristas mencionaron: las fallas humanas, el respeto, la corrupción, la responsabilidad, los valores, la impunidad y la apatía, la calidad de los servicios, la educación formal, la gestión de venta, la reventa…

Un usuario que se identificó como “coco”, afirmó que la protección al consumidor supone un deber y también un derecho, y reflexionó sobre el carácter cíclico del maltrato: “La persona que brinda un servicio para que otro consuma o se sirva de él, también en algún momento lo recibe y se convierte en consumidor”

Otro lector, Guadarramas, enrumbó sus opiniones sobre  el compromiso civil  ante lo mal hecho, porque no puede ser que, como expresaron otros usuarios, no se reclame por temor a caer mal:

“El problema debe ser de todos los ciudadanos, llamarnos a conciencia cada uno, ser un inspector más, exigir más, regatear por los precios; exigir por que se me dé el peso exacto …no es ser miserable, como en ocasiones  expresan algunos... Es una polémica dura, fuerte, pero tenemos que llevarla a cabo todos. La miseria humana comienza cuando uno deja de exigirle al timador el respeto por sus derechos”.

Si en algo coincidieron buena parte de quienes opinaron fue en la necesidad de cumplir lo legislado. La existencia de una Ley de Protección al Consumidor pudiese ser determinante, pero ya hay instrumentos legales, como el Código Penal, que sancionan las conductas que atentan contra el normal desenvolvimiento de los servicios públicos.

Asimismo, la Constitución de la República de Cuba es explícita en su Artículo 63, cuando dicta que “Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley”.

En este, como en otros muchos temas de la vida nacional, son determinantes el control y la organización del emisor, por un lado, y la actitud proactiva del receptor, por el otro.

Desterrar el paternalismo;  no aplicar la bondad meliflua en la dirección, sino la justeza, que es mucho más difícil; ser intransigentes ante las vulnerabilidades que menoscaban nuestros derechos constituyen buenos primeros pasos.