Honduras en elecciones primarias

Este domingo se celebrarán elecciones primarias en Honduras, en las que la población escogerá, entre numerosos políticos, a aquellos que serán candidatos en las generales —presidenciales, diputados y alcaldes— de noviembre próximo, entre ellos el actual mandatario Juan Orlando Hernández.

A las urnas están convocadas 5.7 millones de personas, en un proceso que será observado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en los 18 departamentos del país centroamericano. En conjunto, están en juego 2 990 cargos.

En estos comicios preliminares, antesala de los presidenciales, participan 10 partidos, entre ellos, el Partido Nacional (PN) en el poder, el Liberal y el Libre, del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009).

Además del presidente, serán escogidos los posibles postulados a tres vicepresidentes, 298 alcaldías y 128 diputados e  igual número para suplentes en el Parlamento Nacional. También 20 fijos y la misma cantidad de suplentes para el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Será esta la primera vez que un presidente aspire a un segundo mandato en Honduras, si es electo en estas primarias por el PN, ya que la Constitución Nacional prohibía, hasta 2015, la reelección en ese magno cargo.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia resolvió ese año “impedir la aplicación del artículo Procesal Penal hondureño” que prohibía tales aspiraciones desde 1982, en lo que politólogos consideran una ilegalidad, pues era imprescindible preguntarle al pueblo.

Cualquier político que desde esa fecha pretendiese un segundo mandato era penado por la violación del artículo 239 de la Carta Magna.

La imposibilidad de una reelección era tan poderosa (recuérdese que ese país vivía bajo un sistema bipartidista Liberal-Nacional), que incluso cuando Zelaya intentó reelegirse para continuar los programas sociales en defensa de los más pobres, y propuso un referendo, la reacción utilizó ese argumento para defenestrarlo mediante un golpe de estado cívico-militar en 2009.

En realidad, Zelaya cometió un grave error a los ojos de los políticos tradicionales, incluso de los liberales que lo candidatearon, cuando se acercó a determinados organismos integracionistas, como la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA) para solicitarle la colaboración para paliar los graves problemas económicos y sociales de la nación. Fue acusado por los conservadores de querer convertir a Honduras en una nueva Venezuela. Lo secuestraron, lo montaron en un avión, y lo suprimieron de la vida política nacional.

Sin embargo, con Hernández la situación es diferente, pues es el presidente que le conviene a la oligarquía local y regional, y al contrario del dignatario expulsado del país, sirve de manera conveniente a los intereses de los militares y otras fuerzas retrógradas hondureñas.

De tal manera que mientras a un dignatario se le impidió la convocatoria a una consulta al pueblo, a otro le es permitido la reelección de un plumazo, gracias a la disposición de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y el apoyo de las instituciones estatales, empresarios y de las fuerzas armadas que derrocaron a Zelaya.

Si Hernández puede presentarse de nuevo a las urnas es porque las derechas hondureñas estiman que su presencia es un muro contra el expresidente, que se apartó de los liberales, y fundó el Partido Libre, de gran aceptación en el país.

Otro mandatario que no sea Hernández pudiera quebrantar la alianza política del sector conservador de Honduras, que trabaja como una bien engrasada maquinaria para impedir el surgimiento de un nuevo líder progresista.

Quienes gobiernan ahora son los que burlaron la Carta Magna en 2009 y que ahora la reacomodan para mantener sus intereses económicos y políticos fuera de cualquier peligro. Es decir, el mandato constitucional perdió su mérito ético en esa nación de unos ocho millones de habitantes.

Analistas consideran que aunque después del golpe una buena parte de la población ha ganado conciencia y protagoniza grandes protestas callejeras (no olvidar que el pueblo estuvo semanas en vigilia luego del derrocamiento de Zelaya) en rechazo a los altos niveles de pobreza (64 %) y los sonados casos de corrupción de políticos vinculados al oficialismo.

Entre los presuntos implicados en el actual escándalo de corrupción está el expresidente Porfirio Lobo (2010-2013), el ministro de Seguridad de Hernández, Julián Pacheco Tinoco, diputados del PN y del Liberal, y alcaldes, acusados de recibir grandes cantidades de dinero para permitir la entrada de avionetas con drogas y protección de la carga en el territorio nacional.

También se les imputa —debido a declaraciones de un miembro del cártel de narcotraficantes hondureños “Los Cachiros” en prisión en Estados Unidos— por otorgarles contratos a los mafiosos para la construcción de obras de infraestructura a las empresas de ese grupo criminal.

Devis Leonel Rivera, exjefe del cartel hondureño Los Cachiros, quien se entregó a las autoridades estadounidenses en 2015, y testificó el pasado lunes en el juicio contra Fabio Lobo, hijo del exgobernante, precisó que el padre también participaba en el negocio del narco.

Fabio Lobo, según el declarante, colaboró con la banda criminal en el traslado de cocaína a Estados Unidos.

El comportamiento de los dos últimos gobiernos del PN permite que haya en Honduras un clima de absoluta impunidad para los narcotraficantes, sus empresas, y los asesinos de activistas sociales y medioambientales —todos relacionados— como el caso de la lideresa lenca Berta Cáceres, baleada mientras dormía en su hogar hace un año, sin que hasta ahora se haya hecho justicia.

Este fin de semana a Hernández no le quedó otra que pronunciarse sobre el actual escándalo, y se pronunció por encabezar “una lucha frontal contra los criminales sean quienes sean” y “se metan donde se metan, pues nadie está por encima de la ley”, a pesar de que él mismo la burló cuando aceptó un cambio constitucional para poder reelegirse sin consultar al pueblo.

EN BUSCA DE UNIDAD ANTE EL OFICIALISMO

En busca de cortar el cordón bipartidista en el gobierno (Nacional-Liberal) y a pesar de los peligros a que se enfrenta, la oposición política hondureña intenta unirse para detener la reelección de Hernández.

El Partido Libre promovió la Alianza Nacional Opositora con el Partido Anticorrupción (PAC), de Salvador Nasralla, en uno de los países más corruptos de América Latina, y con el Innovación y Unidad para presentarse en bloque —luego de las definiciones de las primarias— en las próximas presidenciales.

Aunque el Partido Liberal también tomó sus medidas con una propaganda feroz ante el escenario de una eventual reelección de Hernández, pues si bien traicionó a Zelaya, el PN lo dejó fuera del pastel, y no logró como era habitual agenciarse la presidencia, debido a que primero ganó Lobo y después Hernández.

Expertos consideran que esta organización ha perdido una buena parte de sus miembros que se incorporaron a Libre, mientras el resto es ignorado para la repartición de los cargos públicos por el PN.

La situación política en Honduras es compleja debido a la unión Estado-narco-Iglesia, que deja pocas brechas a los cambios, al menos a los altos niveles de gobierno. Por el contrario, esos sectores intentan la inmovilidad institucional para mantener sus altos niveles de enriquecimiento.

Militares, políticos y funcionarios públicos integran una cofradía que aunque al parecer es indestructible solo puede quebrarse a partir de los resultados de las elecciones primarias y luego las generales.

No obstante, aun cuando en el mejor de los casos ganara un partido de oposición, la lección dejada por el derrocamiento de Zelaya todavía pesa en el imaginario popular, aunque se reconozca que los partidos tradicionales y los funcionarios públicos responden a intereses oscuros de políticos y narcos.