¿Un adiós catalán?

Todos lo veían venir… y finalmente se produjo, luego de que el pasado 27 de septiembre las tendencias independentistas de Cataluña, en unas elecciones con un sonado récord de asistencia de votantes, se hicieran con la mayoría del parlamento regional al acumular setenta y dos de los ciento treinta y cinco escaños en disputa.

Pasarían apenas unas pocas semanas, y este noviembre las nuevas autoridades legislativas resolvieron promulgar el decreto que establece la concreción del desgajamiento catalán con respecto a la tutela oficial de Madrid, decisión que ha revuelto nuevamente los espacios políticos y mediáticos de la nación ibérica.

Lo cierto es que los diputados de los sectores secesionistas votaron unánimemente por la instrumentación del corte con respecto al resto de España, mientras que otros grupos minoritarios en el Congreso regional no fueron parcos en críticas con respecto al programa separatista.

Algunos de los oponentes coincidieron con los planteamientos del gobierno nacional, liderado por el derechista Partido Popular, con respecto a la “inconstitucionalidad” de las aspiraciones independentistas, y el “daño” que se haría al país en su totalidad al sentar el precedente de que cada región puede asumir la diáspora como decisión propia.

Una posición oficial que ha sido refrendada hace unas horas por el Consejo español de Estado al dar la anuencia al gobierno de Mariano Rajoy para que impugne legalmente la actitud de los separatistas, y que además cuenta con el apoyo de la dirección del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, con el cual el Partido Popular ha alternado hasta ahora al frente del país.

Como se ha dicho en otras ocasiones, las aspiraciones de secesión entre los catalanes tienen su origen en particulares circunstancias históricas, a las que se suman en los últimos años la tozudez del Madrid oficial para atender los reclamos y aspiraciones regionales, así como su fallida política económica —agravada por la crisis europea— con muy serias, frustrantes y prolongadas consecuencias sociales.

Todo ello conllevó a que los independentistas, que habían visto cortadas hasta ahora sus aspiraciones de realizar un referendo para separarse de España, enfocaran las elecciones parciales de septiembre último como una posibilidad para que la población local expresara sus preferencias sobre un tema tan sensible.

Hoy las alarmas vuelven a sonar entre los círculos de poder de La Moncloa, porque ahora la demanda separatista proviene de un legislativo regional avalado por una votación mayoritaria y, por tanto, sus reclamos tienen una proyección especial.

De hecho, y en consonancia con esta característica, la votación parlamentaria de este octubre estableció con fuerza de mandato que “en el plazo de un mes” se comience la tramitación de las leyes locales de “proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública” que serían, al decir de la prensa española, “las bases de la hipotética república catalana”.

Vale destacar que el desmembramiento de Cataluña sería un rudo golpe para la nación, toda vez que esa área geográfica tiene una población de 7,5 millones de personas y aporta el veinte por ciento del Producto Interno nacional.

Y si en Madrid el gobierno, sus aliados y las entidades no oficiales que critican el independentismo catalán, ya han empezado a mover los hilos legales para  descalificar la secesión, en el plano externo también se citan comentarios signados por la ojeriza contra toda diáspora.

Es el caso de los sesgados comentarios originados en Washington acerca de mantener a toda costa la unidad española, puesto que —aunque no se diga públicamente— no es conveniente para los intereses de la OTAN que uno de sus más “colaboradores” integrantes deba enfrentar la partición territorial.

Un punto de vista controvertido, si se recuerda que los Estados Unidos y sus restantes aliados occidentales fueron claves en, por ejemplo, descuartizar a una incómoda Yugoslavia, en plena Europa Central, o sembrar la fanática división interna en Asia Central y Oriente Medio.