Termina y comienza un año de tensiones políticas en Brasil

La lucha entre las fuerzas progresistas y de derecha en América Latina tiene una expresión diáfana en Brasil, donde mediante clásicas componendas políticas, pende sobre la presidenta Dilma Rousseff —cuando se cumple un año de su segundo mandato ganado en las urnas— un juicio político organizado por la oposición para destituirla por presunto apañamiento de las cuentas públicas del 2014.

Rousseff forma parte del grupo de presidentes que dirigen gobiernos de corte progresista, aunque en la gigantesca nación de más de 200 millones de personas, los cambios han sido cosméticos hasta cierto punto, pues la estructura de la economía y de la sociedad en su conjunto se mantiene intocable, aunque se observa una menor desigualdad en la distribución de la renta.

Este es el cuarto mandato político bajo la égida del Partido de los Trabajadores (PT), fundado por el obrero metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva. Los dos primeros estuvieron en manos del Lula da Silva (2003-2010) y este es el segundo de Rousseff, quien lo sustituyó en el cargo hace ahora cinco años.

En los planes de la derecha regional, apoyada por Estados Unidos, está la decisión —con distintas tácticas, pero similar estrategia— de derrumbar administraciones que de una u otra manera tratan de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos más pobres; no ceden paso al sistema neoliberal, y sin constituir revoluciones, sí se alejan de la dependencia de las naciones hegemónicas.

El 2015 termina bajo tensión política en Brasil y 2016 comienza de igual manera, pues el dilatado proceso contra Rousseff —por carecer de bases según se conoce hasta ahora— se ha alargado en el tiempo, y solo en febrero próximo será que el Congreso Nacional reinicie sus labores.

Las actuales maniobras para sacar a la dignataria del Palacio de Planalto, que vienen realizándose desde el 2014, ocurren en un contexto en el que se anuncia una retracción en la economía nacional para el próximo año, el análisis de las cuentas para el 2015, la celebración de las Olimpiadas del 2016, y el renacer de los movimientos populares que en las últimas semanas se lanzaron a las calles en rechazo al proceso de impugnación.

El gobierno federal y los 27 estados brasileños tienen problemas financieros y económicos. Brasil concluye 2015 con una contracción del 3,6 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) debido, en buena medida, a la situación económica global causada por la crisis capitalista mundial, y a otras consideraciones de carácter interno.

Si los estimados del Banco Central fueran ciertos, este dato sería de los peores desde 1990, cuando ocurrió una reducción del PIB de un 4,35 por ciento.

JUICIO CONTRA DILMA EN PROCESO

¿Cuál es la inculpación que la derecha intenta imponer contra la mandataria que aun con la delicada situación económica nacional mantiene vigentes los programas sociales iniciados por Lula y continuados y aumentados bajo su administración?

La oposición —y muy especialmente el derechista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), cuyo candidato Aécio Neves perdió las últimas presidenciales— acusa a la jefa de estado de incurrir en un supuesto “delito de responsabilidad” al —según sus líderes— dar como correctas las cuentas de la Unión Federal en sus resultados fiscales del 2014 y los balances preliminares del 2015, los cuales, dijeron, estaban falseados.

Aunque Rousseff niega ese tipo de escaramuza económica, los trámites para el solicitado juicio serán reanudados en febrero, luego de que la Corte Suprema de Justicia decidió que se invalidara el proceso desde un principio por irregularidades en la Cámara de Diputados.

Si fuera sacada de su cargo, la sustituiría por derecho el vicepresidente de la República, Michel Temer, —líder del centroderechista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB)—, con grandes diferencias políticas con la mandataria, pero al que ella debió aliarse para formar gobierno.

El líder de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, del PMDB, como Temer, y enemigo de la mandataria, acusado de corrupción y puesto a disposición de la Comisión de Ética de esa instancia, aunque sin retirarse del cargo, reconoció que “hubo errores de procedimiento”, entre ellos la creación de una Comisión Especial de 65 diputados de manera oculta, la cual determinaría la validez de las acusaciones y el eventual juicio.

A las artimañas de Cunha se oponen los legisladores de varios partidos que acompañan la gestión del PT, entre ellos el Comunista de Brasil, además de movimientos populares y sociales que tomaron las calles para evitar un golpe de estado parlamentario, ya utilizado por los conservadores con éxito en Honduras y Paraguay.

Un político clave en la causa golpista, el senador Acir Gurgacz, de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, recomendó este mes que las cuentas del Gobierno fueran aprobadas a esa instancia, con lo cual quedaría sellada la posibilidad de la impugnación.

El hecho es que la coalición gobernante posee mayoría en el Senado, que en definitiva tiene la última palabra sobre un juicio político, aun cuando la Cámara Baja adopte cualquier Comisión y declare válida la acusación.

Mientras, la primera que se alzó contra las voces que maniobran para su derrocamiento es la propia presidenta, quien declaró que “Mi vida pública no tiene manchas en absoluto”, y calificó el proceso sin bases legales.

Será 2016, por tanto, un año de pruebas para la política brasileña —en cualquier bando en que se milite— bajo la mirada atenta de millones de personas, tanto del país como del exterior, que siguen los Juegos Olímpicos y la repercusión que pueda traer a ese evento el entramado de los intereses opositores al gobierno.