Uruguay: Victoria pírrica con mayúsculas secuelas (+Audio)

La pírrica victoria obtenida por el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou para implantar en su totalidad una ley con artículos que perjudican a una parte importante de la sociedad, demuestra la polarización de una ciudadanía que, de manera espontánea, trató de cambiar en las urnas un destino incierto.

Pocos días después de su asunción hace dos años, el abogado Lacalle, del histórico Partido Nacional, pero al frente de la Coalición Multicolor de cinco partidos de derecha, promulgó la llamada Ley de Urgente Consideración (LUC), de 478 artículos.

De ese enorme bulto representativo de su proyecto estrella de gobierno, 135 están destinados, en buena parte, a la agudización del sistema económico neoliberal con las graves consecuencias para una población que, en su conjunto, ve descender su nivel de vida y no solo, como algunos tratan de convencer, como resultado de la pandemia de COVID-19 que causó, hasta ahora, más de 6000 muertos en el pequeño país suramericano.

El presidente, descendiente de una casta de políticos que en distintos momentos gobernó Uruguay (su abuelo eliminó el Ejercito en 1948 y su padre también ocupó la primera magistratura en la década del 90 del pasado siglo), se sensibilizó con la idea de que tenía el poder absoluto para promulgar una legislación que constituye la solución, dice, de los problemas de su país.

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Para muchos, el centroderechista mandatario olvidó que no entró precisamente por la puerta ancha de la Torre Ejecutiva (sede gubernamental), sino con un mínimo de un puñado de votos y en segunda vuelta. Una ventaja exigua, como ocurrió ahora con la consulta popular, que no es lo mismo que un triunfo apabullante. Y en política esa diferencia debe significar cautela y humildad.

El solo hecho de que los movimientos sociales y las fuerzas de oposición lograran reunir 800 000 firmas para llevar a referendo el articulado de la ley que les perjudica ya es un triunfo. Ello significa, y se demostró en las urnas el pasado domingo, que más de un millón de uruguayos no adhieren su proyecto de hondas raíces conservadores y neoliberales.

HACER LAS CUENTAS

Uruguay es una nación polarizada, dividida en dos mitades casi iguales en la distribución del voto.

El gobierno de Lacalle Pou ganó el referendo por la mínima. La diferencia contabilizada por la Corte Electoral al cierre del escrutinio demostró una ventaja holgada a la opción por el SÏ a la derogación de los 135 artículos en los principales centros urbanos, como Montevideo, la capital, y Canelones.
 

La Corte Electoral del Uruguay divulgó los números de la pírrica victoria obtenida por el régimen derechista uruguayo en el referendo. (Tomada de Telesur)

Sin embargo, en las áreas rurales —donde se concentran las riquezas económicas— de esta pequeña nación suramericana de unos cinco millones de habitantes, la alternativa del No fue vencedora. Eran 2 684 131 uruguayos los habilitados para participar con voto obligatorio, en 7 060 circuitos electorales.

La diferencia contabilizada fue de 48 350 votos a favor de la boleta oficialista de color azul que incluyó los votos en blanco, como dicta la ley electoral. Solo así se entiende la victoria final del No.

Fueron 1 053 199 votos para mantener la LUC como está y 1 030 673 para convalidar su derogación. Como fuere, en la oposición y de cara a los comicios de 2024 se percibió una cuestión. En el 2019 el triunfo rondó los votos que obtuvo la fórmula encabezada por Daniel Martínez, del izquierdista Frente Amplio (FA) que sacó el 47,35 % de los sufragios. Las cifras actuales dan cierto grado de confianza en que es posible recuperar el gobierno, luego de 15 años de mandato consecutivo de esa organización.

¿QUÉ PUEDEN ESPERAR AHORA LOS CONTRARIOS AL NO?

El referendo ya pasó, con sus lecciones políticas, y un plan elaborado para contrarrestar lo que se le viene encima a los uruguayos, en especial los vulnerables y el ensanchamiento de una grieta social que afecta la convivencia cotidiana de las personas.

El triunfo oficialista causa cierto temor en medios políticos. Días después de su asunción, el presidente mandó al Congreso Nacional una ley para ser aprobada en su totalidad —llamada ley ómnibus por su alto número de artículos, donde todo cabe— sin consulta previa ni discusión en las Cámaras, con variaciones en el Estado, con tendencia a achicarse, y a la vida social.

Una de las críticas de la oposición radica en que pasaría si cada vez que cambie un mandatario este enviase al Parlamento una norma sobre 100 temas que atañen a la sociedad y la gente saliera después a reunir firmas para poder pronunciarse.

El resultado podría ser el mismo de ahora. Una nación dividida, un gobierno a la defensiva pues aunque ganó por un mínimo de votos, se siente con el poderío de echar a andar, con toda libertad, su maquinaria de derecha.

Son varios los artículos que preocupan y seguramente serán motivo de movilizaciones y protestas en el período que gobierne Lacalle.

Uno de ellos es el 285, que en su contenido promueve la privatización de las empresas públicas pero con el eufemismo de “apertura de una parte minoritaria de su capital accionario mediante la suscripción pública de acciones”. Es evidente que el régimen duda de la inteligencia de sus conciudadanos.

Otro que genera rechazo público es el 392, el cual expresa que “El Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”, en contradicción con tratados internacionales ya firmados, pues iguala derechos que no lo son.

La educación también es lesionada. Las modificaciones expuestas en el artículo 127 eliminan la obligación de los padres de inscribir a sus hijos en centros educacionales, el 186 lo hace igual con la necesidad de planificar la educación pública por parte del Estado, y el 128 limita la libertad de cátedra, ya que exige en su norma “balance de puntos de vista”.

En materia agropecuaria, los artículos 357 y 358 de la LUC alteran la manera de otorgar las tierras ya que abre las posibilidades de excluir a los colonos de la obligación de trabajarlas. La entrega de terreno se basaría, según se determine, en criterios clientelares y no técnicos, pues brinda al Directorio del Instituto Nacional de Colonización la posibilidad de aplicar excepciones a las normas. Esta regla afecta a los pequeños y medianos productores, ya que pueden perder sus propiedades a manos de otros.

Tampoco estuvo de acuerdo la ciudadanía con determinados rejuegos legales en la realización de operaciones en efectivo. El artículo 221 de la LUC cambia el monto para realizar operaciones en efectivo al pasarlos de 40 000 Unidades Indexadas a 1 000 000 de Unidades Indexadas, lo que habilita por ley la llegada de capital considerado “oscuro” a la sociedad uruguaya e impide seguir el trazo de ese dinero.

A un problema de índole social, como es el de las personas en situación de calle, el gobierno pretende darle un enfoque represivo, también aplicable con el artículo 10, al criminalizar con una pena de prisión de 12 meses a seis años a cualquiera que deteriorase alguna cosa o inmueble de dependencias policiales o de Institutos de Rehabilitación, sin tomar en consideración situaciones atenuantes.

Son ya ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de bienes o personas en espacios públicos y considera como tales una movilización de protesta. Ese artículo, el 468, se completa con el 470, que permite intervenir a las fuerzas de seguridad ante hechos de apariencia delictiva. Ello significa que habilita detenciones arbitrarias basadas en criterios subjetivos.

Estos son solo botones de muestra de algunos de los puntos más rechazados por los que se inclinaron por el SI en la consulta pública.

La LUC en su conjunto fue concebida, según medios locales, para quitarle derechos a una mayoría popular en beneficio de una minoría adinerada y egoísta.

Queda claro en este ejercicio democrático impulsado solo por una masa anónima que la colectividad uruguaya existe, se movilizó, y obligó al gobierno a frenar, al menos de momento, la estrategia del ocultamiento y el oportunismo.

La mirada está puesta ahora en la resistencia y en las elecciones de 2024, en las que las fuerzas de izquierda intentarán retomar la Torre Ejecutiva.