La intención dictatorial de Nayib Bukele sacude El Salvador

La intentona de golpe de Estado del presidente salvadoreño Nayib Bukele al Congreso Nacional deja varias lecturas, entre ellas una muy peligrosa: la intención de implantar en El Salvador una dictadura que le permita gobernar por decreto, algo que nadie esperaba en el llamado Pulgarcito de América.

A estas alturas, y luego de la reacción del país que lo eligió para gobernar hasta el 1 de junio de 2024, quedan pocas dudas sobre los objetivos de este joven exempresario cuando penetró el pasado sábado en la sede parlamentaria rodeado de soldados y policías con chalecos antibalas y fusiles M-16 y AR-15, en lo que algunos detectaron un montaje publicitario transmitido incluso por la televisión nacional para ver las reacciones internas y foráneas.

Bukele, 38 años, abogado, tomó militarmente el Congreso, se sentó en el curul del presidente de ese órgano, rompió a llorar y se puso a orar. Luego, de manera solemne, dijo que le había preguntado a Dios, y este le había respondido: Paciencia, paciencia, paciencia.

Como cierre de lo que sería el primer capítulo de un culebrón (telenovela de baja factura) que tiene fuerte repercusión interna y en otros países, salió a reunirse con cientos de sus seguidores ante las puertas del parlamento, con un discurso panfletario en el que calificó a los diputados de “sinvergüenzas y ladrones”.

Minutos antes había expresado: “Creo que está muy claro quién tiene el control de la situación” en un avance de lo que podría pasar a futuro.

Bukele había convocado a una sesión extraordinaria a los miembros del Congreso unicameral para analizar el pasado sábado su solicitud de un préstamo a un banco internacional para continuar su plan contra la violencia y las pandillas juveniles.

Los parlamentarios no se presentaron, pues no tienen que responder órdenes presidenciales. Ante el dignatario solo estaban 24 diputados.

La peligrosidad del momento hizo que el máximo órgano judicial de El Salvador ordenara al ministro de Defensa, René Merino, y al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza, que “eviten ejercer funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados”.

Asimismo, la instancia judicial pidió al Consejo de Ministros “suspender los efectos de cualquier acto o norma” que derive del acuerdo de convocatoria impugnado.

La pretensión del mandatario, que primero fue miembro destacado del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de cuyas filas fue expulsado por razones ideológicas, era que el Parlamento aprobara con urgencia su solicitud de 109 millones de dólares al Banco Centroamericano de Integración Económica para equipar y mejorar las fuerzas de enfrentamiento nacionales.

Sin embargo, el órgano legislativo, en manos de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (Arena), de derecha, y el FMLN, de izquierda, no le brindaron respuesta porque, según varios diputados, el ejecutivo dispone de 765 millones de dólares en el presupuesto nacional de este año para esos menesteres y tampoco les quedaba claro cómo serían distribuidas las partidas..

Horas antes de la toma del Parlamento, Bukele reunió al Consejo de Ministros para aprobar el préstamo que, aseguró, le permitiría continuar con su Plan de Control Territorial, enfocado en el control de las pandillas, y saltándose, de esta manera, al poder legislativo. 

El golpe de Estado que no fue, pero que se intentó, y se considera un grave error del presidente, deja un negativo efecto en la población, pues cabe la posibilidad de un retorno a un régimen dictatorial similar al que dio pie a una guerra interna concluida en 1992 con saldo de miles de muertos.

Triunfador en las elecciones de febrero de 2019 con la coalición de partidos de derecha Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), como soporte, el joven mandatario de origen palestino puede ya estar arrepentido de su calculada dramatización. O no.

La eventual disolución de la Asamblea Legislativa —al igual que el intento de secuestrarla políticamente— y consumar un golpe de Estado, solo fue, según analistas, una “prueba” para medir fuerzas, pero dejó enorme malestar en sectores claves del pequeño país centroamericano de 7 327 479 habitantes.

La jugada de Bukele devino un error que le seguirá en su vida política, pues puso en peligro la imagen de El Salvador en el mundo, con saldo negativo para las inversiones, el turismo y la garantía de un comercio estable. Es evidente que el mandatario no supo medir las consecuencias de su falso movimiento.

Peligroso también es que la FA y la PNC le siguieran el juego, lo cual sienta un delicado precedente.

Para tratar de disminuir las consecuencias de su error, Bukele dijo en un tuit, después de retornar a sus tareas cotidianas: “Al final, cuando las aguas se calmen (como todo) quedará claro quienes estamos luchando por el pueblo y quienes no”.

Lejos de disculparse, como dicta el sentido común, el presidente no ha admitido que cometió un fallo y al parecer tampoco lo hará pues, cuando muy seriamente planteó que habló con Dios, se cree un ser superior e infalible.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con el mesiánico dirigente.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Jorge Ponce, condenó, en nombre de los 84 diputados integrantes de la Cámara, el “intento de golpe” del dignatario: “La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, por unanimidad, rechaza y condena enérgicamente la invasión de que fuera víctima el día domingo 9 de febrero”.

También la Corte Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad de la convocatoria de Bukele al Consejo de Ministros en sesión extraordinaria y emitió medidas cautelares que invalidan todas las medidas tomadas por el Ejecutivo. Además, en un comunicado, la Sala de lo Constitucional ordenó al presidente “que se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos”.

Para el mandatario, la situación se tornó compleja, pues GANA solo cuenta con 10 de 84 diputados de la Cámara, y esa situación continuará, se estima, hasta el 28 de febrero de 2021, cuando se celebrarán las elecciones al poder legislativo.

El Congreso podría detener sus iniciativas ejecutivas y también, amparado por la Constitución Nacional, él tiene la facultad de disolver el Congreso, lo cual ensombrecería aún más un país considerado estable en el ámbito político. 

En una entrevista con el diario El País, Bukele declaró que los salvadoreños quieren “insurrección”: “El pueblo se enojó cuando pedí calma, pero si hubiera querido hubiera tomado el control de todo el Gobierno esta noche”. En su contra tiene a los poderes Constitucional y al Legislativo, así como a organismos internacionales.

En el ámbito internacional, varias naciones que apoyaron a Bukele cuando asumió la presidencia, —Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea— mostraron su malestar por el delicado incidente.
El Embajador Ronald Johnson (@USAmbSV) February 10, 2020 tuiteó en su cuenta personal que El Salvador solo mantendrá los avances positivos en seguridad e impulsar el crecimiento económico si todas las ramas del gobierno trabajan de manera independiente, respetan el Estado de derecho, mantienen el rol no político de @FUERZARMADA y @PNCSV.

El partido derechista Arena solicitó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que active los mecanismos establecidos en la Carta Democrática Interamericana (CDI) para evitar el rompimiento del orden constitucional.

Por su parte, el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional exigió al mandatario frenar amenazas propias de una dictadura.

La Unión Europea expresó en un comunicado la gran preocupación que ha causado el enfrentamiento entre las instituciones en el país centroamericano. Y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social pidió desactivar la crisis. 

También el sector empresarial salvadoreño está preocupado por los sucesos.

Para Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), las acciones del presidente Bukele fueron innecesarias y peligrosas debido al “uso abusivo de la fuerza con un mensaje provocador”.
Un documento publicado en el sitio de la ANEP reseña que para Cardenal esta decisión “...viene a 'echar al suelo' la imagen que tenía El Salvador como un país estable y políticamente maduro, aspectos que incidían en la atracción de inversión, generación de empleos y desarrollo, pero que ahora los inversionistas pensarán dos veces antes de operar en el país”.
Para el empresario, la situación es grave, pues los inversionistas cuidan sus recursos, sus ahorros y no se arriesgarán en un lugar sin garantías suficientes de estabilidad y seguridad, que permita la seguridad de sus dineros de cara al futuro.

Los próximos días serán de definiciones en El Salvador. Es muy difícil que el jefe de gobierno se retracte de sus acciones, y también que lo obedezca el Parlamento. Medir fuerzas entre los poderes de la república siempre es altamente peligroso.