Paz, tres letras difíciles en Colombia

Para quienes no confían en el presidente Juan Manuel Santos  la palabra paz, de solo tres letras, encierra un mundo de conflictos por resolver en Colombia, en la que este martes habrá un acto para festejar el desarme de los más de siete mil miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), mientras permanece intacto el aparato militar estatal.

Medios de prensa bogotanos informan que ese día se declarará oficialmente la dejación completa de las armas por las fuerzas insurgentes en la zona veredal transitoria de La Meseta, en el departamento de Meta, con la presencia de Santos (al que solo apoyan 12 de cada 100 ciudadanos) y del líder de las FARC-EP Timoleón Jiménez.

El presidente festejó de antemano la semana anterior este triunfo de su gobierno derechista, pues aunque es un gesto resultado del Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla en noviembre de 2016, también es cierto que deja a los insurgentes a merced de sus enemigos, luego de librar una guerra de 56 años en la profundidad de la selva para tratar de cambiar el destino de millones de personas pobres, discriminadas y explotadas por los regímenes de turno.

Salvo algunos frentes que no se acogieron al Acuerdo, la mayoría de las mujeres y hombres de la guerrilla, identificados con nuevas células, inician otra etapa de vida –al menos así lo predica el documento suscrito en Cartagena- en la que devienen ciudadanos comunes, con derecho, al menos en el papel, a participar en la política nacional.

El pasado 28 de enero comenzó el desplazamiento de las tropas de las FARC-EP hacia las zonas veredales (zonas transitorias de normalización) donde entregaron las armas a una Misión de Naciones Unidas (ONU) encargadas de su custodia y destrucción. Primero se despojarían de un 30% del armamento el 30 de junio, igual cantidad una semana después, y el 40% restante este día 27, en el área de Pondores, departamento de La Guajira.

En medio del desarme, las FARC-EP elevaron una nota de protesta al gobierno bogotano por incumplimiento del Acuerdo, ya que cuando los guerrilleros llegaban a las presuntas zonas transicionales solo encontraban tierra enfangada. Ni techo, ni agua, ni comida.   

El desinterés gubernamental era tan notable que el jefe de los Observadores Internacionales de la ONU, general Javier Antonio Pérez Aquino, reconoció la falta de preparación en tales espacios, en tanto ponderó la reacción positiva de las FARC-EP de entrar allí a pesar de las pésimas condiciones encontradas.

Entretanto, los grupos paramilitares se adueñaron –sin que Santos pestañeara- de sus antiguos campamentos, es decir, los dejaron en la calle y sin llavín y con el enemigo en las cercanías.

La paciencia de los jefes guerrilleros ha sido infinita. Los asesinatos de activistas sociales y de líderes comunitarios continúan a diario luego de la suscripción de la paz, sin que el oficialismo siquiera acepte tales ocurrencias, ni adopte medidas para evitarlas.

Ante la gravedad del asunto, que en la práctica pudiera echar por tierra los más de seis años de negociaciones entre las partes, Andrés Gil, vocero del partido Marcha Patriótica, calificó de grave la situación, ya que el Ejecutivo “no desactivó los grupos paramilitares y se teme por la vida de los insurgentes, como ya sucedió en los años 80, cuando mataron a miles de activistas que se habían entregado”.

También la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de la ONU, Kate Gilmore, afirmó que el aumento de la violencia en las zonas campesinas refleja las dificultades del proceso de paz. Solo en lo que va de 2017 fueron asesinados 70 personas vinculadas al activismo político y social.

"El reciente incremento de la violencia que hemos observado en áreas rurales, precisó, ilustra de forma contundente el peligro que representan los actores armados que participan en el crimen organizado y otras actividades económicas ilegales".

La funcionaria solicitó al régimen de Bogotá la situación, “como lo debe ser también la corrupción y la desigualdad en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales", al hablar en una sesión del Consejo de Derechos Humanos.

Con guitarra y con violín

A pesar de la parafernalia de Santos por su éxito (como si fuera solo él ignorando a los insurgentes) y su Nobel de la Paz, la realidad indica que la violencia no cesa en Colombia contra los guerrilleros y los activistas y líderes sociales de las zonas rurales por lo que ni el fin de la guerra, ni la paz, ha llegado tal como pregonan los voceros oficialistas.

Los asesinatos de los líderes comunales y activistas políticos indica la movilización de los paramilitares. Tampoco cesan los actos vandálicos de los que se oponen a la pacificación nacional.

Dos ejemplos recientes: el atentado con bomba en el exclusivo Centro Andino, que costó la vida a tres jóvenes mujeres y varios heridos, y el asesinato en el Cauca de un importante jefe guerrillero dan fe de que para alcanzar la paz hace falta mucho más que entregar las armas para fundirlas en tres monumentos.

La realidad es más cruenta, pues Santos, cuya popularidad está en bajos límites entre los más de 45 millones de colombianos, logró su interés mayor: pasar a la historia como el político que logró la firma de un Acuerdo de Paz que ojalá sea respetado por el próximo gobierno, pues si ganara la Casa de Nariño un extremista de la derecha, la situación nacional dará un vuelco fácil de predecir.

Hay quienes simplifican al máximo la pacificación del país, de raíces violentas. Consideran que –para rematar el proceso guerrillero- el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda fuerza insurgente también suscribirá un Acuerdo con el Nobel y luego la guerra quedará como una pesadilla superada.

Para recordarla están, empero, las siete millones de victimas dejadas por el conflicto, entre ellos más de 200 000 muertos, millares de heridos y 6 000 000 de desplazados.

En un gesto de buena voluntad, el pasado sábado el ELN dejó en libertad a dos periodistas holandeses retenidos quienes, afirmaron, fueron muy bien tratados y devueltos sin un rasguño.

Mientras, en Quito, la capital de Ecuador, continúan a todo tren las negociaciones de esta agrupación con el régimen, en espera del anuncio de la suscripción de un documento que silencie también sus equipos bélicos ante la mirada de la ONU y de los miles de soldados y policías de Santos y de las siete bases militares de Estados Unidos asentadas en Colombia.

Para analistas, el panorama en Colombia está claro. El Presidente en finales no oculta sus planes de protección a los inversionistas que, según previsiones, llevarán más miseria aún a las zonas rurales, ahora sin la protección de las guerrillas.

Lo dijo claro cuando estrenó un megapuerto en Buenaventura, ahora en manos de una trasnacional española: “Hoy somos el primer país en Latinoamérica de protección inversionista. Por eso tenemos que seguir facilitando la vida a los empresarios e inversionistas, nacionales o extranjeros”. Al mismo tiempo, desalojó de sus barrios a los bonaerenses para ampliar su zona industrial, sometiéndoles a la más cruda pobreza y miseria.

Se considera que unos 13 millones de campesinos quedarán sin un rincón siquiera para vivir debido a los planes neoliberales de complacencia de Santos con las mineras foráneas, lo que con certeza hará de la paz una dejación de armas, un crecimiento del paramilitarismo, y una entrada de la guerrilla a la política que dejará pocos frutos, dado el terror que contra esas agrupaciones siembra el expresidente derechista Álvaro Uribe.

Paros cívicos como el del Chocó negro, el de Buenaventura, las protestas de los cocaleros, los maestros, los camioneros, las centrales obreros hablan de que la sociedad pobre de Colombia está en pleno movimiento.

Marchas, protestas, plantones de distintos sectores populares reiteran que la lucha social en Colombia está viva y pujante. Es una verdad que con hambre no hay paz, y el modelo neoliberal imperante en Colombia dejó 8 586 000 pobres en 2016, mientras el 8,5% de la población vivía en pobreza extrema, en especial en las zonas campesinas, donde se mantienen los conflictos agrarios.

En medio de la recesión económica nacional, analistas coinciden en que están dadas las condiciones para empujar a los votantes el próximo año hacia los brazos de la derecha encarnada por Uribe ya que el acuerdo de paz no ofrece resultados tangibles para millones de ciudadanos, pues tocará al próximo Ejecutivo la implantación de temas medulares, como la reforma agraria. Y habría que esperar a ver qué pasa cuando el Nobel haga sus maletas.

A Santos le espera un agosto difícil, luego de la huelga de los educadores y los paros del Chocó y Buenaventura. Dentro de dos meses, habrá un gran paro cívico nacional que paralizará todas las actividades en Colombia, según las grandes Centrales sindicales y las organizaciones populares.

En este contexto, el ejemplo de Venezuela y su Asamblea Nacional Constituyente son piedras en el zapato de la derecha colombiana, pues no sería desacertado pensar que quizás las agrupaciones populares exijan un mecanismo similar en lugar de elecciones cuyos resultados ya están previstos por Estados Unidos.  De ahí que Santos, en medio de sus cantos de sirena, se lance contra la Revolución Bolivariana para la complacencia del presidente Donald Trump. Al final, ya el cumplió sus metas personales.