Barrios laberinto

Una hora después tuvimos la certeza de que habíamos pasado varias veces por esa esquina. Y caímos entonces en el estereotipo de los extraños en la ciudad de Camagüey, una ciudad antigua, llena de iglesias y con un trazado de las calles que evoca un laberinto urbano.

El centro histórico de la urbe, ubicada en la zona central de Cuba, es el más grande del país y una parte de él declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 2008. En él las estrechas calles suben, bajan, se cortan y confunden hasta confluir seis o siete en una plaza, desorientando, a veces, hasta a los propios moradores.

Se dice que el caprichoso trazado urbano fue concebido a propósito para confundir a piratas y corsarios que más de una vez saquearon la comarca. Sin embargo, otros autores señalan que esta realidad se debe a la inexistencia de ordenanzas urbanísticas durante los siglos del XVI al XVIII, el aislamiento geográfico que le permitió cierta espontaneidad en su trazado y el vertiginoso auge comercial que creó las condiciones para edificar numerosas iglesias, tomadas más tarde como referentes para el crecimiento de la ciudad.

La urbe camagüeyana y sus caprichos urbanos, con sus más de 500 años de sobrevivencia al tiempo, es también un recordatorio perenne de la singularidad con la que han crecido las ciudades cubanas. Las influencias española y francesa, primero, y soviética luego, han signado las tendencias de ordenamiento territorial y urbanístico de los asentamientos de la Isla, aunque generalmente ha predominado la espontaneidad y la improvisación.

BARRIOS DE “LLEGA Y PON”

En la actualidad no es raro encontrar en las ciudades cubanas los llamados barrios de “llega y pon”, que se mueven entre las presiones demográficas y las intermitencias con las que se aplican los planes de ordenamiento territorial. Habría que preguntarse si estos repartos, crecidos sin el acceso adecuado a los servicios básicos, 500 años después sugerirán a nuestros descendientes el misterio laberíntico de la hoy vetusta Camagüey, o por el contrario ellos tendrán que afrontar vulnerabilidades de la infraestructura asociadas a este crecimiento desordenado.

Desde hace más de 50 años la entidad encargada de velar porque estos ejemplos no se multipliquen es el Instituto de Planificación Física, el cual, desde mayo de 2012 tiene el papel rector en el enfrentamiento a las ilegalidades en materia del ordenamiento territorial, el urbanismo y demás actividades en el ámbito de su competencia.

Hasta la fecha se han puesto en práctica varias medidas que van desde elevar los mecanismos de inspección y control, hasta perfeccionar la elaboración de los planes de ordenamiento, asesoría a la actividad inversionista y apoyo a la población. Solo en 2017 se lograron eliminar 48 809 infracciones de personas jurídicas y naturales; sin embargo, la velocidad de respuesta todavía no ha permitido eliminar las ilegalidades acumuladas ni detener la tendencia al constante incremento de las mismas.

La más reciente reunión del Consejo de Ministros puntualizó que este fenómeno tiene que ver con la asignación de recursos que se han entregado en la medida de las posibilidades de la economía nacional, pero también con otros factores como la inestabilidad e insuficiente capacitación de la fuerza laboral y la falta de acciones para acercar la información oportuna a las entidades y personas naturales.

Al abordar esta problemática en una de sus sesiones de julio de 2017, la Asamblea Nacional del Poder Popular señalaba entre las ilegalidades más comunes el incumplimiento de las regulaciones urbanísticas y de proyectos; la construcción, ampliación y reposición de viviendas sin la documentación establecida; la ocupación ilegal del suelo y el ejercicio del trabajo por cuenta propia fuera de las áreas autorizadas.

Los impactos del incumplimiento de las regulaciones urbanísticas van más allá de edificar un entorno feo. Las incoherencias e irregularidades desembocan en una sobreexplotación de la infraestructura de servicios básicos como acueducto, alcantarillado, electricidad e, incluso, salud y educación, así como el acceso a fuentes de empleo o comercios. En no pocas ocasiones las zonas de crecimiento coinciden con lugares vulnerables a inundaciones o previstos en los planes de desarrollo económico territorial.

Y no se trata de impedir la construcción de viviendas, sino de establecer los mecanismos (alejados de la burocracia y los voluntarismos) para que los nuevos barrios establezcan un vínculo natural y satisfactorio con la ciudad.

LAS PLAYAS TAMBIÉN

Cuando el hotel Varadero Internacional, en la playa más conocida de Cuba, comenzó a ser demolido, el mensaje fue alto y claro. La instalación turística, una de las emblemáticas de la industria del ocio en Cuba, estaba ubicada en la duna costera y su presencia allí representaba un peligro para el ecosistema y su propia estructura, vulnerable al retroceso de la línea de costa por el aumento del nivel medio del mar y el impacto de los eventos hidrometeorológicos.

De acuerdo con reportes de prensa, a finales de 2018 el nuevo Varadero Internacional contará con 500 habitaciones con las áreas comunes: bufet, restaurantes y tiendas. El proyecto, valorado en más de 150 millones de dólares, ahora está en una zona segura y su imbricación con el paisaje y el ecosistema es tal que se convertirá en la única instalación de este territorio que contará con una Certificación Ambiental BREEAM, una normativa de construcción sostenible líder a nivel mundial.

Por sus implicaciones económicas, el ejemplo del Varadero Internacional ha sido uno de los más significativos para evidenciar la determinación del gobierno cubano por eliminar las construcciones sobre las zonas de protección de sus costas. En el país han sido miles las instalaciones estatales y privadas que han tenido que pasar por un proceso similar, el cual todavía no ha concluido.

La iniciativa era inevitable. En Cuba existen más de 400 playas y en el 82 por ciento de ellas una investigación del Instituto de Oceanología ha determinado indicios de erosión y un ritmo de retroceso de la línea de costa de 1.2 metros como promedio anual.

El Instituto de Planificación Física, por su parte, ha realizado un levantamiento de ilegalidades constructivas en zonas costeras de playas que arrojó un total de 14 103, de ellas: 1 746 de personas jurídicas y 12 357 de personas naturales.

Más allá de perder esta riqueza natural y uno de los principales atractivos para el sector más dinámico de la economía nacional, el reordenamiento de las zonas costeras implica proteger a alrededor de millón y medio de personas que viven en los asentamientos de este tipo en el país (13,6 por ciento de la población total). Según el Censo de Población y Viviendas de 2012, en Cuba existen 7 015 asentamientos, de los cuales el 3,6 por ciento presenta algún nivel de vulnerabilidad ante el cambio climático.

Sin embargo, las acciones cometidas pudieran quedar grabadas en la arena y sucumbir ante el primer llenado de la marea si no se hacen desde un abordaje integral. La reforestación de las zonas intervenidas, la prohibición de la extracción de arena y de parqueo sobre la duna y la exigencia en el control y la vigilancia para que no se introduzcan especies exóticas invasoras o vuelvan a repetirse las ilegalidades, constituyen elementos, no precisamente colaterales, que confluyen en este fenómeno, el cual también está mediado por las carencias de recursos financieros y materiales para dar respuestas más oportunas y sostenibles.

NO ES UN CUENTO DE BURÓCRATAS

El ordenamiento territorial y urbano no es una invención de burócratas inspirados para complicar nuestra cotidianidad (aunque cuando se acomete de forma irresponsable puede convertirse en eso), sino una necesidad del país para convertir en hechos tangibles y posibles sus sueños de desarrollo. La economía lo agradece, las ciudades y las playas también, y nuestros descendientes lo harán.