Santos crea desconfianza en Colombia

La actitud del presidente Juan Manuel Santos, recién galardonado Premio Nobel de la Paz, de suscribir un acuerdo de cooperación con la OTAN para supuestamente plantearle batalla al narcotráfico, resulta una contradicción de graves consecuencias para la concordia en su país y una grave amenaza para América Latina y el Caribe, ya sembrada de bases militares de Estados Unidos.

Conocida es la histórica alianza de los gobiernos colombianos con los estadounidenses —recuérdese el Plan Colombia, con el mismo pretexto— pero hay coincidencia entre analistas de que este es un momento absolutamente inadecuado para la decisión presidencial, cuando la paz interna todavía es una ilusión mas que un hecho.

No es saludable, indican, que Santos, a sabiendas de la fragilidad del Acuerdo de Paz, se pronuncie sobre la alianza transoceánica cuando el Congreso Nacional discutía —y luego aprobó— la importantísima ley de Amnistía nacional que garantizaría la vida de los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) prestos a iniciar la desmovilización, entrega del armamento, y pase a la vida civil, mientras ya tienen enemigos probados en los grupos paramilitares que operan en 27 de los 32 Departamentos del país.

Colombia posee siete bases militares norteamericanas en su territorio —de una de ellas salieron los soldados que asesinaron por orden de Santos, entonces Ministro de Defensa de Álvaro Uribe, al canciller de las FARC-EP Raúl Reyes— en territorio fronterizo de Ecuador, en un sorpresivo ataque mientras pernoctaba junto a otros guerrilleros y civiles.

Según anuncio el presidente, las relaciones con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) solo se refieren al intercambio de información, y el incremento de la lucha contra el crimen transnacional, el terrorismo y el narcotráfico. Como es sabido, esa guerra no se libra con flores sino con la injerencia militar y un moderno armamento.

El mandatario, encumbrado por el Nobel de la Paz, se olvidó de los preceptos de Estocolmo y en la práctica abrió la posibilidad de crear nuevos focos de tensiones militares en Colombia, traicionando, con esa actitud, la firma en La Habana de la declaración de América Latina como zona de paz en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en el 2014.

La eventual presencia de la OTAN en la región de unos 600 millones de habitantes, que no se caracteriza por poderosas y bien equipadas Fuerzas Armadas ni por guerras entre países, genera un ambiente enrarecido en la región, pues las verdaderas intenciones de los aliados militares es apoderarse de los grandes recursos naturales de países como Venezuela, Bolivia, Brasil y Ecuador. Santos no tiene un pelo de ingenuo y es evidente que cumple órdenes de su aliado Estados Unidos luego de su fracaso en el Medio Oriente.

Esas cuatro naciones poseen grandes yacimientos de petróleo, gas natural e hidrocarburos en general, reservas acuíferas, diamantes. En fin, calificados poseedores de petróleo e hidrocarburos y riquezas capaces de despertar el apetito siempre incansable del imperialismo norteamericano.

Para el jefe de las FARC-EP, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, firmante con Santos del Acuerdo Final de Paz para poner punto final a la guerra de 52 años, un acuerdo de cooperación militar con la OTAN —que enviaría sus soldados en son de guerra— constituye una lesión a la soberanía nacional y haría retroceder al país.

Pero el paso tiene otras consecuencias muy graves. Con el acuerdo, Colombia da la espalda a los organismos integracionistas creados en los años 90 en América Latina, entre ellos la Unión de Naciones Suramericanas y la Celac, en tanto propicia nuevos escenarios de guerra extensivos al resto de Suramérica.

Londoño afirmó en su cuenta de Twitter que la oligarquía colombiana pretende aprovechar el escenario del fin del conflicto con el Gobierno “para la entronización absoluta del neoliberalismo, la entrega del Estado y de nuestras riquezas naturales al gran capital financiero transnacional y nacional, incluida la mano de obra colombiana, para lo cual requerirá del empleo de un aparato militar y policial de enorme significación, el cual juzga relegitimado con los Acuerdos de La Habana”.

El presidente abrió varias interrogantes con su decisión. En primer lugar, una vez más la paz entra en fase de peligro, pues si los soldados de la OTAN entran al país no habrá miramientos con los campesinos, a quienes culpan del cultivo de la coca y que son los guerrilleros originarios a partir de 1948 después que fuera asesinado Jorge Eliécer Gaitán. Los hombres de la tierra, que fueron atacados y desplazados entonces formaron los primeros grupos guerrilleros para defenderse del poder de las trasnacionales.

Expertos aseguran que la violencia no es consecuencia del narcotráfico, sino al revés, ya que “existe un aparato histórico de terror y de muerte que por años ha exterminado y liquidado a la oposición política, y por décadas ha desplazado a los indígenas de sus tierras y ahora a los afrocolombianos. Hay quienes piensan que la violencia empezó con el narcotráfico, gigantesca mentira, es al revés: ¡el narcotráfico es una consecuencia de ese sistema bestial en Colombia!”, aseguró el profesor Héctor Mondragón en una conferencia pronunciada en Chiapas, México.

El anuncio de Santos vino a ser el colofón de las conversaciones que desde el 6 de junio de 2013 sostuvo el entonces ministro de Defensa de su gobierno, Juan Carlos Pinzón, con la Organización atlántica, cuando al final rubricó un pacto de intercambio de información y de seguridad en Bélgica.

Ese fue el primer memorando de tal Naturaleza que la OTAN, surgida en 1949, firma con una nación latinoamericana, luego avalado en 2014 por el Congreso colombiano. Un año más tarde ese órgano respaldó el acuerdo de cooperación, pero en 2015 la Procuraduría General de Colombia solicitó que se declarara improcedente el acuerdo al considerar que “no define con precisión su finalidad”.

En octubre de este año, el Senado colombiano aprobó en segundo debate el trajinado texto, y dos meses después Santos hizo el nuevo anuncio, el que despierta el rechazo de importantes figuras políticas locales y organizaciones sociales.

Las alarmas están sonando en América Latina ante la gravedad de los acontecimientos que se avecinan, a no ser que si se firma el Acuerdo, el cuerpo legislativo lo rechace.

El gobierno de Venezuela repudió de inmediato los vínculos de Colombia con la OTAN debido al peligro que estos representan para la soberanía de los países latinoamericanos y las posibilidades de intervención armada.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, dijo: “Que un país latinoamericano quiera incorporarse a la OTAN será instrumento de una política para debilitar y tratar de destruir el proceso de unidad que vive la región”.

Las críticas también partieron del mandatario boliviano, Evo Morales, quien pidió al secretario general de la Unasur “la convocatoria a una reunión urgente del Consejo de Seguridad” de esa organización suramericana.

 “Cuando internamente Estados Unidos ya no puede dominarnos a países, a Gobiernos, a pueblos antiimperialistas, ¿cómo es posible que Colombia pida ser parte de la OTAN? ¿Para qué? Para agredir a Latinoamérica, para someter a Latinoamérica, para que nos invada la OTAN como ha invadido en Europa y África”, afirmó el Jefe de gobierno boliviano.

Para el analista político Eduardo Berezán, el intercambio de información clasificada entre Bogotá y la OTAN, previsto en el proceso de acercamiento “genera un quiebre en lo que era la unidad latinoamericana, la integración regional”.

La cooperación de Bogotá con la OTAN “podría tener una implicación muy fuerte (para Latinoamérica), especialmente porque sería el único país de la región que (forme parte de esa organización internacional de carácter militar)”, lo que “podría desestabilizar el equilibrio regional de seguridad”, sostuvo el profesor de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Raúl Hinojosa.

El año que comienza será de definiciones para Colombia. Cabe esperar que el movimiento social colombiano se movilice, como ya anunció, para rechazar en las calles el compromiso de Bogotá con el brazo armado de la Unión Europea y Estados Unidos y, además, es preciso observar cómo incidirá este peligroso paso en la concreción de la paz defendida por importantes figuras políticas y la población en general.