En medio de una compleja situación de inseguridad vivida durante décadas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, adoptó medidas excepcionales para tratar de detener el alto número de asesinatos realizados en fecha reciente por las pandillas organizadas en ese país, con más de 60 000 miembros, según cálculos extraoficiales.
A fines de marzo pasado, el accionar de los dos principales grupos de delincuentes —Mara Salvatrucha y Barrio 18— sumó como mínimo 14 homicidios en un día, y al siguiente 62, las cifras más altas de asesinatos desde el año 2000 en dos jornadas.
Hasta esa fecha, la mayor matanza en un solo día, con 51 muertos, ocurrió en agosto de 2015, cuando el país vivió su año más mortífero tras el final de la guerra civil (1980-1992).
Bukele, 40 años, de ascendencia palestina y exalcalde de San Salvador, con un respaldo popular del 91 % en la actualidad, asumió el gobierno en 2019 con la promesa de luchar contra el crimen organizado y reducir la tasa de homicidios. Su reacción inmediata ante la osadía de las pandillas fue reforzar la seguridad en las calles y de inmediato solicitó al Congreso Nacional aprobar el estado de excepción, ya en su segundo mes.
El artículo 29 de la Constitución salvadoreña establece que tal emergencia puede ser declarada en “casos de guerra, invasión de territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia y otras calamidades generales, o graves perturbaciones del orden público”.
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La mayoría oficialista del Legislativo aprobó la medida, que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de ser informado de las razones de arresto, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir los celulares de quienes consideren sospechosos.
Hace pocos días, el presidente, del partido GANA, que en su campaña electoral prometió reducir al mínimo el clima de terror en que vive la población salvadoreña —estimada en 6 634 000 personas— informó que al menos 20 000 pandilleros están encarcelados, sin las mínimas condiciones, pues los recintos carecen de condiciones, reciben una comida al día y solo visten calzones.
Lo que más llamó la atención de informadores es que colocó en una misma celda a miembros de organizaciones pandilleras rivales, lo cual ningún otro mandatario se atrevió a hacer, y suspendió cualquier tipo de privilegio no solo para estos llamados “soldados” sino para sus jefes, pues en otros momentos poseían teléfonos celulares, duchas y recibían prostitutas.
Es innegable que la decisión del mandatario de juntar en una sola celda a pandilleros enemigos entre sí conlleva riesgos. El odio a muerte entre esos grupos es legendario, y en otros gobiernos hubo cárceles exclusivas para cada organización.
La iniciativa, celebrada entonces por las pandillas como una victoria contra el sistema, sirvió para contener por años el número de motines y asesinatos en el interior de las prisiones, pero consolidó el poder y la organización interna de estas estructuras criminales.
Una a una cada cárcel asignada a pandilleros fue cerrándose en algunos casos (como las de Cojutepeque y Chalatenango), o repoblada con miembros de pandillas antagónicas, aunque en sectores independientes.
Bukele anunció esta semana la construcción de un mega-recinto, que sería ocupado solo por este tipo de prisionero.
Sin embargo, algunas voces, en especial Estados Unidos (EE.UU.), con marcadas diferencias contra Bukele, y organizaciones de derechos humanos que han visto masacrar poblaciones sin mover un dedo, han protestado por el tratamiento a los delincuentes y asesinos encarcelados, quienes debían, dicen, recibir otro tipo de atención.
¿CUÁLES PANDILLAS OPERAN EN EL SALVADOR?
Las pandillas que operan hoy en El Salvador surgieron en los años 80 en el sur de California, integradas por ciudadanos de esa nación que viajaron a EE.UU. tras el fin de la guerra y se organizaron allí por territorios. A California llevaron el caos, y el gobierno de EE.UU. los deportó a su país de origen, donde reprodujeron su forma de vida en Norteamérica.
En el pequeño país de Centroamérica, golpeado por una guerra civil que dejó miles de muertos, los pandilleros ya organizados e identificados con distintos nombres y sus sellos distintivos —los Mara Salvatrucha el cuerpo tatuado— controlan desde entonces barriadas y comunidades con absoluta impunidad, bajo la pasividad o indiferencia estatal.
El tatuaje expandido por el cuerpo identifica a los miembros de la Mara-Salvatrucha. (Tomado de EFE).
Estimaciones oficiales cifran en unos 60 000 los pandilleros activos en El Salvador, de los 70 000 que se calcula operan en varias naciones centroamericanas. Esa circunstancia convirtió a las pandillas en crimen organizado, dirigiendo el narcomenudeo, extorsiones, asesinatos y otros crímenes, incluyendo la violación sexual de menores de edad.
Tres son las pandillas hegemónicas: la Mara Salvatrucha, el Barrio 18-Sureños y el Barrio 18-Revolucionarios, aunque hay otras de menor arraigo, más el nada despreciable número —más de 3 000— supuestamente retirados en las cárceles, desde donde dirigen sus operaciones callejeras.
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En 2018, Centros Penales catalogó como pandilleros a 17 400 de las 39 300 personas privadas de libertad. El 44 % de toda la población penitenciaria. Hoy, tanto la cifra bruta como el porcentaje son más elevados.
La Mara Salvatrucha o MS-13, la más numerosa, surgió en California en la década de los 70 y fue deportada por EE.UU. en los 90 del pasado siglo.
Un dato eficaz para calibrar el impacto de este grupo en la criminalidad: una de cada cuatro personas detenidas en 2019 por la Policía Nacional Civil fue catalogada como miembro de la MS-13. Esta mara opera en los 14 departamentos del país, tanto en áreas urbanas como rurales.
Su tamaño, poderío y estructura es tal que, a inicios de 2017, un grupo de disidentes dio una especie de golpe de Estado interno. La iniciativa resultó un fracaso y la facción naciente —bautizada MS-503— engloba hoy a docenas de exintegrantes de la MS-13.
El origen del nombre de la pandilla no está completamente claro. Estudiosos indican que puede proceder de la palabra “marabunta”; otra versión sugiere que es una combinación de “salvadoreño” y “trucha” (que en lenguaje popular significa “estar alerta”). Pero la versión más extendida, sin embargo, la emparenta con el neologismo “mara”, sinónimo de “grupo de amigos”.
El significado del número 13 también varía. Algunos aseguran que es el barrio de Los Ángeles donde se formó la banda, pero otros estiman que 13 corresponde a la letra eme del alfabeto, por respeto al grupo La Mafia Mexicana (MM), también conocido como “La Eme”. Esta supuesta conexión, según expertos en el tema, sirve de puente para establecer la interacción pandillera, un importante elemento de la evolución de estos grupos criminales.
Una información del periódico salvadoreño La Página, indica que las maras reciben entrenamiento militar financiado por los cárteles mexicanos.
La pandilla Barrio 18 desciende de la 18th Street Gang, surgida a mediados del siglo pasado en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.
El Barrio 18 o la 18 —pero no Mara 18— se separó por un conflicto interno a mediados de la década pasada y ahora funcionan como la 18-Sureños y la 18 Revolucionarios. Y en la explosión de violencia homicida actual se desmarcaron con un comunicado grabado en video que incluso el mandatario publicó en Twitter.
Están también la Mirada Locos 13 y Mao-Mao, con unos 300 miembros activos en prisión, pero que desde allí controlan distintos barrios.
¿DARÁ RESULTADO EL PLAN DE BUKELE?
Alrededor de los pocos meses de relativa calma de los delincuentes, algunas fuentes indican que Bukele hizo un acuerdo con los jefes pandilleros, lo que él niega de manera rotunda. Otros presidentes que lo antecedieron lo intentaron, pero la realidad indica el fracaso.
El contexto actual de El Salvador, sin embargo, es también complejo desde el punto de vista económico, que es el origen, según estudiosos, del nacimiento en Estados Unidos y su continuidad en el país, un caldo de cultivo para reclutar adolescentes y jóvenes sin estudios ni trabajos honrados.
Para poner un punto final —lo que podría demorar décadas— el actual y futuros gobiernos salvadoreños tendrían que trabajar en un cambio estructural de la economía, donde prima la pobreza y bajos ingresos, endurecidos por la pandemia de la COVID-19 en los dos últimos años.
La crisis sanitaria empujó a que más salvadoreños se quedaran sin recursos para atender sus necesidades básicas. En la actualidad, el 30,7 % de los salvadoreños carecen de recursos para atender sus necesidades básicas.
El mayor recrudecimiento se observó en la pobreza extrema que, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (Cepal), incide en un 8.3 % de la ciudadanía, considerada en la indigencia.
La institución reconoció que al observar la pobreza por edades, el 43 % de los hogares que vive en esa situación está en el rango de cero a 14 años, el 30 % entre los 15 y 39 años, el 26 % de 40 a 54 y el 25 % para los mayores de 65.
O sea, la mayor cifra corresponde a quienes son reclutados por las pandillas para adquirir algo de dinero para sustentar a sus familias.
De ahí que algunas voces persistan en que las medidas gubernamentales adoptadas son apenas una curita en el universo salvadoreño, donde los índices de salud, analfabetismo, y hambre superan las posibilidades de terminar con los grupos armados solo con meterlos en la cárcel.
Los homicidios y chantajes, los secuestros y las violaciones están bajando, pero la pregunta es hasta cuándo, pues mientras no se resuelva la situación estructural del llamado Pulgarcito de América, continuarán las pandillas.
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