Este viernes, una vez más, la población revolucionaria de Venezuela protagonizará una gran movilización en Caracas, la capital, para apoyar las medidas tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro para convertir la frontera de Colombia en zona de paz y no como ahora ocurre, que es asiento de grupos paramilitares y de delincuentes pagados para tratar de desestabilizar la Revolución Bolivariana.
El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, exhortó a los capitalinos a participar en una marcha de respaldo a las medidas implementadas por el Gobierno venezolano en la frontera con Colombia contra el paramilitarismo y el contrabando, informó Prensa Latina.
El lema que portarán los manifestantes es “Venezuela exige respeto”, el cual será enarbolado desde distintos puntos citadinos hasta el Palacio de Miraflores (sede del ejecutivo) “para defender el derecho de los venezolanos y colombianos que residen en el país a vivir en paz”, indicó Rodríguez.
Esta última semana ha sido de movimientos diplomáticos entre las dos naciones, luego de la orden presidencial de cerrar el paso entre los dos países por 72 horas debido a la emboscada paramilitar contra soldados de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, que dejó dos militares heridos de gravedad e, incluso, el civil que conducía el vehículo donde viajaban por el estado Táchira, cerca de la frontera colombiana.
De inmediato, el presidente Nicolás Maduro decretó el cierre fronterizo por 72 horas y después proclamó el estado de excepción en seis municipios de Táchira, deportó a Colombia más de mil de sus ciudadanos indocumentados, y lanzó un operativo con resultados que superan las expectativas en cuanto a contrabando, acciones paramilitares, infiltraciones, casas de prostitución, entre otras acciones que atentan contra la vida política y social venezolana, inmersa en una poderosa guerra económica dictada por la oligarquía local y regional.
Venezuela reiteró que adoptará las medidas necesarias para defender al pueblo de las operaciones realizadas por elementos paramilitares, tras los cuales se esconde la maniobra contrarrevolucionaria del ex presidente colombiano Álvaro Uribe, uno de los jefes de esas bandas mafiosas colombianas, según existen evidencias oficiales.
La frontera por Táchira —como puede ocurrir en los más de cinco mil kilómetros de puntos comunes— se convirtió en un desangramiento para Venezuela, debido no solo a las identificadas entradas de individuos con fines militares y políticos contra la Revolución Bolivariana, sino al trasiego de contrabando de alimentos y gasolina para ser vendidos luego en comunidades limítrofes, en acciones perjudiciales para la economía local.
Esa situación, identificada por las autoridades de Caracas, tuvo un freno el pasado día 21, cuando Maduro decidió el cierre fronterizo, la salida de los indocumentados, y medidas de control contra los delincuentes y mercenarios.
Ahora, algunos medios de prensa colombianos tratan de confundir a la población de su país acusando al gobierno bolivariano de violar los derechos humanos de los indocumentados, cuando en realidad se ha comprobado que, en primer lugar, esas personas salieron hacia Venezuela en busca de mayores posibilidades de vida de las que carecían en su tierra, y en segundo lugar, la mayoría practicaba el contrabando. La gasolina, por ejemplo, se sustraía y vendía muy por debajo del valor orientado por las autoridades.
Este miércoles, el presidente colombiano Juan Manuel Santos se personó en la ciudad fronteriza de Cúcuta para visitar a los repatriados, asentados ahora en albergues improvisados en la capital del departamento del Norte de Santander, a los que prometió apoyo en Salud, vivienda, educación y empleo, derechos de los cuales carecían en su país.
Santos expresó —según el Sistema de prensa gubernamental— que tomaría medidas para garantizarles un subsidio temporal de arrendamiento de viviendas durante tres meses, así como más de un millar de empleos para los devueltos a Colombia.
Informaciones del diario El Tiempo, de Bogotá, indican que por voluntad propia han retornado a Colombia por lo menos otras cinco mil personas.
DETRÁS DE LA FRONTERA
En las últimas horas, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Diosdado Cabello, reiteró en su programa Con el mazo dando que el Gobierno de Caracas dispondrá las medidas necesarias para defender a la población, y hará lo necesario para evitar más derramamiento de sangre en su país.
Durante el espacio, Cabello precisó que “la mano de Álvaro Uribe ahí está, enemigo de Venezuela y la paz de América, con sus grupos mercenarios”.
El líder bolivariano repudió la confesión de José Pérez Venta, autor material junto a su ayudante del brutal asesinato de Liana Hergueta, con quien el jefe de un partido político opositor tenía cuentas pendientes de dinero y fue mandada a matar, según reseña a AVN. Este paramilitar confesó que también habría participado en un plan para el asesinato de Daniela Cabello, hija del líder parlamentario.
Según Cabello, “Ese mismo señor llegó a recibir 500 000 dólares por el asesinato de mi hija Daniela, y dos veces le fue reclamado que no cumplió instrucciones”, comentó ante las cámaras.
En su comparecencia, de carácter semanal, refirió que la derecha venezolana —con quien el expresidente Uribe mantiene una fuerte conexión— recibió más de dos millones dólares el pasado año mediante la Fundación Nacional para la Democracia (NED por sus siglas en inglés), para provocar la subversión interna, que en las violentas acciones de febrero del 2014 dejaron un saldo de 43 muertos y más de 800 heridos.
Detalló que en el primer lugar del interés de la NED se encuentra Cuba, a la que destinó dos millones 992 mil dólares (USD), le sigue Venezuela, con dos millones 381 mil 824, y luego Bolivia (un millón 213 mil 127 USD), Ecuador (un millón 073 mil (USD), y Colombia, con 832 mil 003 dólares.
Informó, asimismo, que hay planes ya probados en que los partidos opositores Voluntad Popular y Primero Justicia fraguan en la región de Guayana hechos violentos para cuando comience el próximo mes el curso escolar, en el interés de aterrorizar a la población.
POR LA VIA DIPLOMÁTICA
Menos de 72 horas después del incidente fronterizo, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez y la colombiana María Ángel Holguín, se reunieron para analizar la situación e indicaron que existen instrumentos jurídicos dictados por Bogotá que favorecen el contrabando y el ataque contra la moneda (bolívares) desde Colombia.
Las titulares del Exterior acordaron una reunión de los ministros de Defensa de las dos naciones para establecer un plan de acciones que acabe con las mafias del contrabando, el militarismo y el crimen organizado que operaban con absoluta impunidad en la frontera colombo-venezolana.
Ayer, al finalizar las conversaciones en Cartagena con su par venezolana durante un segundo encuentro de las cancilleres, Holguín afirmó que nadie apartará a Colombia de la línea de cooperación con Caracas.
Según autoridades de Venezuela, existe la voluntad del gobierno de Bogotá de colaborar para resolver el tema fronterizo y evitar el continuo desangramiento económico de Venezuela por individuos inescrupulosos y mercenarios pagados por la derecha, como los que asesinaron al joven diputado Robert Serra hace unos meses.
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