Aunque en terreno minado, el gobierno izquierdista de Perú obtuvo la aceptación del Congreso Nacional, sin el cual no podía operar, pero sin que ello signifique que pueda respirar con profundidad, dada la estrategia derechista para impedir que cumpla la promesa de cambiar las estructuras en que se asienta el país andino.
El presidente Pedro Castillo, maestro rural en Cajamarca, ganador de las elecciones del pasado 6 de junio y a quien su contrincante —la derechista Keiko Fujimori, trató de arrebatarle la victoria— pudo asumir su cargo un mes después, en medio de una campaña mediática que utilizó su supuesta ideología comunista y su interés en la redacción de una nueva Constitución Nacional.
La fortaleza del órgano legislativo es visible en la política peruana. En los tres últimos años, los legisladores derechistas comandados por Fujimori y su partido Fuerza Perú, junto a sus aliados, lograron desarticular tres gobiernos —los de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Manuel Merino— y ahora dilataron al máximo la asunción presidencial para no aceptar después su Ejecutivo. De ahí que en la última semana la población que apoya al profesor Castillo, con un máster universitario y líder magisterial en su región, se mantenía en ascuas, dada la historia de intervención y decisiones arbitrarias de los congresistas.
En Perú viven 32 510 453 personas, 10 millones de ellos pobres. Ahora tienen el poder, por voluntad popular, representantes de los pueblos indígenas, también llamados cholos, —entre los que figuran Castillo y su primer ministro Guido Bellido.
Los indígenas peruanos, que según entidades oficiales son 4 200 000, siempre estuvieron relegados en la escala social. Su categoría vivencial los destina a ser criados domésticos o vendedores ambulantes. Las familias adineradas, asentadas de preferencia en Lima, la capital, los contratan como sirvientes, choferes y cuidadores de mascotas, sin requerimiento de estudios. Sus salarios son precarios y son tratados como esclavos.
La oligarquía no soporta la idea de renunciar a sus privilegios y reniega de la posibilidad de tratar como iguales a los nuevos líderes oficialistas. Por eso hará hasta lo imposible para eliminar al presidente que habla en quechua y aimara, igual que sus ministros. Los ataques son continuos y no cesarán.
De hecho, el primer canciller de esta nueva etapa política, Héctor Béjar, debió renunciar por “su pasado guerrillero”, dijo, mientras la media indica a Bellido como alentador del terrorismo, un tema controvertido en el país.
Doctor en Sociología, abogado, escritor, artista plástico y profesor universitario, Béjar es un histórico referente de la izquierda peruana. Detenido por su accionar político en la guerrilla y amnistiado en 1970 por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, se incorporó al proyecto de reforma agraria impulsado por la gestión presidencial y coordinó el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), una de las herramientas que surgió en defensa de las nuevas conquistas sociales.
La gestión de Béjar al frente de la Cancillería duró poco más de dos semanas. Renunció al cargo luego del fuego cruzado que causaron sus declaraciones en las que acusó a la Marina de ser la institución que inició el terrorismo en el Perú y que algunos de sus oficiales fueron capacitados por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. La presión opositora y el repudio público de la Fuerza Armada condujeron a su dimisión. En su lugar, fue nombrado Óscar Maúrtua, un diplomático de carrera y moderado excanciller.
La designación de Maúrtua expresa algunas de las contradicciones que se plasman en el Gobierno, sobre todo entre el fundador del partido Perú Libre y exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, y Castillo.
“El nuevo canciller no representa el sentir de Perú Libre. Nuestro partido es un ente integrador y soberano, apuesta por una Latinoamérica unida independiente, rechazando cualquier política injerencista o servil”, indicó, sin mencionar que Maúrtua es amigo cercano de Castillo. Su partido, Perú Posible, llevó a Castillo por primera vez como candidato.
EL FUJIMORISMO PERDIÓ OTRA VEZ
El Congreso Nacional funciona bajo la presidencia de la abogada María del Carmen Alva, miembro del partido Acción Popular, una alianza de sectores de distintas tendencias políticas.
En ese contexto de ciertos roces internos en el Ejecutivo y la derechización del parlamento, algunos apostaron a que el cuerpo ministerial no pasaría la prueba de confianza.
Centro de las miradas fue Bellido, militante de Perú Libre y hombre fuerte de Cerrón, blanco de las críticas opositoras tanto, según indicaron algunos medios, por lo gravitante de su cargo como por su posicionamiento homofóbico.
El premier fue encargado de exponer ante el Legislativo el programa oficial y solicitar el voto para ejecutarlo. Comenzó su presentación ante la Cámara hablando en quechua y reivindicando la plurinacionalidad del Perú. Con un mensaje conciliador destacó el respeto a las libertad de expresión y se deslindó de los las acusaciones de terrorismo.
También plasmó sus principales propuestas de gestión: fortalecer la empresa estatal PetroPerú, impulsar grandes obras públicas con eje en el transporte, promover la vacunación contra la Covid-19 y avanzar con mejoras concretas para los sectores campesinos. La gran ausente de su exposición fue la Asamblea Constituyente, principal promesa de Castillo en la campaña.
Bellido, Cerrón y Castillo coincidieron en que no era el momento para traer a escena uno de los asuntos más álgidos del país. Tal decisión indica y define la apuesta inicial del profesor de intentar modificar la Constitución con la anuencia del Congreso, porque en las actuales circunstancias en que debe prevalecer la idea de fortalecer el gobierno sería jugarse la frágil institucionalidad nacional.
VICTORIA SOBRE EL ALA FUJIMORISTA
La oposición, a pesar de ser mayoría en el parlamento —el oficialismo posee solo 37 escaños— y de sus deseos de borrar la imagen presidencial de un maestro tocado con un sombrero de paja usado por los campesinos en el Perú profundo, conoce que la calle está demasiado caliente a su favor como para lanzarse ahora a una aventura destinada al fracaso.
Los seguidores del nuevo Ejecutivo, que son millones, están dispuesto a defender la esperanza que en sus lenguas nativas le transmite el mandatario, quien ni siquiera utiliza como sede de su gestión el Palacio Pizarro, redujo su salario y el de sus titulares y comenzará a partir de ahora a dar cuerpo a las promesas hechas durante su campaña, en la que dialogó con los más pobres, montado a caballo, por regiones inhóspitas del país.
Este hombre de estatura pequeña, que viste sobriamente y llegó a la presidencia con un lenguaje de cambios políticos, tiene en su contra a la poderosa oligarquía local y la burguesía limeña, además de los grandes centros de poder económico, político y mediático de la capital.
Sin embargo, nada parecía atemorizarlo en su primera confrontación con los congresistas. A pie, acompañado de sus ministros, llegó a la sede legislativa, y allí cada uno explicó los programas a su cargo. El resultado fue que, mediante alianzas con otros partidos, se reunieron los votos necesarios para recibir la confianza parlamentaria y el nuevo gobierno comenzara a trabajar, hasta entonces frenado por las dilaciones preparadas por la derecha consagrada.
Mucho se estaba jugando el gobierno en este primer tope. Si el Congreso certifica su confianza, el presidente valida al gabinete propuesto. En caso contrario puede comenzar un proceso laberíntico que podría terminar en la convocatoria a nuevas elecciones.
Si el rechazo es mayoritario, cada ministro debe ser depuesto de sus funciones y dimitir del cargo. Si ese órgano niega en dos ocasiones seguidas la confianza al gabinete, el Ejecutivo posee la capacidad de disolver el Parlamento y convocar nuevamente a presidenciales.
El pasado viernes, tras más de 24 horas, con 73 votos a favor y 50 en contra, el profesor Castillo ganó. En su decisión, el Congreso también sintió la presión popular, tras conocerse la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), hecha entre los días lunes 16 y el jueves 19 pasados, la cual indica que un 56 % de los entrevistados considera que debía respaldar a los ministros propuestos en el pedido de confianza.
La votación expresa también la construcción de alianzas que Perú Libre pudo crear hasta ahora. A sus 37 curules y los cinco de Juntos por el Perú, se sumaron la bancada de centroderecha de Somos Perú, el centroizquierdista Acción Popular y algunos congresistas de Podemos Perú. Así, el gobierno obtuvo voluntades suficientes.
Los derechistas Avanza País, Renovación Nacional y el fujimorismo aclararon desde un primer momento que no acompañarían al equipo propuesto por Castillo. A los que votaron en contra se suma el liberal Partido Morado, que rechazó la propuesta porque no había referencia a los derechos de la población LGTBI+.
PRESIDENCIALISMO Y PARLAMENTARISMO
Perú aún maneja su política interna sobre la base de la Constitución Nacional, aprobada bajo la dictadura de Alberto Fujimori en 1993, que oscila entre el presidencialismo y el parlamentarismo. Ese político derechista, condenado a 25 años de cárcel por varios delitos, manejaba esa dualidad para satisfacer sus intereses.
La puja de poderes surgió con la política fujimorista y la mayoría con que contaba ese movimiento. A partir de entonces, siempre hubo enfrentamiento entre las dos instituciones.
En una medida que motivó la simpatía de la gran mayoría de la población, salió un decreto oficial que endurece las condiciones de cárcel de reclusos de alta peligrosidad, como Fujimori y su exasesor Vladimiro Montesinos. Ya Montesinos fue trasladado al penal de Ancón II. Se espera que similar suerte sea destinada a Fujimori.
El ex asesor presidencial, al igual que su jefe, poseía notorias libertades en sus condiciones de encierro. El hombre de confianza del exgobernante que destruyó la guerrilla Sendero Luminoso es acusado ahora de coordinar desde su reclusión el pago de sobornos a miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que favorecieran a Keiko Fujimori.
Términos y condiciones
Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social. Recomendamos brevedad en sus planteamientos.