El Mercado Común del Sur (Mercosur), el más antiguo bloque integracionista de Suramérica, enfrenta ahora una crisis interna ante la negativa de Brasil y Paraguay –con apoyo de Argentina- de traspasar la presidencia temporal a Venezuela, bajo el alegato de una supuesta falta de derechos humanos y violación de diversos protocolos democráticos en ese país.
La postura de esos miembros de la organización, a la que también pertenece Uruguay, ahora al mando, puede quebrantar la unidad en torno a sus tratados constitutivos y convertir a Mercosur en un foro político conservador, como se vislumbra, en momentos en que la Revolución Bolivariana sufre ataques continuos de la derecha regional.
El pasado día 7, el canciller interino de Brasil, José Serra, viajó a Montevideo, la capital uruguaya, en compañía del expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), quien durante su mandato prácticamente vendió las principales empresas estatales al capital privado, entre ellas Vale do Río Doce, la más importante minera nacional.
Durante la visita, estos personajes representantes de la partidocracia que dio el golpe de estado parlamentario a la presidenta Dilma Rousseff, ahora separada del cargo por 180 días, solicitaron al presidente uruguayo Tabaré Vázquez, y a su canciller Rodolfo Nin Novoa suspender el traspaso de la presidencia pro témpore del Mercosur a Venezuela, indicaron observadores.
Serra pidió de primera mano “más tiempo, al menos hasta mediados de agosto”, en coincidencia con los resultados del juicio político contra Rousseff, una inequívoca señal de que el usurpador gobierno de Michel Temer está inseguro sobre los resultados de sus planes golpistas y de que quizás sus socios del Mercosur desconfían de lo que podría ocurrir en Brasil en los próximos meses.
No puede olvidarse que este político que ocupó diversos cargos en los dos mandatos de Cardoso, siempre se opuso en diversas tribunas a la entrada de Venezuela al Mercosur en 2012, pero con Tabaré Vázquez solo sacó en claro que Uruguay cumplirá con lo establecido en el bloque respecto a la rotación interna de los miembros.
En días pasados, el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, presidente de la Liga Anticomunista en su país, dijo que “no acepta traspasar la presidencia pro témpore a un Estado cuyo gobierno está buscando el cierre de un Poder del Estado a través del Supremo Tribunal de Justicia, el cierre de la Asamblea Nacional, que es la voz del pueblo”, lo cual es una malintencionada interpretación de los límites de los poderes allí habilitados.
Analistas coinciden en que el gobierno derechista de Horacio Cartes quiere una vendetta contra Venezuela, luego de que Asunción fuera suspendida del Mercosur tras el apresurado golpe de estado parlamentario al presidente constitucional Fernando Lugo en 2012.
Paraguay fue el único país, de 33, que apoyó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, durante la fracasada reunión celebrada en Washington en junio pasado, en la que ese lacayo de Estados Unidos intentó la aplicación a Venezuela de la Carta Democrática Interamericana, un instrumento jurídico para aumentar la presión política y hasta una eventual intervención militar en la nación suramericana.
Ese es el escenario en que se realizó el pasado día 11 una reunión de cancilleres del bloque en Montevideo, en la que no hubo consenso sobre el traspaso presidencial, dada la oposición de tres de los cuatro fundadores del Mercado, hace 25 años a entregarla a Caracas.
Los Ministros de Exteriores de gobiernos neoliberales impidieron que su homóloga venezolana Delcy Rodriguez, presente en Montevideo, participara en la cita pues –según el dúo de Brasil y Paraguay- solo los iniciadores del bloque pueden adoptar una postura conclusiva. Sin embargo, las leyes de ese grupo son claras al respecto. Cuando un país cumple un semestre en la presidencia temporal, la traspasa al sucesor en el orden alfabético.
En declaraciones a la prensa, la Ministra venezolana expresó que otra vez se encuentra ante una maniobra orquestada por la derecha de la región “para socavar los derechos de Venezuela”. No hay ningún otro criterio de elección, precisó, pues los funcionarios de Paraguay y Brasil solo presentaron excusas que pretenden desconocer y vulnerar las normas.
Venezuela ya ejerció la presidencia temporal de Mercosur con éxito bajo la tutela del presidente Nicolás Maduro, del 12 de julio de 2013 al 29 de julio de 2014.
En el encuentro, los diplomáticos de Brasil y Paraguay indicaron que la inestabilidad en Venezuela –creada por la oposición de derecha- afectará las conversaciones con la Unión Europea, iniciada en mayo pasado, para un acuerdo de libre comercio entre los bloques.
Sin embargo, es evidente que los gobiernos neoliberales presentes en Mercosur se organizaron para crear otro espectáculo mediático contra la Revolución Bolivariana, a la que acusan, según Loizaga, de “no cumplir los requisitos democráticos que avalen la legitimidad de su futura gestión”.
Para el subsecretario general brasileño para América del Sur, Central y el Caribe, Paulo Estivallet de Mesquita, el gobierno legítimo de Venezuela incumple las reglas de política comercial y no puede asumir la identificación institucional del Mercosur, a contrapelo de las regulaciones internas de la organización.
Este jueves está prevista otra reunión de los cancilleres en Montevideo. Ya el gobierno de Uruguay manifestó que no pretende quedarse más tiempo con la presidencia temporal del bloque y expresó su conformidad con entregar la presidencia a Caracas, en cumplimiento de los estatutos y protocolo vigentes.
El diario español El País, vocero de la derecha internacional, que ataca de continuo a la Revolución Bolivariana, afirmó hace unos días, que en su gira europea, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, tratará de impedir que Venezuela asuma y propuso que se obviara el orden alfabético y comenzaran de nuevo con su país.
El País olvidó, al parecer, la crisis entronizada en la Unión Europea, de la que debía ocuparse, y de la que atraviesa España, que en una situación inédita ha celebrado dos elecciones generales en menos de un año sin lograr conformar un gobierno nacional.
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