Medio ambiente e Inversiones: el camino sustentable

Cuando alguien planea una inversión, puede tomar dos caminos: dañar los recursos naturales para lograr altos dividendos o aplicar fórmulas que protejan —aunque implique costos económicos— la biodiversidad.

En algunos países de América Latina, donde el neoliberalismo abrió puertas a trasnacionales, lo que predominó fue la ley del sálvese quien pueda y ello era aplicable a todas las esferas. El afán por la obtención de riquezas negaba el patrimonio boscoso, no tenía en cuenta el cuidado de los mares o el suelo ni el resguardo de la flora y la fauna. Resultó una concepción desarrollista alejada de la sustentabilidad que requieren los valores más preciados de la naturaleza.

El Grupo de Trabajo sobre Desarrollo y Medio Ambiente en las Américas, que desde el 2004 reúne a investigadores de diversos países, ha llevado adelante estudios empíricos sobre los impactos sociales y medioambientales de la liberalización económica promovida por Estados Unidos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en la región.

Uno de los asuntos que el Grupo ha analizado con mayor inquietud es el proceder de la industria papelera en Chile. Un informe sobre esta situación da cuenta de que los riesgos involucrados en proyectos de gran escala, dada la falta de patrones mínimos y estándares claros, combinados con la carencia de un adecuado monitoreo individual, son los temas medioambientales más importantes que afectan al sector forestal chileno.

“Las operaciones de pasta de celulosa y papel en general son a gran escala, creando un riesgo ambiental significativo. Solamente a través de una fuerte regulación y monitoreo local se puede prevenir el daño ambiental”, señala el documento.

Sin embargo, medio ambiente e inversiones no deben verse como dos elementos excluyentes; es posible entre ellos una unión complementaria que tribute al beneficio de todos. Y el Estado receptor de capital externo ha de adoptar las medidas que garanticen —a la par de una factibilidad de oportunidades— la preservación del medio ambiente como aspecto esencial de su soberanía.

EL CASO CUBANO

Previo a la aprobación de la Ley de Inversión Extranjera por el parlamento cubano, uno de los puntos más discutidos fue la cuestión medioambiental, por la importancia que tiene dentro de la concepción de “un socialismo próspero y sostenible”.

El gobierno y Estado cubanos prestan vital importancia a la preservación de los recursos naturales, expresado en una actuación coherente desde el triunfo de la Revolución. La promulgación de la primera Ley Forestal en 1959 y la creación de nueve parques nacionales como resultado de ella dan muestra de esa voluntad política.

No podemos olvidar las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro, en la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, cuando llamaba a preservar la propia especie humana, en peligro de desaparecer. Igualmente, dos años después, como respuesta a los planteamientos de Río se transforma, junto a otras propuestas en referéndum, el artículo 27 de la Constitución cubana, para introducir el concepto de “desarrollo económico, social y sostenible”, más amplio que el referido solo a la protección del medio ambiente.  

La nueva Ley de Inversión Extranjera contiene un capítulo dedicado al tema, con cinco artículos bien precisos. En ellos se deja bien clara la posición cubana respecto a la introducción de capital foráneo: “La inversión extranjera se estimula, autoriza y opera en el contexto del desarrollo sostenible del país, lo que implica que, en todas sus fases, se atenderá cuidadosamente la introducción de tecnología, la conservación del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales”.

Se le brinda al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) facultades para que ante cada inversión evalúe su conveniencia desde el punto de vista ambiental y decida si se requiere la realización de una evaluación del impacto, así como la procedencia del otorgamiento de las licencias pertinentes y el régimen de control e inspección.

Igualmente, el CITMA “dicta las medidas que se requieran para dar solución adecuada a las situaciones que ocasionen daños, peligros o riesgos para el medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales”.

A principios de abril de este año salió a la luz el Reglamento que regirá en la Zona de Desarrollo del Mariel, megaproyecto esencial para el futuro de la nación. En el texto se establece que la Administración Portuaria exigirá el cumplimiento de las regulaciones ambientales pertinentes y ejercerá el control sobre las acciones para la protección de los recursos naturales.

Ello obliga a las empresas inversoras a adoptar “las medidas necesarias para impedir derrames, descargas, fugas, o vertimientos de hidrocarburos u otras sustancias nocivas o contaminantes en los muelles y demás instalaciones” del puerto.

Publicado por la Gaceta Oficial de la República de Cuba, el Reglamento también señala que “en caso de violación grave o reiterada de las regulaciones ambientales o de negligencia del concesionario, operador o prestador de servicios y usuarios del puerto; la Administración Portuaria (...) podrá suspender temporal o definitivamente cualquier permiso o autorización para la prestación de un servicio en el recinto portuario”.

De esa manera, Cuba cuenta con las herramientas legales necesarias para la preservación de sus fundamentales recursos. No se trata de facilitar el proceso inversionista sin calcular riesgos o sin tener el resguardo jurídico necesario ante una afectación determinada al país. El principal logro radica en comprender que inversión y protección medioambiental pueden ir de la mano cuando avanzan juntos por el camino de la sustentabilidad.