La historia constitucional cubana sintetiza las luchas del pueblo cubano por su independencia y soberanía, el pensamiento creador de sus mujeres y hombres en pos de la construcción de un país mejor, los genuinos valores de una nación que aspira a perfeccionarse cada día.

Se dice Patria, y ya se ha dicho todo lo que nos corresponde hacer cuando, a casi 150 años de promulgada la primera Ley de leyes en Cuba, se nos reta a atemperarla a los tiempos presentes, que no es más que madurar en la construcción de nuestro modelo de sociedad socialista, soberana, independiente, democrática, próspera y sostenible.

Una responsabilidad que involucra a todos es la reforma constitucional en Cuba, la cual deberá reflejar las transformaciones económicas, políticas y sociales de los últimos años. Pero ello no puede hacerse desligado de la historia de los textos precedentes, ni de las lecciones que el devenir de la nación nos ha legado.

«Los destinos de los pueblos pueden explicarse también a través de sus constituciones», dijo con certeza el abogado y secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta Álvarez, en la Conferencia inaugural del IX Encuentro Nacional de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo; sabias palabras que encierran el compromiso de defender lo logrado y transformar lo que sea necesario, como nos enseñó el líder de la Revolución.

De lo que hoy se escriba en esas letras sagradas, de su respeto absoluto, dependerá la defensa de nuestros derechos y principios fundamentales, esos que hablan de Cuba en términos de igualdad y justicia, esos que la han convertido en un referente de humanidad.

LÍNEA DEL TIEMPO

Constitución de Guáimaro (1869)

El primer texto constitucional puesto en vigor en territorio cubano fue la Constitución de Guáimaro, redactada en la Asamblea que tuvo lugar en abril de 1869 en esa localidad de Camagüey, con el propósito de lograr la organización y unidad del movimiento revolucionario iniciado por Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868, y formar un gobierno nacional que rigiera por igual en toda la República.

Con este hecho singular para la historia de la Patria, nace la primera República de Cuba en Armas, y se redacta la primera Ley de leyes, la cual consta de un preámbulo y 29 artículos. El texto constitucional proclamó la libertad e igualdad de todos los hombres, al abolir la esclavitud en Cuba, fijó los órganos de gobierno y reconoció la importancia de la lucha libertaria como vía necesaria para lograr la independencia.

Aunque su aplicación, como reconocen los investigadores, se complejizó en el escenario de la guerra por la intervención de lo civil en lo militar, entre otros elementos como el regionalismo, la falta de unidad e indisciplinas que frustraron la primera contienda por la libertad de Cuba, marcó un referente indispensable para el futuro.

Constitución de Baraguá (1878)

Después de los sucesos del Zanjón y la Protesta de Baraguá, fruto del ideario del Titán de Bronce y las ansias de continuar la lucha hasta  alcanzar la definitiva libertad de Cuba, fue aprobada la más pequeña de las constituciones mambisas, que consta solo de cinco artículos.

La segunda Ley Fundamental cubana determinó un Gobierno Provisional para regir la Revolución, que estaría compuesto por cuatro individuos. En este órgano se reunieron las funciones legislativas y ejecutivas, con lo cual se dejó a un lado la concepción de tres poderes asumidos por la Constitución de Guáimaro.

Constitución de Jimaguayú (1895)

La lucha fue retomada en febrero de 1895, bajo la unidad del Partido Revolucionario Cubano, creado por Martí. No obstante, la muerte del Apóstol acentuó diferencias políticas que hicieron irreversible la decisión de adoptar un nuevo cuerpo jurídico.

Es por ello que se aprobó la Constitución de Jimaguayú, el 16 de septiembre de 1895, la cual consta de 24 artículos, y supera las contradicciones entre el mando civil y militar, tras la experiencia de la Guerra de los Diez Años. De ahí que se estableciera un Consejo de Gobierno con prerrogativas administrativas y legislativas, al tiempo que otorgaban plena autonomía al mando militar. En ese sentido, la Constitución de Jimaguayú marcó un hito en la historia constitucional cubana.

En el artículo 24 se especificó que, «si en dos años la guerra contra la metrópolis española no estaba ganada, debía convocarse a otra Asamblea Constituyente».

Constitución de la Yaya (1897)

Lo establecido en Jimaguayú se cumplió el 10 de octubre de 1897, en el potrero de La Yaya, con la participación de 24 delegados en representación de los seis cuerpos del Ejército insurrecto.

Cinco títulos conformaron la nueva Ley de leyes, que estableció los requisitos para ser considerado ciudadano cubano, así como el deber cívico de servir a la Patria, toda vez que se implanta el servicio militar como deber obligatorio de los ciudadanos.

Por otra parte, fueron delineados los requisitos para ocupar la presidencia de la República y regulados los derechos civiles individuales, entre ellos el habeas corpus, libertad postal, libertad religiosa, igualdad ante el impuesto, libertad de enseñanza, derecho de petición, inviolabilidad del domicilio, sufragio universal, libertad de opinión y derecho de reunión y de asociación.

No obstante, según recoge la historia, La Yaya constituyó un retroceso con respecto a su antecesora, pues renacieron las «contradicciones entre el mando militar y el civil».

Constitución de 1901

Frustrada la victoria de los mambises sobre el colonialismo español, con la invasión militar de Estados Unidos en la Guerra de Independencia, tuvieron lugar en 1901 los debates de los delegados a la Asamblea Constituyente, quienes debían redactar y adoptar una Constitución para el país en el nuevo contexto.

Las voces de mambises como Juan Gualberto Gómez, Manuel Sanguily y Bartolomé Masó, entre otros, resonaron en contra del apéndice conocido como Enmienda Platt –con el cual nació la nueva Constitución– y que respondía a los intereses de los círculos de poder del vecino del Norte, al poner a Cuba a su total disposición, para que este entrara e interviniera cada vez que lo considerase necesario.

Años más tarde, Gerardo Machado promovió una reforma de la Constitución de 1901 con el objetivo de extender su mandato, que se aprobó en 1928; y en 1934, bajo la orden del presidente Mendieta, tuvieron lugar rápidas reformas, pero ninguna llegó a tener una trascendencia esencial.

Constitución del 40

La más avanzada de las constituciones de América en aquel momento, fue firmada en Guáimaro, el 10 de octubre de 1940. Con un espíritu progresista, la Constitución, al decir del abogado, intelectual y político Armando Hart Dávalos, expresa «el pensamiento político cubano de la década del 40 logrado por consenso público y formalizado por la Asamblea Constituyente, en la que estuvieron presentes tanto figuras de la derecha como una destacada representación de los comunistas y de las fuerzas revolucionarias provenientes de la lucha contra Machado».

Entre otros aportes, reconoció el derecho de los obreros a la huelga, declaró el trabajo como un derecho inalienable del hombre, proscribió la discriminación por motivo de sexo o color de la piel, estableció la protección especial a la familia y a la igualdad de la mujer, se pronunció por la educación general y gratuita, y por la salud pública al alcance de todos.

Movilizaciones de obreros convocados por la organización de los trabajadores, liderada por Lázaro Peña, en torno al Capitolio, fueron desarrolladas durante su proceso de aprobación. No obstante, significó una Constitución frustrada, pues «sus medidas más progresistas nunca se cumplieron porque los gobiernos corrompidos y entreguistas lo impedían».

Constitución de 1976

Con el triunfo de la Revolución Cubana, se hizo necesaria una nueva Ley de Leyes. Un grupo de juristas, designado por las organizaciones políticas y de masas, redactó un proyecto de Carta Magna, que fue sometido a discusión, en la que participaron más de 6 millones de personas.

Luego el documento fue considerado en el Primer Congreso del Partido, y como resultado de las propuestas se modificaron el preámbulo y 60 de los 141 artículos del documento. «El 15 de febrero de 1976 hombres y mujeres del pueblo, mayores de 16 años, acudieron a las urnas para ejercer su voto libre y secreto. El 96 % de la población en edad electoral aprobó la Constitución», explica el periodista Pedro García. El 24 de febrero de 1976 fue proclamada esta Constitución en acto solemne y público.

Más adelante, con la constitución de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el 2 de diciembre de 1976, la elección del Consejo de Estado, su presidente y vicepresidentes, y la designación del Consejo de Ministros, se fortaleció la institucionalidad de la Revolución.

Reforma de 1978

El 28 de junio de 1978, la Asamblea Nacional del Poder Popular, en uso de sus facultades constitucionales, acordó reformar el artículo 10, inciso a) de la Constitución, a los efectos de que en lo sucesivo la Isla de Pinos pasara a llamarse Isla de la Juventud.

Reforma de 1992

En el año 2002, los discursos hegemonistas y provocadores del entonces presidente estadounidense George W. Bush motivaron multitudinarias marchas populares a lo largo y ancho del país, a la vez que empezó una nueva reforma constitucional.

En el proceso plebiscitario popular sin precedentes, más de ocho millones de cubanos estamparon su firma, para ratificar el contenido socialista de esta Constitución, e interesaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular de la necesidad de reformarla, para dejar expresamente consignado el carácter irrevocable del socialismo y del sistema político y social revolucionario por ella diseñado, así como que las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con otro Estado no pueden ser negociadas bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera.

El 26 de junio de ese mismo año, la Asamblea Nacional adoptó por unanimidad el acuerdo que aprobó la Ley de Reforma Constitucional.

Inicio del proceso de reforma de la Constitución vigente

En la clausura de la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, del pasado 2 de junio, fue anunciada la creación de una comisión de diputados que se encargaría de la redacción y presentación al Parlamento del proyecto de una nueva Constitución de la República.

Por esa razón, el Consejo de Estado acordó proponer a la Asamblea el inicio del proceso de Reforma Constitucional, y aprobó dicha Comisión, que está presidida por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, y la integra una representación de los más diversos sectores de la sociedad.

Al decir de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, esta estructura tiene como misión fundamental «redactar un anteproyecto de Constitución de la República que, en consonancia con los principios de nuestra democracia socialista, sea sometido a la más amplia consulta popular, deviniendo nuestro pueblo en órgano constituyente y, luego del análisis de los resultados por esta Asamblea, en ejercicio de sus facultades, someter la Constitución a un referendo en el que la nación se pronuncie al respecto».

Además, añadió que «los enunciados de la nueva Constitución tendrán en cuenta los principios humanistas y de justicia social que configuran nuestro sistema político», a la vez que considera «como pilares inconmovibles, la irrevocabilidad del sistema socialista que soberanamente adoptó nuestro pueblo».