Perú en crisis política

En una tensa situación nacional causada por la COVID-19, Perú vive una tormenta política causada por presuntos grupos desestabilizadores que buscan destituir por la vía parlamentaria al presidente Martín Vizcarra.

A las 00:00 (hora local) del pasado lunes, 10 002 peruanos estaban hospitalizados por padecer el nuevo coronavirus, de ellos 1460 internados en una Unidad de Cuidados Intensivos con ventilación mecánica, la mayoría en estado grave o crítico. En las últimas 24 horas, 102 ciudadanos murieron debido a la enfermedad y al colapso del sistema sanitario, con lo cual la cifra de decesos —dados a conocer por el Ministerio de Salud— se eleva a 31 812, y sigue creciendo.

Es en este contexto que estalló el escándalo político, cuando el Congreso Nacional solicitó la vacancia (destitución) del mandatario por supuestas irregularidades administrativas. El Congreso exigió un juicio político por inmoralidad en la contratación del cantante Richard “Swing” Cisneros, según audios registrados por su exsecretaria Karem Roca.

Cisneros, supuesto cercano del mandatario, firmó numerosos contratos con el Ministerio de Cultura para efectuar asesorías y conferencias por montos de hasta 50 000 dólares, sin contar con credenciales ni experiencia en el tema.

También se acusa al jefe de Estado de beneficiar a la empresa Hidro Energía Consultores Ingeniería, cuyo principal accionista es el padre de la ministra de economía, María Antonieta Alva, informó el periódico La República.

La solicitud de destitución fue presentada por el presidente de la Comisión de Fiscalización del parlamento, Edgar Alarcón, reconocido crítico del dignatario.

Al contrario de quienes pensaron que no aceptaría el reto, Vizcarra defendió su cargo y ratificó que seguirá al frente del gobierno, aunque está abierto a ser investigado pese a su inmunidad, e indicó que debe abrirse una indagatoria a los presuntos protagonistas de los audios, entre ellos la ya despedida Roca.

Al referirse a su exsecretaria, estimó que ella es el instrumento utilizado para intentar desestabilizar un país, “con claros intereses ocultos detrás”.

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Algunos medios políticos peruanos indican que resulta sospechoso que Alarcón argumentara que recibió las grabaciones de fuente anónima, pues devino enseguida en el principal impulsor de la destitución del mandatario, sin que el Congreso haya decidido si hay una causal de vacancia.

Hay más sobre Alarcón. La Fiscalía nacional solicitó que se levante su inmunidad parlamentaria por ser el presunto autor de delitos de peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito.

Otro momento muy delicado ocurrió cuando el presidente del parlamento Manuel Merino, a espaldas del ejecutivo, contactó con mandos militares y planeó un nuevo gabinete ministerial luego de suplantar al presidente.

El pasado lunes, Merino pidió disculpas a las Fuerzas Armadas por buscar acercamiento con sus jefes para eliminar a Vizcarra, en un evidente intento de golpe de Estado parlamentario-militar.

¿Qué hay detrás de todo esto? Especialistas consideran que los enemigos del gobierno buscan ganar tiempo para que las elecciones generales se posterguen; que el Parlamento no se pronuncia sobre la modificación de las normas para el acto comicial; echar abajo el pronunciamiento de la Junta Nacional Electoral sobre la posibilidad de que los actuales congresistas no puedan postularse para el próximo proceso electoral, si tienen deudas con la justicia.

Además, ¿cuáles son los intereses de tratar de abordar un gobierno en vez de ir por él en las urnas? La reforma universitaria, la reforma electoral, el tema presupuestario, la permanencia de la inmunidad (y la impunidad) y otras cosas más están en el cofre que quieren romper varios grupos políticos con intereses creados y a los que no les interesa lo que está pasando con los miles de peruanos que hoy sufren los efectos de la pandemia, reflexionó Semanario Latinoamericano.

Queda claro que el jefe del Congreso es el más beneficiado si destituyeran al presidente, ya que lo sustituiría, de acuerdo con la Constitución. Merino desestimó la acusación de que tales tratos con los militares eran parte de una conspiración política. De ser comprobado podría ser llevado a juicio.

En lo que se considera un gesto de prepotencia luego de su grave desliz, convocó a Vizcarra —quien no asistió— para que se presentara en el pleno del órgano legislativo.

Otra grave indicación contra el jefe parlamentario hizo el ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, quien confirmó que fue presionado para sumarse a un posible nuevo gobierno surgido de la proyectada vacancia. Confirmó así la denuncia presidencial de que Merino es un conspirador.

Incháustegui precisó que personas cercanas al Parlamento le escribieron tres mensajes en tono conminatorio, para que honrara la memoria de su padre, Juan Incháustegui, exministro de Fernando Belaúnde, fundador del partido de Merino, Acción Popular (AP).
La actitud de Merino le restó apoyo de legisladores incluso de su partido, lo que vuelve inviable la destitución, opinan fuentes políticas.

El analista Carlos Bedoya —citado por la agencia de noticias Prensa Latina— advirtió que el presidente de AP, Mesías Guevara, y otros dirigentes de esa agrupación, suscribieron que se deslindan de cualquier intento de involucrar a las Fuerzas Armadas y la Policía en temas políticos.

Para el politólogo Eduardo Gómez los audios contienen afirmaciones que catalogó de “delirantes”, entre ellas que el cuerpo de la Marina espía a congresistas, o que el mandatario se reúne con el parlamentario opositor Daniel Urresti, lo cual fue desmentido por los involucrados.

Al revuelo de los audios y la acusación del congresista Alarcón, se une ahora el debate sobre la censura a la ministra María Antonieta Alva. Merino confirmó que el debate fue presentado por las bancadas del progresista Frente Amplio (FA), el partido populista Podemos Perú (PP) y el evangélico Frente Popular Agrícola (Frepap), que expresaron duras críticas a Alva por la rigidez del modelo neoliberal que aplica su ministerio, que rige en Perú desde hace cerca de 30 años.

Aunque la ministra respondió cerca de 80 preguntas, los congresistas dijeron estar insatisfechos, en especial por el programa gubernamental de financiamiento empresarial para contrarrestar la COVID-19, que benefició a grandes empresas, incluso algunas relacionadas con casos de corrupción o deudoras de impuestos. Son 228 las empresas beneficiadas, integrantes de 78 grupos económicos que, por su poderío, no necesitaban el salvataje. Sus críticos estiman que tampoco cumplió con la ayuda necesaria al sector agrícola y resultó ineficaz en el pago de subsidios a los sectores vulnerables de la población.

APOYO A VIZCARRA

La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la actual crisis institucional y sostuvo: “Por razones de fondo y forma, una aprobación de la vacancia presidencial, con la información conocida a la fecha, estaría fuera del marco constitucional”.

En una comunicación, ese órgano precisó que “generar mayor inestabilidad política en un contexto de crisis sanitaria, económica y social, en un gobierno de salida y con un proceso electoral en marcha, no se alinea a los propósitos de nuestra Constitución Política. Exhortó al Congreso de la República a que se conduzca estrictamente por lo establecido en la Constitución Política y ejerza con responsabilidad y prudencia el mandato conferido”.

”Con los hechos conocidos hasta el día de hoy, precisó, y el acelerado procedimiento parlamentario utilizado, una vacancia debilitaría más nuestra frágil institucionalidad y pondría en riesgo los esfuerzos realizados para superar los efectos de esta pandemia”.

Vizcarra recibió este martes el apoyo social para seguir en funciones, según la empresa encuestadora Ipsos. El sondeo indicó que 79 % de los interrogados creen que debe mantenerse, y solo 19 % respalda el proceso parlamentario. Un 28 % considera que el mandatario no cometió falta alguna, y esa misma cantidad cree que sectores de la oposición intentan un golpe de Estado. Además, 41 % cree que —según lo conocido— su posición en los audios “es incorrecta pero no grave”, y solo debe disculparse. Otro 18 % califica de complicados los hechos y el mandatario ¨mintió¨, pero solo debe ser investigado al terminar su gestión. El gobernante —dijo Ipsos— tiene una aprobación de un 57 % en general

La investigación arrojó que Merino, principal comprometido en el Congreso, cayó en la aprobación popular de 35 a 19 %.

Vizcarra asumió la presidencia en 2018, cuando sucedió al renunciante Pedro Pablo Kuczynski, acusado de corrupción política al conceder la libertad al exmandatario Alberto Fujimori a cambio de que sus hijos Keiko y Kenji manipularan al congreso, donde eran mayoría, para evitar ser juzgado.

El actual mandatario, vice de Kuczynski pero que se desempeñaba como embajador en Canadá, determinó meses después el cierre del Congreso manipulado por los Fujimori y otras fuerzas para evitar que gobernara. El actual cuerpo parlamentario fue electo en julio pasado. Cuando tomó posesión hizo solo una promesa: poner su esfuerzo “para que sea un Gobierno franco, transparente, honesto de la mano del pueblo, pero con una condición: termino el mandato”.

Los comicios en Perú están determinados por la ley electoral, la que establece que se deben celebrar el segundo domingo del mes de abril.