El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou es considerado un hombre cordial, hasta afectuoso, pero cuando se trata defender los intereses de la oligarquía, no le tiembla la mano para tratar de implantar leyes y medidas de mano dura y represión hacia los pobres, y darle libertad económica a los poderosos.
Si se busca una explicación a las simpatías que este abogado de 48 años, procedente de una familia política tradicional, conservadora y católica, despierta en una parte de la población, los actores políticos entienden que la pandemia de la COVID-19 favoreció mucho su imagen y la de su gobierno, las medidas adoptadas a tiempo, la campaña de vacunación. A ello se une que la presencia de la enfermedad generó cierta unidad nacional en torno al mandatario, quien además, trató de convencer a la gente de que las 6 000 muertes ocurridas por esa causa fueron inevitables. Las personas se solidarizaron con el jefe del Ejecutivo, que recibió una alta dosis de solidaridad al considerar que le tocó una parte pésima en el inicio de su mandato e hizo lo mejor que pudo. Y ello generó mayores simpatías.
Lacalle Pou, cuyo padre Luis Alberto también ocupó la primera magistratura uruguaya (1990), desplazó en 2020 al gobierno al izquierdista Frente Amplio (FA), y desde un principio trató de implantar su visión de país que implica ahorro fiscal y pérdida de salarios, tratando de achicar al Estado desde el punto de vista social.
La Constitución uruguaya establece que el Poder Ejecutivo puede enviar al Parlamento proyectos de ley considerados de “urgente consideración”, lo que habilita un tratamiento especial en ese espacio.
Tras un previo y controversial proceso de discusión entre las principales fuerzas políticas del país, la votación favorecedora al gobierno se concretó con 18 votos a favor de la coalición de centro-derecha, contra 12 contrarios del FA.
El paquete legislativo fue considerado por agrupaciones sociales como irrespetuosa de la Carta Magna al contener demasiados capítulos (476), y además, antidemocrática por obviar una discusión popular, aun en medio del confinamiento por la pandemia.
Desde la restauración democrática, en 1985, apenas 13 proyectos de ley fueron enviados al Legislativo con esta condición de urgente consideración: nueve fueron aprobados y cuatro rechazados, pero solo tres de esas iniciativas eran de la categoría “ley ómnibus”, como esta. Una ley ómnibus es un tipo de norma que regula materias que, por su contenido, deberían estar en leyes separadas o que, referentes a un mismo contenido, tienen como finalidad ratificar decretos-leyes separadamente publicados.
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Uruguay es una pequeña nación de poco más de 3 000 000 de habitantes convertida en leyenda por la guerrilla urbana Tupamaros, que le hizo la guerra a la dictadura desde las alcantarillas citadinas, y es considerado uno de los mejores lugares para vivir en el planeta.
Es destacable que, en la actualidad hay actores políticos que resultan ofensivos hacia fuerzas opositores, una circunstancia poco conocido entre los educados ciudadanos del llamado ¨paisito¨ suramericano. Esos grupos actúan de manera agresiva y virulenta contra los defensores del progresismo y buscan ignoran la historia revolucionaria de ese país con costas bañadas por el río La Plata.
Analistas políticos consideran que en estos momentos, los uruguayos están por definir en el referendo del próximo domingo una parte básica de la Ley de Urgente Consideración (Luc), que el presidente presentó ante el Congreso Nacional, como programa de gobierno.
Mas allá de ganar o perder el referendo, la población uruguaya demostró al gobierno su poderío para luchar por su futuro (Tomada de larepública.uy)
LEY LIMITANTE
El 8 de julio de 2020 el Parlamento uruguayo sancionó la Luc, la cual plantea en los párrafos a una supuesta reforma, cambios en áreas tan diversas como seguridad, salud, educación, energía y derechos laborales.
La Luc, entre otros artículos discordantes, limita el derecho de huelga ya que declara ilegítimos los piquetes en espacios públicos o privados que “afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios”, establece la figura de la “apariencia delictiva” y aumenta el límite de transacciones en efectivo hasta 100 000 dólares, lo que, según críticas, habilita el lavado de dinero y permite la evasión impositiva.
Además, elimina la obligación de la educación inicial y recorta las funciones del Estado en el área, crea una modalidad de desalojo exprés de viviendas alquiladas y evita el modelo cooperativo de construcciones de casas.
Otorga potestad a policías y militares para registrar personas y autos en procedimientos “preventivos rutinarios”.
También habilita el cierre y/o privatización de áreas estratégicas de la petrolera estatal Ancap.
El mandatario reconoció que la legislación incluyó todas las normativas que el Ejecutivo entendió debía ser cambiado o añadido para transformar la forma de administración de su antecesor, el FA, entre 2005 y 2020, con Tabaré Vázquez y José Mujica como dignatarios.
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La Constitución uruguaya establece que el Poder Ejecutivo puede enviar al Congreso proyectos de ley considerados de “urgente consideración”, lo que habilita un tratamiento exprés en el recinto.
Desde la restauración democrática, en 1985, apenas 13 proyectos fueron enviados al Legislativo con esta condición de urgente consideración: nueve aprobados y cuatro rechazados, pero solo tres de esas iniciativas eran de la categoría “ley ómnibus”, como la actual.
El plan central gubernamental no tuvo la acogida que pensó el Ejecutivo de centro-derecha,
aunque confeccionó el proyecto sin contar con los distintos factores de la vida nacional —partidos opositores, sindicatos, movimientos sociales— el gobierno no pensó en las movilizaciones inmediatas que generaron la solicitud de un referendo para derogar 137 artículos dañinos a gran parte de la sociedad.
¿CÓMO SE LLEGÓ AL REFERENDO?
Para llegar al referendo de este domingo, y a pesar de que la Luc fue promulgada durante los primeros meses de gestión de Lacalle, organizaciones sociales y de derechos humanos, los sindicatos y los grupos partidistas opositores articularon una campaña nacional para reunir 750 000 firmas —de 673 000 necesarias— para habilitar la votación ante la Corte Electoral y derogar, si gana el Sí, los artículos más polémicos.
A pocos días del referendo, y cuando aún hay un 10 % de indecisos, el panorama nacional indicaba que, más que juzgar la vigencia de los 135 artículos cuestionados, hay un ambiente de sondeo nacional sobre la aceptación o rechazo a las políticas gubernamentales.
Quienes voten por el No, o sea, a favor de la Luc y la no derogación del articulado, apoyan a Lacalle, mientras quienes lo hagan por el SÍ son detractores del gobierno y se identifican con el histórico Frente Amplio.
En el cierre de campaña por el Sí, los grupos promotores llamaron a evitar que “Uruguay retroceda muchos pasos. Aumentar las diferencias y las injusticias no es el camino”, leyó en un comunicado el conocido actor César Troncoso.
Tras aclarar que “el referendo no es una causa partidaria y así lo entendieron quienes firmaron para pedirlo. Esta causa es por los derechos y las libertades de mujeres y hombres, en las ciudades y en el campo”.
La proclama reafirmó que el Sí es “por quienes tienen que esforzarse para llegar a fin de mes, trabajan y trabajaron toda la vida, por los que buscan empleo y también por los que emprenden, investigan, curan, aprenden”, y se instó a la ciudadanía a reflexionar antes del voto.
De manera simultánea, una masiva manifestación desde la explanada de la Universidad de la República hasta el Obelisco a los Constituyentes, respondió al llamado a “un banderazo del Sí en marea rosada” (color de la boleta opositora).
El presidente del FA, Fernando Pereira, convocó a defender derechos y a “una reflexión que supera a los partidos”, en un discurso dirigido a los indecisos ante la cercana votación.
Una encuesta de última hora de la consultora Cifra mostró un crecimiento por el Sí de 33 % en febrero a un 41 en marzo, mientras el No gubernamental se mantuvo en un estancado 45 %, aunque permanece el 10 % de indecisos que este domingo podrían decidir los resultados.
Las 800 000 firmas recogidas en una campaña de persona a persona constituyeron una tarea heroica que logró el movimiento popular y quedará en la historia grande, más allá del resultado de este domingo.
Reuniones, movilizaciones, festejos, análisis, posibilitaron conocer de manera pública de qué se trataba la LUC porque nadie, de acuerdo con el tratamiento dado por el gobierno, conocía el texto, pues basó su defensa en consignas. En este referendo hay, evidentemente, una pugna entre dos viejas concepciones históricas del Uruguay.
¿QUÉ VIENE TRAS EL REFERENDO?
Este referendo que llegó acompañado de congregaciones y actos culturales con enorme afluencia pública, es un temprano preámbulo, además, de la campaña electoral que comenzará a mediados del próximo año para el cambio de gobierno. Por tanto el resultado de la consulta condicionará hasta cierto punto el futuro inmediato.
Si el gobierno centro-derechista gana con amplitud, se sentirá en libertad de impulsar las reformas neoliberales, que en lo esencial rebaja jubilaciones y sube la edad, entre otras atribuciones.
Pero si gana el Sí, Lacalle Pou y su equipo tendrán que encarar un año pesado y de discusiones con sus oponentes.
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