¿Quién lo creería?: México y la CIA contra Venezuela

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto abandonó de forma descarnada su tradicional doctrina Estrada en materia de política exterior, luego de anunciar que colaborará con el gobierno de Estados Unidos en sus anunciadas sanciones contra Venezuela.

La subsecretaria de Hacienda mexicana, Vanessa Rubio, dijo que la administración de Peña Nieto entregará información fiscal y financiera sobre funcionarios y ex responsables venezolanos contra quienes Washington dictó sanciones.

Tales castigos incluyen la revocación de visas y el congelamiento de fondos y bienes, una política con la cual el gobierno mexicano se compromete a despecho de la diplomacia de respeto a la soberanía de terceros países que durante décadas le mereció reconocimiento internacional.

Rubio argumentó que la decisión se corresponde con acuerdos de cooperación bilateral y multilateral para detectar posibles ilícitos.

Sin embargo, no pocos se cuestionan aquí si la medida se corresponde con las revelaciones del director de la Agencia Central de Inteligencia, Mike Pompeo, quien reconoció que se reunió con altos cargos de México y Colombia para coordinar acciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La subsecretaria de Hacienda indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera de esa dependencia federal buscará en su base de datos información que sea útil para la administración del presidente Donald Trump.

Reconoció que ya fueron adelantadas conversaciones con el Departamento del Tesoro de EE.UU. para activar los mecanismos de entrega de información contra el gobierno de Caracas, lo cual hace más verosímil las denuncias del presidente Maduro respecto a la confabulación antivenezolana entre la CIA y la administración de Peña Nieto.

Antes se divulgó aquí un comunicado conjunto de la Cancillería y la Secretaría de Hacienda en el que indican que la administración de Peña Nieto procederá 'en consecuencia' respecto a las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra Venezuela.

El texto, de dos párrafos, y que medios de prensa locales calificaron de confuso, utilizó el mismo lenguaje de la Casa Blanca para justificar castigos contra altos funcionarios del gobierno venezolanos.

Según el comunicado oficial, México asume como suyos los calificativos de Washington de que los funcionarios y ex funcionarios de Venezuela sancionados por el gobierno de Donald Trump lo fueron 'por menoscabar la democracia y los derechos humanos en dicho país, así como por participación en actos de violencia, represión y corrupción'.

Respecto a las sanciones: 'el gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informa que procederá en consecuencia, de conformidad con las leyes y convenios aplicables en la materia', añade.

Resulta otra escalada en la postura mexicana contra el gobierno bolivariano, que ahora se muestra sin tapujos en su complicidad con Washington.

México echa por la borda la histórica doctrina Estrada, por la cual su política exterior cosechó simpatías y reconocimiento internacional por el respeto a la soberanía y autodeterminación de terceros países.

Ahora las autoridades mexicanas asumen como propias las descalificaciones de la administración de Donald Trump contra el legítimo gobierno venezolano que ha denunciado ser objeto de una arremetida de intereses foráneos en contubernio con la derecha y grupos de poder económico de la nación sudamericana.

México se ha puesto de lado de los que vuelven a apelar a la vía del golpe de Estado contra el gobierno bolivariano, que ya lo enfrentó en vida del presidente Hugo Chávez, cuyo natalicio fue recordado aquí en la misión diplomática venezolana junto a organizaciones sociales y representantes políticos mexicanos.

Para graficarlo de alguna manera: la Secretaría de Hacienda mexicana investiga por órdenes de Estados Unidos al ministro de Cultura de Venezuela, Elías Jaua, uno de los 13 sancionados por Washington.

Jaua fue vicepresidente, canciller de la República Bolivariana de Venezuela, con la cual México mantiene relaciones diplomáticas que se deben regir por principios hoy violados al son de lo que manda la Casa Blanca.

El titular de Educación de Venezuela es además candidato a delegado a la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, un recurso constitucional frente a la arremetida desestabilizadora a la se ha sumado el gobierno mexicano.

En declaraciones a la agencia de noticias de su país, AVN, Jaua calificó de inoperante las sanciones de Washington, cuyo trasfondo político e injerencista tiene a la Asamblea Constituyente como fondo.

Subrayó además que solo ha solicitado visa para Estados Unidos cuando, como canciller, compareció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

No me interesa ir a ese país, indicó, y dejó clara sus diferencias con el modelo imperante en la nación que se precia de ser juez en materia de derechos humanos.

Entretanto, en México, hay quienes consideran sospechosa la posición oficial mexicana respecto al gobierno bolivariano, sobre todo cuando está en ciernes el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), que inicia el 16 de agosto.

Sobre todo cuando el presidente Donald Trump se encargó de atacar desde varios frentes a México y amenazó incluso con salirse del Tlcan en caso de no resolver a su favor el déficit de la balanza comercial con su vecino del sur.

En este escenario, el capítulo de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad consideró como sumisión inaceptable la injerencia del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en los asuntos internos venezolanos.

Un documento firmado por intelectuales y académicos miembros de la Red opinó que el accionar de la administración de Peña Nieto contra Venezuela no representa el sentir del pueblo mexicano.

El texto reprueba la decisión anunciada por la Cancillería y la Secretaría de Hacienda de sumarse a las sanciones del gobierno de Donald Trump contra funcionarios del gobierno venezolano.

Subraya que el grado de sumisión ha rebasado los límites de la racionalidad, degradando la dignidad que cualquier país debe enarbolar y violentando la tradición que México tuvo con respecto a las soberanías de otras naciones.

Enfatiza además que 'las instituciones mexicanas no son áreas de la administración de Estados Unidos' y considera este precedente como un ejemplo deplorable para la región.

La Red exigió al gobierno mexicano que se retracte públicamente y recupere los principios de una política exterior respetuosa del derecho de autodeterminación de pueblos y naciones.

ÂíManos fuera de Venezuela!, concluye el comunicado, a cuyo pie de firma está la de Pablo González Casanova, y le siguen otros reconocidos intelectuales de la tierra de Benito Juárez, el Benemérito de las Américas, aquel que suscribió que el respeto al derecho ajeno es la paz.