Zigzagueo

Bajo críticas, ataques en el Congreso Nacional, los medios en contra —acusándolo de apoyar a antiguos terroristas—, muertos o presos, el gobierno del presidente peruano Pedro Castillo no puede desplegar sus potencialidades, mientras trata de campear el temporal político en el país.

Aún sin completar dos meses de asunción, Castillo y la mayor parte de sus ministros son centro de una declarada guerra de la derecha que no admite a un profesor de una escuela rural como mandatario, al ganarle en elecciones legítimas a su candidata Keiko Fujimori, quien ahora trata de evadir la justicia, acusada de recibir dinero ilícito de una constructora extranjera, entre otros delitos.

Fujimori, líder del conservador partido Fuerza Popular, sigue moviendo sus hilos en cortes judiciales, las que determinaron esperar por el inicio del proceso en su contra hasta que estén comprobadas todas las denuncias, lo que le concede más tiempo para boicotear la administración del profesor, graduado en el Instituto Superior Pedagógico Octavio Matta Contreras y en la Universidad César Vallejo, donde alcanzó un magíster en Psicología Educativa.

Con 51 años, el mandatario tuvo ocho hermanos y una familia muy humilde, a la consideró esclavizada por los terratenientes. Castillo no es un neófito de la política, como algunos imaginan. Su formación en zonas rurales, donde participó en la protección de las comunidades ante el relajamiento de las autoridades, lo convirtió en líder nato, sencillo, conocedor de los graves problemas económicos y sociales que afectan a los pobres. Encabezó dos huelgas nacionales como dirigente sindical, una en 2017 y otra en 2018, las que ganó. Hace tres años fue creada la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación, de la que fue secretario general. A partir de 2005, Castillo ejerció distintas funciones como miembro del Comité de Cajamarca en Perú Posible hasta el 2017.

HOSTIGAMIENTO DERECHISTA

Desde que finalizó la segunda vuelta, el pasado 6 de junio, la administración de Castillo fue estigmatizada por la derecha —y sus miles de seguidores en Perú— al tildarlo de comunista, y después, por la supuesta simpatía de algunos de sus ministros, según argumentan, con disueltas agrupaciones terroristas.

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La muerte en prisión el pasado sábado de Abimael Guzmán, exjefe de la guerrilla Sendero Luminoso, indicado como presunto culpable de la muerte de 30 000 personas, estremeció a grupos poblaciones que recordaron una época de terror en las décadas del 80 y el 90 del pasado siglo y a las que no desean retornar.

Guzmán, 86 años, falleció horas antes de que se cumplieran 29 años de su captura, el 12 de septiembre de 1992, cuando tropas especiales lo apresaron en una vivienda del distrito limeño de Surquillo. Poco después de conocerse la noticia, Castillo refirió en su cuenta oficial en Twitter: “Falleció el cabecilla terrorista Abimael Guzmán, responsable de la pérdida de incontables vidas de nuestros compatriotas. Nuestra posición de condena al terrorismo es firme e indeclinable. Solo en democracia construiremos un Perú de justicia y desarrollo para nuestro pueblo”.

En opinión de analistas. Castillo respondió a quienes esperaban expectantes su reacción ante el suceso, en medio de la ofensiva contra el gobierno y su gabinete, del cual se ha visto obligado a deponer a dos de sus miembros.

Analistas peruanos reconocen en las acusaciones opositoras un plan preconcebido de los fujimoristas y otros grupos afines, ya que desde su candidatura expuso el deseo de fomentar una política de justicia social y la redacción de una nueva Constitución Nacional, algo inaudito en Perú.

Ser comunista, lo que ha negado, es el principal pretexto para derrumbarlo y retornar al ya habitual neoliberalismo y los grandes males sociales y económicos que genera ese sistema, en especial entre la población más humilde.

El de Castillo es un gobierno que ganó gracias a las zonas rurales de donde procede el presidente y que en determinado momento serán una fortaleza para apuntalar su aún débil gobernación. Lima, la capital, es la cuna de la oligarquía nacional, conspiradora y racista.

Ese complot de Fujimori y otros grupos de derecha comenzó desde que se anunció el balotaje con el profesor, una sorpresa en el organizado frente político neoliberal.

Al perder por un mínimo de votos, Fujimori presentó más de 200 querellas para evitar su proclamación. Ni siquiera tuvo el profesor, siempre tocado con un sombrero campesino, el tiempo normado para el traspaso gubernamental.

Los moderados peruanos, bajo el ala de Estados Unidos (EE. UU.), aun antes de que el mandatario asumiera, trataron de estigmatizarlo al tacharlo de comunista —que en ese país equivale a terrorista— y simpatizante de la Venezuela Bolivariana, cuyas verdades y razones de lucha son desconocidas por una gran parte de los peruanos, informados por las mentiras de los medios de comunicación, entre ellas las redes sociales.

El plan consiste en descalificar al gobierno de Perú Libre, sobredimensionando antiguas declaraciones de sus protagonistas, que incluso hicieron renunciar como ministro de Relaciones Exteriores al prestigioso intelectual Héctor Béjar.

Los poderosos grupos oligárquicos tratan de impedir que Castillo y su gabinete comiencen a cumplir su programa de campaña. Él tuvo que ceder y aceptar la retirada de Béjar para evitar males mayores, pero rápidamente arremetieron contra el titular de Trabajo Íber Maraví. Habría que ver qué tiempo le dan al resto de sus titulares, entre ellos el primer ministro, Guido Bellido.

Tal parece un juego de ajedrez en el que la derecha comienza a derribar fichas. Ya eliminó al canciller, arremete contra el Premier y movió sus piezas contra Maraví, a quien el presidente solicitó la renuncia presionado por el Congreso, una postura que demuestra la debilidad del gobierno y la posibilidad de que haya otras sustituciones. Maraví no aceptó y proclamó su inocencia.

Los enemigos de Castillo enfocan su estrategia con el debilitamiento del ejecutivo para evitar que el gobierno realice su gestión en un ambiente medianamente tranquilo, como debe ser en sus inicios, y más con una transferencia deficiente por falta de tiempo.

El segundo objetivo es, como se evidencia, un chantaje al presidente y su administración izquierdista hasta arrinconarle y darle un golpe de Estado mediante la vacancia presidencial, ya solicitada, por no tener resultados en su gestión. Como mínimo, buscarían como ganancia política cambiar el rumbo del gobierno e impedir que cumpla con sus compromisos de campaña.

Lo peor hasta ahora es que el gobierno acepta los hechos presentados por la Policía y sus informes sobre determinados dirigentes, reemplazando  al estado de derecho del poder judicial. Al ministro Maraví lo criminalizaron por participar en huelgas sindicales, por lo que ese cuerpo lo cataloga como terrorista.

La derecha peruana, en estos momentos, dice poseer pruebas contra el titular y lo condena. El gobierno de Castillo, opinan observadores, comete el error de aceptar este peligroso juego, en el que puede perder sus ministros acusados de cargos falsos obtenidos de individuos que hasta pudieron ser torturados por la Policía para vincularlos a la estructura de Sendero Luminoso.

El desprecio de la burguesía limeña en especial no va a cesar pues se trata de un asunto de clases sociales. En Lima, la capital del país, viven las familias más adineradas y reaccionarias de Perú.

Castillo sabe que solo en las calles, con los excluidos de siempre, ganará las batallas que se avecinan. Es en los sectores más pobres del país que recae su mayor fuerza y defensa.

Las grandes movilizaciones y las vigilias realizadas por miles de personas seguidoras de Castillo ante la sede de la Junta Electoral mientras Fujimori batallaba inútilmente para evitar su consagración, son una fortaleza que podría sostener al profesor y su equipo actual.

De hecho, algunos congresistas opositores —el gobierno no tiene mayoría en el órgano legislativo— ya solicitaron la vacancia presidencial por mala praxis, lo cual es muy grave para un mandatario que no hace dos meses tomó el mando del país, en medio de condiciones excepcionales.

A pesar del torpedeo continuo a su consejo de ministros, de enfrentar una campaña mentirosa, el gobierno peruano da algunos pasos para llevar adelante la reestructuración política, económica y social prometida en campaña por Perú Libre mediante una nueva Constitución Nacional.

El legislador de Ayacucho, Alex Flores Ramírez, de la organización oficialista,  presentó la propuesta de reforma constitucional. El interés es despejar el camino hacia un referendo para consultar a la ciudadanía si está o no de acuerdo con la convocatoria a una asamblea constituyente.

En el proyecto tramitado se plantean modificaciones al artículo 206 de la Constitución, de manera que se sigan los trámites necesarios. Sin embargo, para algunos especialistas en temas constitucionales, como Pedro Grández, Perú Libre olvida que este tipo de propuesta requiere un amplio consenso ciudadano y político previo, el cual no existe ahora.

Cualquier decisión en ese sentido pasa por el Congreso. Para modificar el artículo 206, por ejemplo, se necesita la mitad más uno de los votos (67) y el partido oficialista tiene 42, incluyendo cinco de sus aliados.

Para que el propósito prospere es muy posible que la administración busque concesiones y negociaciones, pero hasta ahora estas últimas han sido nulas. Algunos partidos afines, como Perú Posible, y otros pequeños, lograron que el Congreso diera su voto de confianza al gabinete ministerial, luego de días de espera, lo que constituyó una sonada victoria del oficialismo.

La batalla en Perú en dura, y despiadada por parte de los opositores. Castillo, que debe enfrentar la defensa del líder de su partido, Vladimir Cerrón, tiene ante sí una situación muy compleja. Hasta ahora solo puede gobernar día a día en espera de los zarpazos de una oligarquía acostumbrada a quitar y poner presidentes.