Señores jueces: ¡nunca más!

En una absoluta falta de ética con la memoria histórica del país, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina podría beneficiar a unos 750 criminales —torturadores y asesinos de miles de jóvenes en ese país— con la aplicación de la llamada ley de 2 x 1, que reduce de manera significativa las condenas en curso o las dictadas en el futuro.

Insólita resulta la decisión adoptada hace pocos días por tres de los cinco integrantes de la Corte, con fuerte repercusión popular, justo cuando se cumplen 40 años de la primera marcha de las Abuelas y Madres de la Plaza de Mayo que en 1977, bajo la mirada de los sicarios, de dos en dos para burlar el estado de sitio que prohibía las reuniones de más de tres personas, salieron a reclamar por la vida de sus hijos detenidos y/o desaparecidos.

Para analistas, el fallo, aunque pudiera revertirse, retrotrae a Argentina 20 años en materia de derechos humanos, ya que existen, en especial después de los 12 años de gobiernos progresistas del matrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, una serie de mecanismos para que ningún sicario quede sin castigo.

La decisión, que coloca al gobierno del derechista Mauricio Macri en una delicada posición ante la mirada internacional, contrasta con la demora, por ejemplo, en el análisis del recurso presentado por la dirigente social Milagro Sala, encarcelada sin pruebas desde hace más de un año en su provincia de Jujuy.

La decisión de los tres jueces que votaron a favor de reducir la condena de 13 años al sicario paramilitar Luis Muiña mediante la aplicación de la ley conocida como 2 x 1 causó una sacudida a la población argentina, que de inmediato se movilizó en las calles una vez más desde que asumió el conservador Macri.

En muchas de las pancartas se leía Memoria, justicia y paz, y Señores jueces: ¡nunca más!, en alusión a la infausta medida judicial.

Dos de los tres jueces que votaron para favorecer al esbirro Muiña ingresaron al Tribunal durante el actual gobierno conservador, lo cual los caracteriza en lo político.

Aunque Macri quiere distanciarse de la situación, expertos recordaron que en Argentina el Poder Judicial está a favor de las medidas gubernamentales, en una suerte de todo hace juego con todo, y recordaron las acusaciones, sin comprobación que el sistema judicial lanza contra la exmandataria Cristina Fernández, en un repetido y conocido plan de desprestigio de líderes progresistas y revolucionarios en América Latina.

Gracias a la presión popular, diputados de oposición e incluso del oficialismo aprobaron el pasado miércoles un proyecto de ley que frenaría una libertad anticipada a quienes, en violación de los derechos humanos, cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.

UNA CAJA DE PANDORA DE DERECHA

Los magistrados abrieron la Caja de Pandora en una nación que bajo un gobierno derechista se niega a olvidar sus muertos y lucha por encontrar a los hijos de las muchachas encarceladas, que dieron a luz en prisión, y cuyos bebés, paradójicamente, fueron entregados a sus propios victimarios.

La Corte, salvo los dignos jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, fallaron a favor de aplicarle la ley 25.430 de 2001 (la primera de 1994 bajo el régimen de Carlos Saúl Menem fue sustituida por la actual) al condenado Luis Muiña.

La expresidenta Fernández, de visita en Bruselas, advirtió en una entrevista de prensa hace pocos días que los tribunales de justicia son aliados en la actualidad de las oligarquías para revertir la historia de algunas naciones latinoamericanas, como ocurrió en Brasil y antes en Paraguay. Su actual papel, aseguró, es acusar a los exmandatarios y líderes partidistas de corruptos y otros actos delictivos, sin pruebas.

El régimen de Macri, en opinión de organizaciones de derechos humanos, da continuidad a la postura de varias administraciones conservadoras que luego del fin de la dictadura buscaron mecanismos legales para perdonar a los sicarios y hacer retroceder procesos y condenas en su contra.

La excepción llegó con los 12 años de gobierno progresista de Kirchner, ya fallecido, y de su sucesora Fernández, quien gobernó dos mandatos consecutivos a partir de 2005.

JUSTICIA Y VERDAD AL DESCUBIERTO

Kirchner (2003-2007) promovió la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto final por el Congreso Nacional, y en el 2005 la Corte Suprema de Justicia proclamó la inconstitucionalidad de esas legislaciones para dar paso a la reapertura de las causas judiciales.

Esas regulaciones estaban dirigidas mediante artimañas a caducar acciones fiscales contra los delitos de desaparición forzada de personas, o la exoneración de culpa a miembros de las Fuerzas Armadas del grado de Coronel hacia abajo, pues argumentaban que los sicarios obedecían órdenes superiores.

Los ocho años de mandato de Fernández profundizaron el proceso llamado Memoria, Verdad y Justicia. En su gestión fue sancionada la ley que derogó el Código de Justicia Militar y reformó los Códigos Penal y Proceso Penal, aprobó el Procedimiento Penal Militar para tiempo de guerra y otros conflictos armados, entre otras acciones de protección a los derechos humanos de sus conciudadanos.

Para acelerar los juicios, en el 2008 la presidenta sancionó cinco leyes del Código Procesal de la Nación, creó un fondo de recompensa para captura de los prófugos, además de otras medidas para evitar que quedaran crímenes sin castigo.

Una de las más aplaudidas por la población data del 2013 cuando se sumó la recompensa para quienes aporten datos relevantes para localizar a los niños, ya jóvenes, apropiados durante el régimen militar. Hasta ahora son 133 los nietos recuperados por las Abuelas de la Plaza de Mayo.

Desde el 2003 hasta el 2015, fueron condenados 622 genocidas, procesados 889 y 116 identidades restituidas de menores secuestrados por los captores de sus padres.

Para que los argentinos conocieran la historia de los delitos cometidos por el aparato militar dictatorial, bajo las administraciones de los Kirchner quedaron emplazados como lugares de promoción de los derechos humanos, luego de ser entregados por las Fuerzas Armadas, los edificios paradigmáticos de la represión, como la Escuela de Mecánica de la Armada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de La Perla, en Córdova.

En conjunto fueron 106 los sitios señalizados por el gobierno en el país como otra acción del Estado para otorgarles un significado histórico y de respeto a las víctimas y héroes de la lucha de la juventud argentina contra los regímenes castrenses.

EN BUSCA DE UN OLVIDO IMPOSIBLE

Al referirse al fallo judicial, Estela de Carlotto, líder de las legendarias abuelas de la Plaza de Mayo —donde se encuentra la Casa Rosada, sede del Ejecutivo— refirió que “el gobierno quiere borrarnos de la historia para construir la suya”, o sea, el conocido esquema de borrón y cuenta nueva.

No habían pasado 24 horas de la resolución favorecedora a Muiño cuando otros represores, torturadores y secuestradores de la dictadura entre 1976 y 1983 solicitaron acogerse a la aplicación de la ley 2 x 1, que en su artículo 7 legisla que transcurrido el plazo de dos años en prisión preventiva se computará dos por cada día en prisión. Esta formulación da el nombre a la ley de manera popular.

La prisión preventiva, según las dos leyes dictadas en 1994 y 2001, no puede exceder de dos años aunque puede prorrogarse hasta tres si la fiscalía detecta actos dilatorias de la defensa. Algunos esbirros se encuentran en espera de juicio y cuando este se realice, si son condenados, por ejemplo, a seis años, cumplirán tres. Y otros pueden resultar liberados si ya cumplen sus penas, si se aplica la 2 x 1.

Uno de los condenados a prisión perpetua, que de inmediato reclamó su excarcelación fue Christian Von Wernich, excapellán de la Policía Bonaerense, una posibilidad negada por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.

En Argentina, el dictamen de la Corte Suprema puede ser cuestionado y no acatado por tribunales de primera instancia. Desde el pasado viernes al menos tres jueces negaron solicitudes de represores condenados.

El magistrado Pablo Vega que juzgó y negó la petición de Von Wernich argumentó que “el Estado argentino tiene la obligación de perseguir, investigar y sancionar adecuadamente las graves violaciones a los derechos humanos”.

El prisionero era confesor del genocida jefe de la Policía Bonaerense Ramón Camps y fue condenado en el 2007 a “reclusión perpetua e inhabilitación perpetua” para ocupar cargos públicos por haber cometido delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar. Fue considerado coautor y partícipe necesario de 31 secuestros, 42 casos de tortura y siete homicidios.

Otros esbirros conocidos que pidieron acogerse a la 2 x 1 son el excomisario Miguel Etchecolatz y el exagente de Inteligencia Arnoldo José López, este último condenado a condena perpetua por torturador y secuestrador de menores.

Para tratar de salvar la honrilla de su criticado régimen, el presidente declaró a periodistas en La Plata, siete días después del fallo, que estaba en contra “de cualquier herramienta que sea a favor de la impunidad y más aun cuando se quiera aplicar a delitos de lesa humanidad”.

Pocos le creen. Una encuesta de la firma EnQuestapp a 400 bonaerenses precisó que el 56 % de los argentinos cree que el gobierno de Macri influyó en el fallo del máximo tribunal, según reportó la multinacional Telesur.

De los entrevistados, un 81 % dijo no concordar con la ley 2 x 1 y un 74 % se pronunció contra la Corte Suprema de Justicia.