Peligros para la paz en Colombia

Una nueva etapa para alcanzar la reconciliación nacional en Colombia comienza este mes, cuando más de cinco mil guerrilleros entreguen sus armas, sean —se supone— indultados casi un número similar en prisión y comience a implementarse el Acuerdo de Paz; mientras sus agazapados pero poderosos enemigos maquinan el sabotaje político-militar contra el pacto firmado dos veces y refrendado en tres ocasiones.

Nadie puede llamarse a engaño respecto a lo que sobrevendrá, más allá de los compromisos establecidos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) tras casi seis años de tanteos, primero, y luego del ejercicio de una mesa de negociaciones en La Habana, Cuba.

Para los miles de mujeres y hombres que durante 58 años tuvieron como divisa la lucha armada contra el poder hegemónico existente en Colombia se abren nuevos caminos en términos de política y de cambios existenciales, luego de portar uniformes y armas, para supuestamente transformarse en ciudadanos comunes.

Dicho así, y escoltados por leyes y resoluciones, la guerrilla pasará de una fuerza insurgente a una diluida colectividad que intentará acoplarse a un sistema diferente de convivencia, en la que llevan la peor parte.

Los insurgentes entregarán las armas, luego de trasladarse masivamente a las 27 llamadas zonas veredales de transición, (o de concentración) mientras Naciones Unidas (ONU) verificará esas acciones y el cese al fuego bilateral. Las FARC-EP estarán representadas por sus tres voceros en la comisión que chequeará el cumplimiento del compromiso pacificador.

Las partes acordaron, en el segundo y definitivo Acuerdo de Paz —el primero no fue aceptado en plebiscito por la ciudadanía en noviembre pasado— que durante 180 días y en tres fases se realizará la dejación de las armas. Primero un 30 % del armamento, después, igual cantidad, y por último el 40 en la final.

LOS CONSPIRADORES DE LA DERECHA

Orgánicamente, el gobierno de Santos diseñó las reformas constitucionales y leyes para que la vida jurídica juegue su papel en la implementación del Acuerdo.

El Congreso Nacional, refrendador el pasado día 30 del segundo y definitivo Acuerdo que contiene cambios sustanciales, basados en más de 500 propuestas populares, al no refrendado por la ciudadanía, también aprobó la concesión de facultades extraordinarias a Santos hasta por seis meses para expedir, sin pasar por la instancia legislativa, los decretos necesarios para darle curso a la implementación.

El presidente tiene que apurarse respecto a ciertos acápites imprescindibles para que las FARC-EP posean un mínimo de garantías para la supervivencia de sus miembros, luego de que pasen a la vida civil, y en ello, al menos en el papel, posee suma importancia la aprobación de la Ley de Amnistía que les protegería de una amenazante derecha que puede llevarlos a la cárcel.

El partido Centro Democrático, liderado por el ultraderechista Álvaro Uribe, se retiró de la votación del Acuerdo en el Senado, en lo que fue interpretado como un mensaje de que la oligarquía colombiana no respetará las refrendaciones del Congreso y seguirá actuando de manera impune como hasta ahora.

Desde que se firmó el primer documento en octubre pasado, hasta ahora, las bandas paramilitares fundadas por Uribe y financiadas por los capitales nacionales —entre ellos también los de la mafia narcotraficante— asesinaron a 30 líderes comunitarios y activistas sociales, la mayoría pertenecientes a la organización Marcha Patriótica, lo que significa que esos grupos no piensan retirarse, según sus acciones, de la escena nacional.

Aunque Santos, ganador del Premio Nobel de la Paz este año, y sus seguidores pretendan darle un tinte sonrosado al proceso de implementación, algunas voces se levantan en Colombia para advertir de los peligrosos momentos que se avecinan, en especial para los y las miembros de los grupos insurgentes.

Para el senador del Polo Patriótico (alianza de partidos democráticos y de izquierda) Alberto Castilla, la oposición a la paz, encabezada por Uribe, acudirá tras su derrota en el Congreso Nacional a otros mecanismos de obstáculo al cumplimiento del pacto.

Castilla, también presidente de la Coordinadora Nacional Agraria de Colombia, explicó a Prensa Latina que “…el entorno para la aplicación de los acuerdos de La Habana es sumamente complicado, pues el Congreso a partir de ahora se centrará en hacer campaña electoral y lo único que le interesa es que las FARC-EP depongan las armas”.

El legislador explicó que el gobierno de Santos termina el próximo año, por lo que no podrá darle continuidad a las leyes que deberán aprobar las Cámaras, más los asuntos que aún queden pendientes, como la entrega de tierras a los campesinos, la garantía de establecer la verdad a las víctimas del conflicto, calculadas en ocho millones de ciudadanos, y el establecimiento de un escenario político al cual puedan integrarse la insurgencia como nueva forma de lucha.
Analistas consideran que con un cambio en la administración y en el Congreso Nacional el ambiente favorable a la paz pueda cambiar de manera radical, cuando el proceso pacificador esté en plena implementación. Desde el Capitolio, la derecha, como hizo hasta ahora, intentará el boicoteo de los elementos jurídicos imprescindibles para una terminación segura de la guerra.

Los grupos reaccionarios, que no son pocos, en especial en las zonas rurales, justifican sus acciones con supuestas amenazas sobre una Colombia transformada en un país comunista y ateo, de homosexuales y dirigido por campesinos, indios y cimarrones, los cuales echarán abajo las leyes capitalistas.

Las elecciones del próximo año definirán si la Casa de Nariño será ocupada por uno de los hombres de Santos, conocedor del proceso, o, en el peor de los casos, por un peón de Uribe que haga retroceder los alcances logrados, con una guerrilla sin armas, de rostro descubierto y en un proceso de transición.

Hay que tomar también en consideración cómo quedará conformada la geopolítica nacional, ya que las elecciones también comprenden las alcaldías.

Politólogos consideran como otro elemento perturbador el cambio presidencial en Estados Unidos, cuya influencia política en Colombia es visceral, con siete bases militares en el territorio de ese país, aceptadas en los dos mandatos de Uribe (2002-2010).

El próximo 10 de enero, en otro momento importante de la vida nacional, la segunda fuerza insurgente colombiana, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), iniciará conversaciones con el gobierno, enrumbadas también a la desaparición de la oposición armadas en esta nación de una mayoría empobrecida.