Temer, el presidente sin votos y sin pueblo

Como si se tratara de una maratón, el presidente interino de Brasil, Michel Temer, acompañado de un gabinete integrado por empresarios, banqueros y políticos conocidos por su ideología neoliberal, intenta destruir los códigos políticos y sociales del gobierno de Dilma Rousseff, apartada de su cargo por al menos 180 días debido al golpe de Estado parlamentario montado en su contra.

La postura de Temer —del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB)—, llamado “el traidor” por ser el vicepresidente de la nación y conciliar entre bambalinas el complot de las Cámaras de Diputados y Senadores contra Rousseff, evidencia que ya conoce, al parecer, el resultado final del juicio político contra la mandataria, acusada de delitos fiscales que no pudieron ser comprobados pues no existían, según el abogado de la Unión, José Eduardo Cardozo.

Este es el sustituto de la mandataria revolucionaria, quien el pasado año afirmó: “El impeachment (proceso de destitución) de la presidenta Dilma Rousseff es impensable, generaría una crisis institucional. No tiene ninguna base política y jurídica” mientras preparaba en sigilo su traición.

Esta figura de vieja data en la politiquería brasileña solo esperaba el dictamen del Senado para poner en práctica sus planes. Preparó anticipadamente un gabinete con nueve partidos que responden a los intereses de la derecha —todos por la línea del neoliberalismo— en el que aparecen figuras como José Serra, procedente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que perdió las presidenciales del 2014. Las agrupaciones representadas en el Ministerio público han perdido en las elecciones presidenciales de los últimos 13 años.

El PSDB gobernó con el presidente Fernando Henrique Cardoso durante dos mandatos en los que solo faltó vender al capital privado el oxígeno de la Amazonia. Es enemigo jurado del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece la presidenta legítimamente elegida en las urnas por más de 54 millones de votantes en el 2014, para un segundo mandato.

El odio visceral de Temer contra Rousseff y los principios que ella representa —de los cuales adolece este figurón, hasta ahora siempre en segundo plano de las componendas interpartidos— se refleja en la composición de su tren presidencial.

Vale recordar que el PMDB tiene como función —así lo concibió el régimen militar— la protección de los intereses de los grandes propietarios agrarios e industriales. De ahí que por tradición pacte con el partido que gane en las urnas. La asunción ahora como gobernante constituye el mayor giro a la derecha en Brasil de las últimas décadas.

Convencido de que usurpará hasta el 2019 el cargo, integró un equipo de 23 titulares en el cual no hay mujeres —por primera vez desde 1985— ni negros, cuando el 51 % de la población es negra o mestiza, según censo de 2010. Tales ausencias constituyen un signo inequívoco de su ideología y la de sus seguidores. Este paladín de la desvergüenza buscó a sus “socios” del complot político para que lo acompañen en esta pírrica toma del poder.

Analistas coinciden en que Temer fue el brazo dirigido desde la Casa Blanca para ejecutar el golpe de Estado parlamentario, pues él carece de inteligencia para ello, pero es muy hábil en el movimiento de las fuerzas políticas y mediáticas nacionales.

De los 23 titulares, los siete del PMDB son procesados o investigados por delitos de corrupción, mientras otros 12 están vinculados a empresas comprometidas en el escándalo por lavado de dinero de la estatal Petrobras.

En círculos políticos cercanos al interino se comenta que el cacareado plan económico oficial también sigue las pautas marcadas por Estados Unidos, que es el más beneficiado con este golpe, pues se adueñará de la mayor economía de América Latina. Uno de los objetivos económicos del nuevo gabinete es entregar la Petrobras a consorcios particulares con el pretexto de que el Estado —corrupción que se arrastra desde hace décadas— no sabe dirigir una compañía de grandes dimensiones.

Con Washington como padrino, y sus relaciones internas, no es difícil que el sustituto y su gobierno consideren que llegaron para quedarse y así modificar la estructura política y socioeconómica de la hasta ahora respetada nación suramericana.

Un día después de ocupar el sillón dejado de momento por Rousseff, el jefe de gobierno interino anunció en Brasilia “medidas duras, pero necesarias”, que ya está poniendo en práctica.

De inmediato dispuso en su primera intervención pública la eliminación de al menos 4 000 empleos públicos hasta el próximo 31 de diciembre. O sea, el despido del 25 % de la plantilla de cada ministerio, más los desempleados de los eliminados, a los que no se refirió.

Designó como presidente del Banco Central de Brasil al economista Illan Goldfajn, jefe y socio de Itaú Unibanco, el más poderoso del país. Goldfajn trabajó entre 1996 y 1999 en el Fondo Monetario Internacional, entidad financiera en la que se desempeñó como consultor.

Sumó a su equipo económico como ministro de Finanzas a Henrique Meirelles, el conocido “tranquilizador de los mercados”, expresidente del Banco de Boston, relacionado con Wall Street. Meirelles cuenta en su currículo una denuncia de Wikileaks que lo acusa de sostener diálogos recientes con transacciones petroleras, en especial Chevron, siempre con el ojo puesto en el crudo pesado de Brasil.

El nuevo titular prometió poco después de su nombramiento que las medidas austeras de su cartera solo se conocerán cuando terminen las investigaciones de las cuentas de la Unión, lo que augura otras pésimas noticias para la población.

Serra, quien fuera gobernador de Sao Paulo, se ocupa ahora del Ministerio de Relaciones Exteriores. Amigo íntimo del exmandatario Cardozo, de quien fue ministro de Salud Pública, es conocido como una figura del neoliberalismo cuyo trabajo en esa cartera estará, como mínimo, dirigido a quebrar las relaciones con los gobiernos progresistas y revolucionarios de la región latinoamericana y acercarse a los bloques económicos imperiales.

Otro peje gordo del gabinete es Blairo Maggi, ministro de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, conocido terrateniente al que llaman “el rey de la soja”, uno de los principales rubros de exportación del país.

Maggi es promotor también de un proyecto de ley —que seguramente pasará rápidamente por el Congreso Nacional— que minimiza las licencias ambientales para la realización de obras que harán mella en el medio ambiente. Declarado enemigo de los ecologistas, recibió el premio “La motosierra de oro” de la organización ecologista Greeepeace cuando era gobernador de Matto Grosso por su hostil actitud hacia el cuidado de la naturaleza.

El exministro del PMDB en el primer mandato de Rousseff, Wellington Moreira Franco, confirmó las medidas que ya comenzaron a adoptarse cuando aún estaba en discusión el juicio político contra Rousseff.

En declaraciones entonces al periódico O Estado de Sao Paulo, Moreira Franco afirmó que “Temer concibió con varios de sus asesores un plan económico denominado Puente para el Futuro que elimina en poco tiempo los programas sociales implantados por el PT desde el 2003” y que contribuyeron a eliminar la situación de pobreza de 28 millones de brasileños.

De acuerdo con el ex titular de Asuntos Estratégicos y Aviación Civil, y uno de los articuladores del golpe, la hoja de ruta oficial impone el retorno de las privatizaciones, nuevas metas fiscales y una ley que ponga techos de gasto de los recursos públicos, entre otras posibilidades ejecutivas.

También —siempre según el diálogo periodístico— los planes de Temer y el PMDB incluyen la indexación de sueldos y beneficios, en tanto concederá nuevos espacios al sector privado en la explotación del petróleo que tanto ambicionan las trasnacionales.

Moreira Franco, sin asomo de pudor, afirmó que el plan contempla la eliminación del programa social Mi Casa, mi Vida. Mediante ese proyecto, uno de los grandes logros sociales de los gobiernos del PT, fueron construidas en una primera etapa un millón de viviendas, y ahora pretendía en la segunda el otorgamiento de otras 2,5 millones.

Siempre con la mira puesta en destruir los proyectos sociales de los gobiernos petistas, Moreira Franco sostuvo la idea de una “necesaria meritocracia” para conceder ayudas y subsidios a alumnos de baja renta mediante la llamada Bolsa Familia.

Según O Estado de Sao Paulo, el PMDB impulsa en ese plan, ya puesto en práctica, la eliminación de la gratuidad de estudios en algunas universidades federales para beneficio de alumnos pobres.

ABUCHEADO, REPUDIADO, DESLEGITIMIZADO

Abucheado, repudiado, denunciado como ex informante de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), deslegitimizado por la mayoría de la población brasileña que no abandona las calles en señal de rechazo al gobierno interino, Temer, sin embargo, se siente cuando menos seguro en el cargo y en la implantación de medidas favorecedoras a consorcios locales y estadounidenses.

De ahí que a horas de su asunción, anunció en el Palacio de Planalto que la entrada de grandes capitales en la extracción de crudo “comenzará flexibilizando la legislación sobre el modelo productivo del presal”.

Ante tales amenazas, millares de personas se mantienen en manifestaciones en ciudades de una buena parte de los 27 Estados y el distrito federal de Brasilia para tratar de evitar la consumación del golpe de Estado de manera definitiva y en repudio al viejo politiquero.

Hace unos días el nuevo gobierno cometió la torpeza de eliminar el Ministerio de Cultura —ahora un departamento del de Educación— con la protesta de millares de artistas e intelectuales del país que consideran la medida fascista, al negar la existencia de las ricas tradiciones culturales del gigante suramericano.

En un golpetazo al corazón del petismo, el nuevo ministro de Ciudades, Bruno Araújo, revocó esta semana la orden de Rousseff que autorizaba al banco público Caixa Federal la contratación de construcciones de urbanismo para el programa de viviendas sociales.

Este martes, informó el consorcio mediático O Globo —uno de los grandes enemigos de la presidenta— que Temer revocará la construcción de 11 250 viviendas sociales del proyecto habitacional que beneficia a familias humildes.

Mientras, profesionales de la comunicación y miembros de la clase trabajadora de Brasil afirman que Temer busca empoderar a las grandes corporaciones de la comunicación en el país, en detrimento de los medios alternativos.

Hay señales de que el gobierno arremete contra el sistema de información pública —Empresa Brasil de Comunicación (EBC)— creado durante la gestión de Luiz Inacio Lula da Silva contra los monopolios mediáticos.

Uno de los primeros en repudiar este nuevo movimiento contra la democracia fue el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, que rechazó este miércoles la intromisión del Gobierno interino contra el sistema de información pública en defensa de los pueblos silenciados por las grandes corporaciones.

En opinión de Joao Pedro Stédile, fundador del MST y líder del campesinado, la EBC fue creada en el 2007 para gestionar las emisoras de radio y televisión públicas del país sin ánimos de lucro, y calificó de “locuras” las resoluciones “de un gobierno ilegítimo y sin respaldo popular”, según declaró a la cadena multinacional Telesur.

Stédile confirmó que “era de esperarse que los grandes medios hegemónicos de Brasil respaldaran las acciones irregulares de Temer. Ustedes están acompañando los actos ilegítimos de Temer que insiste en cambiar las reglas de la EBC”.

Aunque actúa como quien llegó para quedarse, sobre el mandatario interino pesan varias acusaciones. Sabido es que no prosperarán, dado el control del jefe del gobierno sobre el Congreso Nacional, pero sobre el dirigente del PMDB hay un pedido de juicio político similar al que la derecha perpetró contra Rousseff, confirmó el magistrado del Tribunal Supremo Federal (STF) Marco Aurelio Mello.

La demanda fue interpuesta por un abogado independiente que afirma que si Rousseff es enjuiciada injustamente, Temer debe asumir su supuesta responsabilidad gubernamental, informó el diario Folha de São Paulo en alusión a declaraciones de Mello.

Pero hasta ahora ese proceso no avanza ni lo hará mientras a Estados Unidos y la derecha interna le convenga la presencia del traidor en Planalto.

También hay pendiente la denuncia en su contra del exgobernador de Ceará Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista (PDT), que se basa en seis delitos supuestamente cometidos por el jefe provisional de gobierno. La demanda de Gomes estuvo semanas en manos del corrupto ex jefe de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, quien dio entrada a la denuncia contra Rousseff, y fue destituido luego de cumplir su cometido.

Gomes, ex ministro de Integración Nacional de Lula de Silva, afirma que Temer cometió graves irregularidades “como persona física y jurídica”, relacionados con el supermillonario robo en la estatal Petrobrás.

Temer también ha estado involucrado en varias causas judiciales, denunciado como integrante de un esquema ilegal de compra de etanol y condenado por irregularidad en gastos electorales.