Sudán sin estado de emergencia

El general Abdelfatah al Burhan levantó el estado de emergencia en Sudán decretado el pasado 25 de octubre, cuando mediante un golpe de Estado depuso al gobierno de transición del primer ministro Abdalla Hamdok. Esa decisión de eliminar la restricción la tomó en el curso de una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa, cuyos miembros recomendaron retirar la medida  y liberar a todos los detenidos bajo la ley de excepción, precisó un comunicado oficial.

El ministro sudanés de Defensa, Yassin Ibrahim Yassin, hizo la propuesta, considerada abarcadora en un momento en el que se realizan consultas auspiciadas por la ONU entre sectores políticos y de la sociedad civil para finalizar la crisis causada por el golpe y con vista a rescatar el proceso de cambio.

También el Consejo discutió la situación general de seguridad, así como la necesidad de crear la atmósfera propicia para el diálogo y el consenso nacional, según la nota gubernamental.

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Desde hace meses el país trata de concretar un intercambio con todos los componentes del conjunto social o con la mayoría, pero esa iniciativa está estancada mientras prosiguen las protestas callejeras contra el golpe militar que deshizo a la administración provisional y colocó toda la autoridad en manos de Al Burhan.

Ese asalto al poder —segundo desde 2019— puso en dudas la confianza popular respecto al proceso de transición, que además no cumplió las propuestas de transformación socioeconómica prometidas tras el derrocamiento hace tres años del entonces presidente Omar Hassàn al Bashir, ahora en prisión.

El evidente desencanto expresado en manifestaciones en Jartum, la capital sudanesa y en otras importantes ciudades y villas del interior, fue enfrentado por las fuerzas antidisturbios, choques que desde el pasado 25 de octubre hasta finales de mayo causaron 98 muertos, decenas de heridos y totalizaron centenares de detenidos.

Además, la crisis institucional desatada tras el derrocamiento de Hamdok continuó, pese al intento de reponerlo en su cargo, lo cual resultó un fracaso al pasar el tiempo y no lograr establecer un gabinete, algo que fortaleció las demostraciones contra los golpistas.

Con todo eso en contra, el levantamiento del estado de emergencia trata de revertir la tensa situación actual y recomponer la fracturada paz social, aunque para conocer hasta dónde alcanza la decisión y el impacto de la liberación de detenidos —los arrestados no vinculados con delitos contra de seguridad nacional y/o incluidos en el derecho penal.

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No obstante habrá que esperar, aunque la reacción primaria sea positiva, para comprobar si son los pasos iniciales necesarios para un compromiso permanente que posibilite dar otros hacia un entendimiento real y provechoso para todos, incluyendo a los partidarios de Al Bashir, que aún no cerraron definitivamente su capítulo político.

Quienes se oponen al mando militar permanente del Estado sudanés —como la coalición Fuerzas por la Libertad y el Cambio (FFC)— continúan demandando el cese de la violencia contra los manifestantes, reforzada cuando los antimotines emplean gases lacrimógenos y balas de goma.

Asimismo, junto con el cese de la fuerza, ahora los opositores unieron a su solicitud el punto de que las autoridades liberen a todos los detenidos políticos, aunque muchos de ellos ocuparon responsabilidades en la desmontada administración de Omar de Hassan al Bashir.

Actualmente, luego de casi ocho meses de protestas y tentativas mediadoras, la ONU, la Unión Africana (UA) y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) realizan consultas también con la junta militar de Al Burhan, para tratar de diluir la crisis política sudanesa.