¿Adónde van los impuestos?

Si para otros la pregunta pudiera parecer ingenua, para los cubanos es fundamental. No fue hasta el año 1994 que se establece un marco legal (la Ley 73/94) que pone orden en este tema ante los cambios estructurales que se venían desarrollando en el país por la crisis de los años 90. O sea, hace poco más de dos décadas que comenzó a rescatarse la cultura tributaria de la población y tuvo una fuerte vinculación, al menos en el imaginario público, con el trabajo por cuenta propia.

Cuando se emprende la actualización del modelo de desarrollo nacional se imponen cambios en el sistema tributario, y la respuesta fue la Ley 113 de 2012, que estableció 19 impuestos, tres contribuciones e igual número de tasas. En esta oportunidad se extendió a toda la ciudadanía la responsabilidad tributaria.

Sin embargo, fue un instrumento que tuvo una aplicación atípica, porque muchas de sus disposiciones fueron postergadas hasta que las condiciones económicas del país lo permitieran.

Afín con ese espíritu, a partir del 1^o de octubre los trabajadores del sector empresarial comenzaron a pagar un impuesto sobre los ingresos personales y una contribución especial a la seguridad social.

La iniciativa, aprobada en la Ley del Presupuesto del Estado para 2016 tuvo en cuenta las mejoras salariales derivadas de la aplicación de la Resolución 6, que ha permitido elevar el ingreso medio en el país. Al mismo tiempo se han adoptado medidas para incrementar la capacidad de compra del peso cubano en sectores tan vitales como la alimentación, el transporte y los materiales de construcción.

En ese contexto se incluyen además fenómenos demográficos como el envejecimiento poblacional, que incrementa los gastos del Estado en asistencia social, y la propia reestructuración socioeconómica que se aprecia en la isla, que de no establecer fondos para la atención a las personas más vulnerables crearía desigualdades sociales ajenas a la vocación socialista del proyecto de país.

En un panorama económico mundial adverso, agravado por la falta de liquidez y la caída en las importaciones de portadores energéticos, el Estado cubano busca mantener los logros sociales alcanzados durante estos años. En 2016 el 70 % del presupuesto está destinado a la salud, educación, asistencia social, seguridad social, cultura, deporte y administración pública y defensa.

Al mismo tiempo, con el propósito de estimular la producción de sectores claves de la economía, los agricultores son beneficiados con exoneraciones de pagos de impuestos y apoyos financieros, que incluyen los gastos de los intereses de los créditos que requieren para sus producciones, primas de seguro para producciones y programas seleccionados.

Gran parte del financiamiento a esos programas presupuestados proviene de los ingresos tributarios, en los cuales las formas de gestión no estatal representan el 8 % y los ingresos personales el 2,77 %. En ambos casos ha habido un crecimiento paulatino en los últimos años, pero aún su impacto no es tan fuerte.

El tema presupuestario cae inevitablemente en sus dos mayores problemas: la evasión de impuestos y la subdeclaración. Especialistas calculan que en el país se subdeclara alrededor de un 18 % de los ingresos personales, y ello ha sido evidente en procesos como la reorganización de la comercialización de productos agropecuarios y el servicio de transporte.

Pudiera hablarse de varias causas. Por un lado es necesario continuar perfeccionando la metodología para calcular las tasas a pagar por parte de las instituciones responsables y, por otro, elevar las competencias profesionales de sus trabajadores para hacer cumplir lo legislado. En ello influye tanto la ausencia de un mercado mayorista y un marco regulatorio más profundo para el cálculo de los gastos y utilidades de los trabajadores no estatales como lo males propios de la burocracia. Se corre el peligro de que el trabajo por cuenta propia se mueva siempre en la cercanía a la ilegalidad o se circunscriba a ser un proyecto de beneficio individual y no aporte al desarrollo de la comunidad.

Entiéndase también que la cultura tributaria de la población no significa únicamente pagar en tiempo y forma, sino ejercer esta obligación de manera consciente.

¿Cómo se ejecuta el presupuesto a nivel local? ¿Qué calidad tienen las obras que son emprendidas a su amparo? ¿Quién rinde cuentas por su ejecución? ¿Cómo pueden participar los ciudadanos en su conformación? Son preguntas que muchas veces no encuentran una respuesta oportuna en espacios de participación ciudadana como las reuniones del rendición de cuenta del delegado a sus electores.

La población choca a diario con problemas en la recogida de desechos sólidos, vialidad, urbanismo, servicios de salud y educación, trámites burocráticos, a los que precisamente va destinado el presupuesto estatal. La mala calidad de estos servicios influye negativamente en la percepción que tienen los ciudadanos sobre el destino de sus impuestos.

Si en otros modelos las contribuciones de las personas sirven para financiar guerras e incluso promover el cambio de régimen en países vecinos, en Cuba estas se dedican a mantener las prestaciones sociales y asegurar la igualdad de oportunidades para todos. Que tenga buenas intenciones no asegura la buena salud de nuestro sistema tributario, cuyo perfeccionamiento pasa necesariamente por una mayor transparencia y cultura tributaria en la población.