Si tuviera vergüenza, que no la tiene, la derecha brasileña debía sentirla durante la inauguración este viernes de los XXXI Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, mientras apuñalea la democracia en la figura de la presidenta legítima Dilma Rousseff, víctima de un golpe de Estado parlamentario y en camino a una definitiva destitución del cargo el próximo mes.
El disfrute de asistir al estadio Maracaná, un símbolo de la ciudad, le pertenece por derecho a Rousseff, quien durante sus dos mandatos organizó el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos hasta su último día en el cargo, del cual fue separada en mayo último por 180 días.
Mientras se ultimaban los detalles de la apertura de la fiesta deportiva mundial en la tarde-noche carioca, una Comisión del Senado brasileño determinó, luego de un taimado proceso orquestado por los conservadores del patio para beneficio de los internacionales, someter a la Presidenta electa por casi 55 millones de votos a un juicio político por delitos no comprobados, lo que habla de la llamada “cucarachera política” existente en Brasil.
Medios de prensa internacionales informan de las continuas movilizaciones que desde hace varios días, mientras llegaban los atletas, recorren las calles de las principales ciudades brasileñas, en especial la urbe carioca, en protesta por el manejo que hizo la derecha para la destitución de esta luchadora revolucionaria.
A la misma hora del comienzo de la Olimpíada del 2016 habrá en las calles cariocas una marcha de unidad política y social contra las maniobras golpistas convocadas por tres organizaciones: Frente Brasil Popular, Frente Pueblo Sin Miedo y Frente de Izquierda.
Según Joao Pedro Stedile, líder histórico del Movimiento de los sin Tierra, el punto de encuentro será el famoso barrio de Copacabana “para denunciar al mundo al gobierno golpista, que tuvo el descaro de abrir el evento en nombre del pueblo brasileño”.
En un artículo publicado en Brasil de fato, Stedile afirmó que a lo largo de este mes habrá muchas convocatorias en toda la nación, y está en discusión por los movimientos sindicales y populares “el llamado a una huelga general para demostrar a la burguesía que ellos podrán tomar al gobierno por asalto, pero si la clase no trabaja y no produce no habrá bienes ni mercaderías en las sociedad”.
Otros medios de prensa informan sobre las protestas que habrá en Brasilia, capital federal, a partir del próximo día 29, cuando comienza la semana de votación para la destitución definitiva de la mandataria, además de campamentos de vigilia en los 27 Estados.
Durante el proceso iniciado contra la revolucionaria presidenta, cuyos logros son imposibles de obviar, lo que le valió la reelección, quedó demostrado el alto grado de corrupción económica y política en que están inmersos una gran parte de los diputados y senadores cómplices del golpe de Estado, una fórmula ya utilizada por Estados Unidos para derrocar al presidente Fernando Lugo, en Paraguay en 2012.
Este jueves, una Comisión Especial del Senado votó a favor del juicio político —como antes había hecho la Cámara de Diputados— proceso que continuará luego de que finalice esta Olimpiada, opacada en su brillo por el disgusto popular y de las personas con vergüenza en el mundo.
Hasta ahora, aunque pocos politólogos lo consideren, habrá un resultado favorable final en el juicio político, no se han probado jurídicamente los delitos de probidad administrativa presentada contra la Jefa de Estado. La parte acusadora presentó un legajo de 441 páginas leídas por el senador Antonio Anastasia, quien pidió seguir adelante contra la mandataria.
Si es destituida de manera definitiva, el suplente neoliberal Michel Temer, del derechista Partido del Movimiento Democrático Brasileño, podría seguir en el Palacio del Planalto hasta 2019, si el pueblo lo deja, pues su aprobación apenas ronda el 12 por ciento. Incluso Telesur publicó que en la ceremonia de apertura de los Juegos habrá música mientras él pronuncie unas pocas palabras, para evitar que se escuchen los probables abucheos.
Al contrario de los acusadores, el abogado de Rousseff, José Eduardo Cardozo, afirmó en la defensa “que no existe ni un solo elemento con validez suficiente para sustentar el juicio político contra la mandataria, porque no hay irregularidades en su actuación ni en el manejo de los presupuestos”.
En el contexto de los Juegos Olímpico también aparecen otros lunares sociales de la urbe carioca.
También este jueves, mientras la Antorcha Olímpica que encenderá el pebetero recorría Río de Janeiro —Río de Enero en español— otra de color negro salpicada de manchas rojas como símbolos de la sangre de las víctimas de la violencia urbana y policial recorrió la Baixada Fluminense, cinturón periférico de la rica zona Sur de la capital municipal.
Esa pieza llamada “la antorcha de la vergüenza” viajó por los barrios norteños de la Baixada (bajada) Fluminense escoltada por unas 10 000 personas que exigen la presencia de las fuerzas policiales que los protegen de los narcotraficantes que salieron huyendo de las favelas y se reubicaron en esta amplia zona.
Desde el Mundial de Fútbol del 2014 aparecieron en las favelas del Sur las llamadas Unidades de Policía Pacificadora (Upps), que también estaban en los puntos más complejos de la Baixada, una región también considerada violenta.
“Ahora con las Olimpiadas, al igual que pasó con el Mundial de Fútbol, vemos que refuerzan las zonas turísticas cercanas a las favelas y cae el número de efectivos en la Baixada Fluminense”, opinó Douglas Almeida, uno de los coordinadores del Fórum Grita Baixada.
Son más de 67 000 los militares y policías con armamento pesado, incluidas tanquetas, que patrullan las calles de la Zona Sur. La alcaldía incrementó en 850 millones de dólares adicionales su presupuesto para la seguridad.
Son estos algunos de los grandes nubarrones que empañan hoy los Juegos Olímpicos.
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