Revolución Bolivariana intenta detener derecha parlamentaria

Nuevas medidas adoptadas por el gobierno presidido por Nicolás Maduro intentará contrarrestar los planes antipopulares que ya anuncian los legisladores de derecha, electos democráticamente este mes, y que ponen en peligro algunas importantes conquistas de la Revolución Bolivariana.

Los nuevos proyectos anunciados por Maduro debían dar resultados pues, de lo contrario —y según se pronuncian legisladores opositores— varios programas revolucionarios de corte económico y social pueden ser suprimidos, lo que causaría inevitables enfrentamientos entre las fuerzas políticas de ese país de carácter presidencialista.

La dividida y poco representativa hasta ahora Mesa de Unidad Democrática (MUD), alianza de partidos de derecha, alcanzó 112 de los 167 asientos de la Asamblea Nacional (AN), mientras el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuvo 55 curules del Legislativo, en lo que muchos catalogan de “sorpresiva” victoria conservadora, aunque expertos ya lo habían previsto y alertado.

Si bien la dirección política encabezada por Maduro aceptó de manera honorable la derrota en las urnas el pasado día 6, el costoso alerta político dio paso a una serie de reuniones, análisis críticos, adopción de medidas oficiales —que quizás debieron hacerse hace meses— en aras de salvar el proceso político iniciado por el finado líder revolucionario Hugo Chávez Frías en 1998.

Con la desaparición física de Chávez y la asunción de Maduro de la presidencia de la nación con una mínima diferencia de votos en las urnas respecto a su contrincante, se agudizó una estratégica guerra interna de diverso rango por parte de la oposición con ayuda internacional (económica, mediática, psicológica, de violencia) enfilada a la destrucción de la Revolución y a socavar la confianza del pueblo en el proceso llamado Socialismo del Siglo XXI, lo que al parecer no fue justamente valorado por los dirigentes del gobierno.

Con los dos tercios de la AN a su favor, la MUD tiene la facultad, sin contar con el mandatario, de aprobar leyes orgánicas, proponer reformas y enmiendas constitucionales, reemplazar a miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero solo si cuenta con la aprobación de otros órganos legales.

El expresidenciable Henrique Capriles, uno de los cabecillas de la contrarrevolución, propuso el pasado lunes a la nueva AN que prepare una “ley candado”destinada a impedir que el Gobierno “regale” los recursos del Estado para “comprar lealtades” internacionales, en alusión a la organización integracionista PETROCARIBE fundada por Chávez para vender petróleo a precios preferenciales a las naciones de El Caribe y de otras regiones para salvar sus débiles economías.

Otra muestra de lo que podría pasar en la AN a partir del próximo 5 de enero y hasta el 2020 la ofreció el diputado opositor reelegido Tomás Guanipa cuando expresó al canal privado Globovisión que la nueva Asamblea revertirá los procesos de expropiación de empresas efectuados durante el proceso revolucionario.

Otro acuerdo del Parlamento derechista podría ser solicitar la revocación del presidente a mediados de su mandato, en 2016, según prevé la Constitución venezolana.

En el 2004 esa disposición se aplicó a Chávez, quien en lugar de ser revocado resultó ratificado en las urnas en una votación favorable apabullante.

Aún a tiempo para parar la ofensiva derechista, o al menos intentarlo, las fuerzas revolucionarias de Venezuela encabezadas por Maduro están enfrascadas ahora en tratar de recuperar el terreno perdido en el ámbito popular e iniciar un proceso de fortalecimiento de la Revolución.

Tras el revés político, una de las primeras fuerzas en iniciar los debates sobre los errores cometidos fue el oficialista PSUV, que efectuó rápidamente su III Congreso en el que se anunció la celebración de un consejo económico para definir líneas estratégicas de un programa integral y socioproductivo, en lugar del rentista actual, cuya base es el petróleo, desde hace meses en una prolongada baja de los precios del barril de crudo.

El mandatario, que también encabeza el PSUV, hizo un llamado a enfrentar la guerra económica que mantiene una gran irritación en el pueblo y citó en primer lugar a las fuerzas del PSUV y los movimientos populares.

Uno de los puntos más debatidos fue el de la improvisación que rige en ocasiones las políticas públicas, donde la realidad rebosa el entusiasmo de los dirigentes revolucionarios, así como la eliminación de flagelos en el Partido oficialista —como la extendida corrupción y la burocracia— que han deteriorado ante el pueblo la imagen de esa agrupación, de sus fuerzas aliadas e instituciones públicas.

Es decir, que sobre el partido de la Revolución recae una gran responsabilidad en cuanto a salvar las ideas de Chávez y con ellas la Revolución después del sacudón que les dio la derecha.

SALVAR UNA REVOLUCIÓN VERDADERA

La Revolución Bolivariana fundada por Chávez es un proceso que dio un vuelco a las estructuras económicas, políticas y sociales de Venezuela creando una nueva base popular, en la que fueron favorecidas millones de personas pobres, pero también la clase media que aprovechó los programas sociales emanados del Palacio de Miraflores.

Aunque por su fundamentación teórica y práctica en Venezuela existe un proyecto revolucionario que nunca fue aceptado por Estados Unidos y los elementos conservadores de América Latina —sus enemigos externos— lo cierto es que, según los resultados de los escrutinios, se evidencia el descontento hacia la actuación de determinadas figuras del chavismo y sus procederes y ante la situación interna generada por los enemigos opositores.

El difícil momento político que vive Venezuela, si las fuerzas gubernamentales saben aprovecharlo a su favor, podría permitir enrumbar de nuevo —como dijo Maduro— la Revolución Bolivariana, cuyos nuevos proyectos institucionales ya tomaron la calle aun cuando faltan elementos por discutir, formulaciones por implementar, determinaciones que tomar, siempre en aras de proteger y fortalecer la Revolución a la que Chávez entregó su vida.

Dos medidas de suma importancia ya fueron adoptadas por el Ejecutivo con el respaldo de las organizaciones que integrantes del Gran Polo Patriótico al poner en marcha la Asamblea Legislativa Comunal (ALC) cuya función es fortalecer el poder popular, bastante menguado, y la designación como Defensora Pública de Susana Barreiros, la jueza que condenó a más de 13 años de cárcel al opositor Leopoldo López, autor intelectual de acciones de violencia que dejaron como saldo 43 muertos y decenas de heridos.

Entre las funciones de Barreiros, duramente atacada por la oposición, está la de, “prestar a nivel nacional un servicio de defensa pública, en forma gratuita a las personas que lo requieran, sin distinción de clase socioeconómica”.

En un intento por proteger la Revolución, —y a despecho de las críticas opositoras— el saliente presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, instaló esta semana la ALC en la sede oficial en Caracas. Tras la disposición, Maduro afirmó que dará “todo el poder al Parlamento Comunal, y va a ser una instancia legislativa del pueblo desde la base”.

Cabello esclareció el pasado martes que “el Parlamento Comunal es un poder que le permite al pueblo disponer de recursos, jefaturas, toma de decisiones, leyes, forma de vida”, tal como enunció Chávez en su objetivo de darle facultad de decisión al pueblo.

Durante su mandato de 15 años electo con alto porcentaje, Chávez ya había considerado el proyecto puesto ahora en práctica como imprescindible para el funcionamiento de los consejos comunales y las comunas.

La Ley Orgánica de las Comunas, sancionada en 2010, afirma que, “el Parlamento Comunal es la máxima instancia del autogobierno en la Comuna; y sus decisiones se expresan mediante la aprobación de normativas para la regulación de la vida social y comunitaria”.

El abogado chavista Germán Saltrón afirmó ante la prensa que, “el Parlamento Comunal no reemplaza al Parlamento. Es un intermediario con la administración pública”, según informó BBC Mundo.

Además, ese órgano que garantiza la participación del pueblo en los gobiernos locales, queda establecido en el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente (…)…”.

También se refleja en el artículo 70 de ese documento, el cual establece las asambleas de ciudadanos o la empresa comunitaria, entre otras organizaciones sociales, como medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía.

Las facultades del Parlamento nacional y la ALC son diferentes, ya que a esta última el Estado le puede transferir recursos destinados a las Comunas para obras sociales con el debido control, en tanto sus representantes harán saber a las autoridades sus necesidades.

De ahí que, a partir de la instalación en el país de estos nuevos órganos de representación pública, se cumple una de las ideas de Chávez de acercar el gobierno a la base, cuya ausencia se hizo notar en los últimos dos años, según analistas políticos.

UN 2016 DURO PARA LAS FUERZAS REVOLUCIONARIAS

Si duro fue el 2015 para la Revolución Bolivariana, el 2016 podría ser igual o peor.

El futuro de ese país suramericano está en manos de los altos dirigentes del gobierno y el PSUV que, expresan expertos, tienen que dar un golpe de timón y acercar a sus filas, entre otros, a aquellos chavistas que se han quedado en el camino por diferentes motivos.

Como desde hace 17 años, también en el 2016, la contrarrevolución no cejará en su empeño de destruir la Revolución, pero si el gobierno, —como se proyecta ahora— toma el pulso a la situación y agarra al toro por los cuernos, la presencia de los derechistas en la AN será —parafraseando a Chávez— solo “por ahora”.