México: crímenes sin castigo (I)

México, una nación de 127 017 000 habitantes, posee el primer lugar en impunidad criminal en América Latina y el segundo a nivel mundial. La desaparición forzada de 43 estudiantes de magisterio en Ayotzinapa el 26 de septiembre del 2014, cuyo paradero aún se desconoce, es uno de los casos impunes más dramáticos de los últimos tiempos. Sin embargo, son millares las familias que también esperan justicia en el antiguo país de los aztecas por hechos similares y otros delitos comprobados.

Si bien el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se anotó un tanto este año con la recaptura del capo de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán Lorea, también es que la ineficacia en la protección de los derechos humanos y sus reducidos sistemas de seguridad y de justicia son algunas de sus grandes deudas sociales.

Las referencias conocidas de los delitos contra los derechos humanos de los mexicanos van desde los secuestros hasta los homicidios. Lo peor es que casi ninguno de los 185 428 homicidios dolosos reconocidos por las organizaciones no gubernamentales ha sido resuelto por la justicia con el encarcelamiento de los culpables.

México ocupa el segundo lugar entre los 59 países con mayor rango de impunidad, solo superado por Filipinas, según el Índice Global de Impunidad (IGI), parte de un detallado análisis elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UdiaP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla (CCSJ).

Los estudiosos de Puebla evaluaron ese número de países entre los 193 integrantes de Naciones Unidas. Utilizaron estadísticas de Banco Mundial, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y EL Banco Interamericano de Desarrollo (BID), e informes gubernamentales, sin valorar la percepción de la población u opinión de otros especialistas.

Uno de los motivos de la impunidad en México, aunque no el único, es la pírrica impartición de justicia, reveló el análisis universitario.

Según datos del Ministerio de Justicia, en la actualidad hay cuatro jueces por cada 100 mil habitantes, cuando la media internacional es de 17 por tal cifra de ciudadanos. Lo que no reconoce esa cartera es que los abogados ignoran esos cargos porque los convierten en blanco de la delincuencia, en especial del narcotráfico. La insignificante cifra de Magistrados hace que el 46 % de la población detenida no haya sido enjuiciada y permanezca en cárceles sin condiciones.

Sin embargo, cuenta con 355 policías —considerados entre los grupos más corruptos y vinculados a la delincuencia— por cada 100 000 habitantes, cuando el promedio mundial es de 332.

Esos funcionarios públicos, cuyo objetivo es la protección ciudadana, constituyen uno de los pilares en que se apoyan los bandidos para delinquir y ser protegidos.

Sociólogos mexicanos como el Dr. Mario Vázquez dijeron al periódico El Sol de México que los uniformados trabajan 24 horas diarias en pésimas condiciones y perciben salarios muy bajos, motivos por los cuales justifican otras asignaciones consideradas laborales y se convierten en parte de la delincuencia.

En uno de sus capítulos, el estudio de Puebla reveló que la corrupción generalizada en ese país del Norte americano es consecuencia de la impunidad.

Según estimaciones del Semáforo Económico Nacional del observatorio México ¿Cómo vamos?, a fines del 2014 la corrupción en México generó una pérdida de inversión aproximada de 2 000 millones de pesos (moneda nacional) del sector privado y 1 000 millones de dólares más por inversión extranjera directa.

Aunque la existencia de la extendida impunidad es tema recurrente en el debate público y el análisis especializado en México, lo cierto es que su extensión en la vida cotidiana se asume como un hecho natural o inevitable y de ahí el silencio.  A excepción de los familiares de las víctimas de Ayotzinapa que no se dan por vencidos, así como otros sucesos casi siempre aislados y obviados por la prensa mexicana.

En este plano, la mayoría de los ciudadanos mexicanos prefieren olvidar que han sido víctimas de un delito —como secuestro o torturas— sin que medie entonces denuncia, una posible investigación y aún más improbable castigo, por lo que la delincuencia se siente segura y actúa impunemente, sin molestias oficiales o personales.

Bajo el mandato de Peña Nieto, en sus últimos tres años de gobierno de seis, el Estado de México es considerado el más cruento, 8 845 ejecuciones en tres años, del 1 de diciembre del 2012 al 30 de noviembre del 2015.

Le siguen en igual período los Estados de Guerrero, 6 040; Chihuahua 5 176; Jalisco, 3 946; y Michoacán 3 629. Entre el sexto y décimo lugar de los territorios estaduales más sangrientos están Sinaloa 3 514; Ciudad de México 3 212; Tamaulipas 2 660; Veracruz 2 600 y Baja California, 2 547. Aparecen también ahora, luego de un periodo de relativa calma durante mandato del presidente Felipe Calderón, Guanajuato 2 448, y Oaxaca 2 348.

En declaraciones a la prensa, Francisco Rivas, director del Observatorio Ciudadano, habló del incremento en el tema de homicidios, incluso en las cifras oficiales a partir de abril de 2015. “De abril hasta noviembre —dijo— por siete u ocho meses consecutivos tuvimos aumento en los datos que reportó el Secretariado Ejecutivo, y esto, primero interrumpe la serie a la baja de estos números que se había iniciado en agosto de 2012, por lo tanto, nos habla de un aumento en la violencia”.

Los falsos registros persisten en México. “Desafortunadamente —argumentó—, los asesinatos que están reportando dentro de la categoría de homicidios dolosos, no representan el universo de homicidios violentos del país. Por ejemplo, las fosas clandestinas de plano no se están registrando adecuadamente, no aparecen en la estadística oficial. Y muchos casos de robos, secuestros que terminan en homicidio se califican como culposo en lugar de doloso, y eso también te falsea la estadística”.

En su opinión, el Ejecutivo mexicano podría hacer más, ya que “…casi la mitad del país tiene una crisis de seguridad: Estado de México, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Morelos, Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, Jalisco Colima, Baja California, Zacatecas, Sinaloa y Durango. Luego tienes algunos Estados que van medio mal, como Querétaro y Baja California Sur.

”Y hay otros Estados con condiciones aparentemente aceptables de seguridad como Coahuila y Nuevo León, que han mejorado de manera substancial; Sonora, que si bien tiene algunos municipios con alta incidencia de homicidios, en general las condiciones son calificadas como aceptables. Oaxaca similar; Chiapas, una entidad subdesarrollada, pero las condiciones de seguridad aparentemente son buenas; Yucatán, Quintana Roo, Campeche.

“La mitad del país está aceptable y la mitad del país no. Con los delitos repartidos, por ejemplo en Zacatecas existe un gravísimo problema de secuestro, no de homicidio, pero en Morelos es secuestro, homicidio, robo; en Tamaulipas el robo es muy bajo, pero el secuestro y homicidio hicieron que la incidencia delictiva creciera en un 200 por ciento”.

México se sigue desangrando, aunque no aparezca en la lista de naciones con guerras intestinas. Será muy difícil, dados los intereses millonarios que deja la droga que Estados Unidos, su principal consumidor a nivel mundial, imponga medidas que impidan el tráfico a través de sus 3 000 kilómetros de frontera común, dejando la puerta abierta a la ambición de los cárteles de la droga en los dos países.