México: los muertos no hablan (II)

Quizás jamás se conozcan las cifras reales de personas secuestradas, desaparecidas, torturadas y asesinadas en México, aunque sus familiares hicieran las denuncias, bastante improbable dado el alto grado de impunidad existente en ese país de cultura milenaria.

La revista digital ZETA apuntó que en los últimos nueve años —seis de Felipe Calderón y tres de Enrique Peña Nieto— suman 185 428 los homicidios dolosos conocidos entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2015.

ZETAhizo investigaciones en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), procuradurías estatales, Secretariado Ejecutivo, SEMEFO (Servicio Médico Forense), Institutos Forenses y registros periodísticos en las 32 entidades federativas.

Analistas consideran que existe una poderosa imbricación entre la delincuencia organizada y los gobiernos estaduales y municipales en importantes territorios mexicanos. Los reclamos familiares no prosperan ante la justicia y muchos ni siquiera se acercan a las autoridades por miedo o porque conocen de antemano que nadie les hará caso.

El llamado narcoestado —como quedó demostrado en el caso Ayotzinapa— domina las estructuras estatales en al menos la mitad de la nación, una situación que es de antigua data, en la medida que se fueron ampliando las zonas del narcotráfico y sus líderes coparon altos cargos o dominaron a las autoridades competente, convirtiéndolos en aliados mediante sustanciales cifras de dinero.

Reo confeso, el alcalde de esa ciudad del Estado de Guerrero admitió, tras su apresamiento, la entrega de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa al grupo mafioso Guerreros Unidos, que opera con absoluta libertad en esa localidad y que, al parecer, los mataron, incineraron y siguen dando falsas pistas sobre el paradero de los restos.

México posee, según evidencia el sistema organizativo nacional, un deslucido sistema de justicia, el que comprende aquellas áreas de gobierno cuya función está centrada en la prevención del delito y, en su caso, contención de los delitos cometidos. Pero, la cuestión es que los policías corruptos no protegen sino que ultiman a los ciudadanos o los entregan a la mafia.

Son millares los mexicanos vinculados al negocio de la droga en los Estados más violentos del país. Para los involucrados es un negocio más, salvo que quiebra la institucionalidad y tiene entre sus propósitos la eliminación de agentes políticos o de otros grupos que representen una amenaza a sus intereses o a los grupos oligárquicos cuyos que protegen, como los grandes terratenientes y los inversionistas locales y extranjeros.

El territorio mexicano es en su conjunto un escenario de guerra por la posesión de las drogas procedentes de Suramérica con destino a Estados Unidos, por cuyas fronteras transita libremente —en contrapartida con la política de ese país con los emigrantes mexicanos— con la aprobación de los gobiernos de la Casa Blanca, patrullas, sheriffs y elementos de las autoridades federales. El grueso de la compraventa se realiza en dólares y en territorio estadounidense.

Un artículo del periódico español El País refiere que “…han muerto más mexicanos en la guerra de las drogas que argentinos, chilenos o brasileños (sumados) en las luchas contra las dictaduras militares de fines del siglo pasado”, y añade que los más de 100 000 muertos mexicanos —considerados “daños colaterales”— de los últimos diez años son también resultado de una decisión política.

El Paísindica que “…el Gobierno de Peña Nieto optó por una política prohibicionista y una estrategia de confrontación policiaca y militar ante un fenómeno social (consumo de drogas) y económico (producción y trasiego de enervantes)”.

El Estado decidió enfrentar el problema a sangre y fuego y recalca que la guerra contra las drogas es en buena medida una guerra contra la población civil: más de la mitad de las averiguaciones y gran parte de las encarcelaciones son por el delito de posesión de droga (no por tráfico), por no hablar de las miles de víctimas inocentes.

Tras catalogar como un flagelo la llamada guerra de las drogas, El País confirma que “…no obstante, Washington ha preferido que la sangrienta guerra de trincheras tenga lugar al sur de su frontera y que el costo en vidas sea asumido esencialmente por su vecino. Aplaudidos por su ‘valor y firmeza’, los dos últimos presidentes mexicanos, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cumplieron encantados el papel asignado e hicieron de México el frente de batalla de esta guerra interminable”.

Se puede o no estar de acuerdo con el análisis del diario español, pero lo cierto es que tal situación interna coloca en el escenario a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa luego de participar en una manifestación pacífica contra los métodos del alcalde.

El narcotráfico es también la cabeza visible de los homicidios cometidos contra las 700 mujeres, maquiladoras en su mayoría, asesinadas desde 1993 en Ciudad Juárez, a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, sin que un solo culpable haya sido señalado. También se sitúan en ese escenario a los autores de los asesinatos de periodistas, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana.

María Luisa García Andrade, Malú —hermana de una chica de 17 años violada, torturada y asesinada en Ciudad Juárez— lidera ahora la asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que fundó su madre, cuyo objetivo es luchar contra la impunidad de los criminales que asesinan a las jóvenes en esa zona industrial.

Aunque en la actualidad se habla menos de los feminicidios en Ciudad Juárez, García Andrade aclara que se ha incrementado el número de víctimas. “Lo que ocurre —argumentó al periódico La voz de Galicia— es que desaparecen las muchachas y no se sabe nunca más de ellas. Pueden pasar uno, dos, tres, cuatro, cinco años y no se sabe absolutamente nada, no se encuentran sus cuerpos sin vida, solamente desaparecen. En lo que va de año hay siete casos de feminicidio y más de 30 jóvenes, de entre 13 y 17 años, desaparecidas.

En su opinión, “…si en más de 20 años que llevan cometiéndose este tipo de crímenes en Ciudad Juárez no han podido frenarlos o prevenirlos es que tienen la complicidad de las autoridades del Estado de Chihuahua. El mensaje que están enviando es que se pueden matar mujeres en Ciudad Juárez sin ser condenado, con total impunidad”.

Mientras, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) informó en fecha reciente que México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial, y el primero en Latinoamérica, de 13 países donde periodistas son asesinados y los homicidas o autores intelectuales siguen libres y sin proceso judicial marcado.

Según el Índice Global de Impunidad anual realizado por el CPJ, casi el 33 % de los periodistas mexicanos asesinados en los diez últimos años fueron capturados o torturados antes de su muerte, y que funcionarios gubernamentales y militares son considerados los principales sospechosos en el 26 % de los casos, y en menos del 5 % los asesinos o autores intelectuales son capturados o procesados legalmente

El índice anual escrito en el 2015 por el CPJ, sobre los países donde existen por lo menos cinco periodistas victimizados sin que se haya condenado a un solo autor material, precisa que en México hay 16 casos no resueltos, según esa organización internacional radicada en Nueva York.

Los reporteros víctimas de la delincuencia organizada junto a los defensores del medio ambiente y los derechos a la tierra son los principales blancos de estos grupos que también actúan al servicio de los terratenientes locales.

El reportero maya Pedro Canche fue liberado este año luego de nueve meses de cárcel en espera de juicio por cargos infundados de sabotaje, presentados contra él como represalia por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.

Otros periodistas continuaron sufriendo el hostigamiento de las autoridades, y algunos de ellos huyeron de sus lugares de residencia o abandonaron su trabajo por temor a las represalias.

En julio del pasado año, el reportero gráfico Rubén Espinosa Becerril, la activista Nadia Dominique Vera Pérez y tres mujeres más aparecieron sin vida en un apartamento de Ciudad de México. Tanto Rubén Espinosa como Nadia Vera habían abandonado el Estado de Veracruz meses antes a causa de amenazas.

Son diarias las víctimas de este terrorismo contra la población mexicana. Sus profundas causas están arraigadas en un aparente sin retorno. El protagónico rol de Estados Unidos en las estructuras políticas, económicas y sociales de México impedirán el cambio. Tan profunda es su injerencia en el bien llamado México lindo, y por demás querido.