Perú: Tregua enfermiza (+Audio)

Aunque el presidente peruano Pedro Castillo anunció que el próximo día 8 su gobierno presentará su cuarto gabinete para su aprobación por el Congreso Nacional, la tregua pactada entre los dos poderes puede quebrarse en cualquier momento, dada la hostil actitud de la oposición derechista.

El pacto fue acordado el pasado miércoles por la presidenta conservadora del Legislativo, María Alva, y Valdemar Cerrón, vocero del partido oficialista Perú Libre, pero sin que ambos bandos confíen en que perdurará hasta la fecha de ratificación, si lo hacen, del nuevo consejo de ministros.

Este será el cuarto consejo de Ministros presentado en los ocho meses de gestión de Castillo, el mandatario sorpresa que, procedente de la empobrecida región de Cajamarca, donde trabajaba como maestro rural, ganó la primera magistratura a la ultraderechista Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Perú, e imputada por la Fiscalía General por varios delitos de corrupción.

¿Cuál es el rejuego legislativo para evitar que el nuevo gobierno vea pasar los días sin poder trabajar y a duras penas ponga en práctica alguna que otra medida alejada de su programa oficial, en la que sería beneficiada la mayor parte de la población humilde del país andino?

Si acepta el nuevo gabinete, a las pocas horas los legisladores opositores comienzan a denunciar a ministros nombrados por causas probables en su mayoría, extraídas del fondo de la memoria, o no compatibles con la realidad, como sucedió con el primer canciller nombrado, Héctor Béjar, uno de los intelectuales más importantes de esa nación y de Latinoamérica.

Para el nuevo primer ministro, el abogado Aníbal Torres, aceptado en los pasillos por una mayoría de los congresistas, tuvo un tropiezo con Alva, a la que pidió disculpas por acusarla en público de organizar una reunión golpista auspiciada y financiada por la fundación alemana Friedrich Naumann (FN).

El ejecutivo presidido por Aníbal Torres tratará el próximo día 8 de obtener la confianza del Congreso Nacional, que hasta ahora rechaza (en el momento o después) a los ministros designados por el presidente del país. (Tomada de La República)

La FN supuestamente está detrás de los distintos planes para destituir al mandatario, entre ellos la vacancia por irresponsabilidad e inexperiencia política.

El Partido Comunista-Patria Roja de Perú (PC-PR) rechazó la injerencia de la entidad alemana FN en los asuntos internos del país.

“Rechazamos la labor de esa fundación derechista, que claramente está involucrándose en asuntos de política interna”, manifestó el PC-PR sobre la reunión de congresistas realizada a puerta cerrada y revelada por el semanario Hildebrandt en sus trece.

Recordó que la FN trajo a Perú al golpista venezolano Leopoldo López para apoyar en el balotaje de junio de 2019 a la candidata Fujimori, derrotada en balotaje por el maestro y sindicalista de Cajamarca.

El pronunciamiento se une a otras condenas al trabajo injerencista de la FN, a la que debe pedir explicaciones la Cancillería por su intromisión, según el ex consejero presidencial Alberto Adrianzén.

También en Alemania, la Red de Solidaridad con Perú, en carta abierta a la FN, exigió una disculpa a la población peruana por su intromisión política.

COMENZARON LAS CRÍTICAS

Desde hace días llueven las críticas de los legisladores opositores, apoyada por la media hegemónica, hacia varios de los miembros del Ejecutivo, con o sin razón, pero indicando su desaprobación a la propuesta oficial del gobierno. Táctica utilizada hasta ahora para deshacerse de quienes, en su mayoría, molestan a la oligarquía peruana asentada en Lima, que es, en definitiva, quien maneja a las agrupaciones derechistas.

Es tradicional la estrategia de utilizar al Congreso para destituir, por uno u otro motivo, a presidentes molestos a la jerarquía burguesa de Perú, y son cinco los que debieron renunciar o fueron sustituidos utilizando esa vía.

Incluso, en 2019, tres mandatarios fueron sacados del cargo en apenas una semana por las triquiñuelas de los legisladores, algo insólito, por ser tantos y en tan poco tiempo. Otros ejemplos de estratagemas parecidas ocurrieron en Brasil, cuando un golpe de Estado parlamentario sacó del cargo a la presidenta Dilma Rousseff en 2016 y antes, en Paraguay, de igual manera, a su homólogo Fernando Lugo.

Es decir, que aquellos mandatarios que no cuenten con una mayoría parlamentaria —bien por votación o por alianzas— sabe que hay por delante un camino empedrado, dado el poder del órgano legislativo, casi siempre corrupto, y al servicio de oligarquías aliadas a Estados Unidos.

Aunque todavía no han jurado sus cargos, y siempre bajo ánimos caldeados a pesar de la endeble tregua pactada, los congresistas se mueven en dos direcciones: hacer campañas contra titulares en funciones o designados, para desaprobarlos, y cambiar la fecha propuesta para la ratificación, el día 8, por coincidir, indican, con el Día Internacional de la Mujer.

En este contexto, el gobierno mantiene en sus cargos a cinco titulares cuestionados: Hernán Condori y Carlos Palacios investigados por presunta corrupción, José Gavidis y Juan Silva por violencia doméstica, y Ángel Yldefonso por 78 fallos cometidos en la etapa en que era procurador del gobierno regional de Áncash, según información de esta entidad.

El jueves último, vía Twitter, Yldefonso manifestó: “No he tenido sanciones penales ni administrativas”. De hecho, su caso se estancó debido a cambios en el sistema de defensa jurídica del Estado, según el portal El Foco.

Condori ocupa la cartera de Salud; Palacios, Minas y Energías. Ambos están vinculados a Vladimir Cerrón, líder del oficialista Perú Libre y los tres están en manos de la justicia por presunta corrupción.

La Fiscalía acaba de abrir una causa preliminar por presunto delito de peculado contra Palacios y varios de sus colaboradores. Estas acusaciones están en pauta en fecha anterior a la toma de posesión de Castillo cuando los evidenciados ocupaban otras responsabilidades.

A ellos se suman los dos ministros denunciados por violencia doméstica: José Gavidia Arrascue (Defensa) y Juan Silva Villegas (Transportes).

VOTOS EN DISCUSIÓN

En medios políticos, aunque el primer ministro Torres se reunió con cada una de las bancadas —salvo Fuerza Popular y Avanza País, que se negaron—, se considera que las posiciones están por definirse, pues en Perú, en lo que a política se refiere, los cambios sorpresivos están a la orden del día, y el gobierno está consciente de que, ante la incertidumbre, Castillo está perdiendo apoyo popular.

El escenario, conformado por distintas declaraciones, es ajustado, ya que el Ejecutivo cuenta con 45 votos a favor, 44 en contra y 41 en evaluación.

Según el diario La República, en ese último grupo, 18 podrían hacerlo en contra si antes del día 8 no se cambian los ministros cuestionados.

Algunos partidos, como Renovación Popular, afirmaron que condicionarán su posición a la salida de los titulares, pero además, al retiro de la agenda gubernamental de instalar una Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Carta Magna.

Para echarle más leña al fuego, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, en un documento oficial recordó a Castillo el cumplimiento de los principios de correcta administración pública y garantía de Derechos Humanos en la designación de ministras/os. Por tanto, solicita recomponer el gabinete ministerial antes de la actuación del Congreso.

CASTILLO PIDE AYUDA A LA OEA

Castillo, quien prometió en una entrevista para radio La Pizarra (Argentina) que solo gobernará hasta el 2026, cuando concluya oficialmente su mandato, tuvo ahora un gesto político que sorprendió, por su peligrosidad, hasta a sus opositores: informó que solicitará ayuda a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que indague la corrupción en su país.

Almagro ya visitó Lima, la capital peruana, en diciembre pasado. Ahora, el mandatario peruano encendió las alarmas cuando anunció que solicitará una misión de la OEA para que analice la corrupción en su país en un peligroso paso que puede culminar en su destitución. (Tomada de PL)

El pasado jueves, el presidente anunció que desde el Ejecutivo elaboraron una carta para pedir a la OEA el envío de una misión con ese fin, en medio de las investigaciones, renuncia de funcionarios y una fuerte tensión política, quizás olvidando que el secretario general de esa organización, Luis Almagro, fue promotor del golpe de Estado en Bolivia en 2019 tras mentir de manera descarada sobre el resultado de las elecciones generales.

“La comitiva invitada investigaría a los gobiernos pasados y a este, y sancionaría a quien tenga que sancionar”, dijo. Sin pensar que un aparato sin prestigio, como es la OEA, puede tener en sus planes el derrocarlo con mentiras —en eso Almagro, quien visitó Lima en diciembre último es un as— y complejizaría aún más la política nacional.

En diálogo con La República, el exministro de Relaciones Exteriores Allan Wagner resaltó dos puntos sobre esta solicitud. El primero es que Castillo no ha sido claro en la manera en cómo pretende que la OEA ayude al país y el segundo es ver la disposición de la entidad internacional respecto al tema económico, pues cobra altísimas sumas por estas labores.

“No está claro, afirmó lo que el Gobierno quiere. Pide que lo ayuden a combatir la corrupción, pero no dice cómo. (…), y eso es gravísimo”.

Es evidente que este es un tiro al aire de Castillo, quien al parecer peca de ingenuo o quiere fomentar el temor entre los delincuentes de cuello blanco existentes en su nación milenaria. En cualquier situación, la posible presencia de la OEA en Perú, —comprobadamente al servicio de la derecha y Estados Unidos—, siempre traerá, antes o después, más problemas aun a Castillo y su endeble aparato de gobierno.