Esperanza quebrada

Dos años después –este 26 de septiembre- de la desaparición forzosa de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en el violento estado mexicano de Guerrero, son pocos los que apuestan por encontrarlos vivos o siquiera sus restos, quizás enterrados en cualquier fosa común de ese país.

Con el paso de los días y los meses se quebranta la esperanza que animó a millones de mexicanos que reclamaron, con los familiares de los raptados al frente, les fueran entregados con vida los muchachos detenidos y entregados por las autoridades de la localidad de Iguala al grupo mafioso Guerreros Unidos.

Los jóvenes estudiantes de la escuela Normal Rural Isidro Burgos, donde se formaban como maestros, que luego serían ubicados en las zonas más pobres del Estado, partieron en un ómnibus hacia la cercana localidad de Iguala, donde –una tesis no comprobada− participarían en una manifestación pacífica contra los métodos políticos del alcalde José Luis Abarca, más tarde detenido por su presunta participación  en este caso.

Antes de que pudieran bajarse, el bus, esperado por el batallón 27 de la policía, fue tiroteado. El saldo fue de siete personas muertas, entre ellas algunas que viajaban por asuntos personales. Ahí comenzó la cacería de los jovencitos que fueron apresados y llevados a la cárcel. Testigos de los sucesos que allí acontecieron, los vieron por última vez cuando eran trasladados a otro recinto. Nadie vio cuando los sacaron y mucho menos adonde los llevaron.

MÉXICO DE PIE

A partir de ese momento, los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos comenzaron una movilización que no termina, con la exigencia a las autoridades locales y federales de que les devolvieran vivos a sus hijos. El caso Ayotzinapa, que puede ser uno más de los miles de asesinatos y desaparecidos que ocurren en México, caló profundo en el pueblo, que desde entonces reclama el retorno de los jovencitos, de extracción muy humilde.

En estos dos años, los allegados y solidarios grupos de apoyo han recorrido el país en caravanas en más de una ocasión para explicar lo ocurrido en Guerrero. En cada pueblo se les unen personas que denuncian al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, como máximo responsable de la injustica. Peña Nieto recibió a los familiares en la capital federal, pero no solucionó el problema, que sigue en un limbo de absoluta impunidad.

Según fueron aflorando los resultados de las investigaciones, algunos analistas consideran que el gobierno federal intenta el olvido colectivo, ya que a estas alturas ningún equipo de expertos ha llegado a conclusiones definitivas.

En el campo de las especulaciones está la posibilidad argumentada por sicarios de la mafia Guerreros Unidos de que ellos los mataron y luego los quemaron en un basurero del pueblo de Cocula, lo que ha sido desmentido por los análisis de especialistas argentinos.

Otra hipótesis oficial es que los mafiosos confundieron − ¿Cómo hacerlo si el mismo Alcalde confesó que los había entregado a los bandidos?− a los estudiantes con rivales del bajo mundo.

La continua movilización de las familias, el apoyo popular y el rechazo a las investigaciones oficiales, hicieron que arribara a México el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CID) mediante una coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR).

El 6 de septiembre del pasado año, luego de revisar en el terreno de distintas locaciones el rastro de los desaparecidos, el GIEI llegó a la conclusión (como antes los especialistas argentinos) de que no existe evidencia de que los 43 estudiantes fueran incinerados en Cocula. La reacción de la PGR fue romper el acuerdo con la GIEI.

En su segundo informe, la GIEI demostró que, de manera sistemática, mandos de gradación media y alta, además de políticos, ocultan información y mienten sobre los sucesos de Ayotzinapa.

Este impune caso, que fue presentado por los parientes en  la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, deja a estas alturas poco margen para conocer la verdad de lo ocurrido el aciago 26 de septiembre de 2014, aunque la Fiscalía Nacional afirmó a principios de este mes que los teléfonos celulares de los desaparecidos estuvieron activos durante meses después de los sucesos.

Este doloroso hecho, a lo que se une el hallazgo en los dos últimos años de cientos de fosas comunes de personas desaparecidas, evidencia la aparente imposibilidad de la gerencia federal de enfrentar a los gobiernos paralelos instalados en Estados y Municipios.

Este 26 de septiembre, los 43 de Ayotzinapa seguirán arropados por su pueblo. En una lucha por la verdad donde no existe el desmayo, desde hace varios días una caravana organizada por representantes de 40 organizaciones recorrió México hasta llegar a la capital federal, donde, una vez más, exigirán la inexistente justicia.