Otro año difícil para Colombia

El año que recién comienza pudiera ser muy difícil para Colombia y su presidente Iván Duque, quien no esperaba la rebeldía popular y el gran paro nacional que puso en pausa a la nación donde se aplica, como política de Estado, la estrategia del terror personal y colectivo.

En 2019, este país, devenido líder del derechismo ultraconservador en América Latina y el Caribe, también fue sacudido antes por protestas populares debido a las medidas extremas que facilitan el gigantesco saqueo capitalista de sus grandes recursos.

Al igual que ocurrió en Ecuador, Chile, y Bolivia —en los dos primeros por las mismas causas de aplicación del neoliberalismo más feroz—, en Colombia también hubo gigantescas protestas y un paro nacional que estremeció los bien apuntalados cimientos del régimen del partido Centro Democrático, creado por Álvaro Uribe, padrino político del presidente, que nada resuelve en cuanto a las demandas sociales. Todo lo contrario.

Males comunes existen en el régimen de Duque dócil a la Casa Blanca y a los intereses económicos privados: un legislativo y judicial vendidos a la empresa privada que garantiza el poder del dinero, unas Fuerzas Armadas que arremeten contra su propio pueblo, abusan de su autoridad y desconocen cualquier límite ético, legal y humanitario a la hora de reprimir.

Colombia parecía una nación habituada a estos grandes problemas, que también incluye el incumplimiento de Duque a los Acuerdos de Paz de 2016, a vivir en la violencia, los asesinatos de líderes y activistas sociales, a la pobreza y el desalojo. Típico capitalismo en que una minoría absorbe el trabajo de las grandes masas. En ese país hay 13 073 000 personas en situación de pobreza monetaria, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Al revisar los niveles económicos de la población de 49 834 000 habitantes, las regiones más pobres del país son Chocó, donde 61,1 % se cataloga como pobre, afirmó DANE. Le siguen La Guajira (53,7 %), Cauca (50,5 %), Magdalena (46,6 %) y Córdoba (44,2 %).

Para Duque no ha habido nada más importante en sus dos años de gobierno que organizar la guerra unilateral contra Venezuela, bien desde sus fronteras comunes o en organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), en la difusión de mentiras vía internet, o mediante el pase de delincuentes narcotraficantes, militares o paramilitares para llevar adelante una guerra no declarada contra una nación que solo busca la paz.

Uribe —acusado de corrupto y mala sombra para quienes siguen a su lado, por eso el expresidente Juan Manuel Santos supo desprenderse a tiempo de su compañía, aunque fue su ministro de Defensa— y el presidente no se esperaban que el pasado 21 de noviembre la clase trabajadora organizara un gigantesco paro nacional, pese al terror desatado por los uniformados y los paramilitares, al toque de queda impuesto por el régimen y a la brutal represión contra los manifestantes en las calles. Un joven de 21 años murió a manos de las fuerzas públicas y decenas quedaron heridos.

La paralización del país fue absoluta, tanto en el sector productivo como en el de servicios. Las carreteras fueron bloqueadas y las manifestaciones duraron más de un mes. Fueron semanas continuas de movilizaciones, hasta se constituyó el Comité del Paro, integrado por representantes de la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación General de Trabajadores, la Confederación de Trabajadores de Colombia) y organizaciones de estudiantes, campesinos, indígenas, afros, pensionados y ambientalistas, que en años recientes habían liderado resistencias de esos sectores sociales a las políticas estatales. El gobierno se vio obligado a recibirlos, pero sin llegar a acuerdo alguno en las 16 peticiones del pliego de demandas de la ciudadanía. 

A mediados de este mes de enero, el Comité  —que mantiene viva la protesta mediante los cacerolazos escuchados día y noche en toda Colombia— anunció que pronto habrá una segunda ronda de negociaciones y Duque deberá analizar su posición de no ceder en ningún punto que pueda desfavorecer los intereses de los grupos oligárquicos que le respaldan.

Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, declaró que el fracaso de las citas se debe a las discrepancias entre la posición oficialista y los representantes del Comité. Estimó que para el gobierno los encuentros forman parte de una “conversación nacional”, mientras que ellos insisten en la necesidad de una mesa de negociación para discutir los 13 puntos identificados por las centrales obreras,  que, de no lograr su objetivo, mantendrán las movilizaciones nacionales este año.

LA ESTRATEGIA DEL TERROR DE DUQUE

Bajo el mandato de Duque, el exterminio de ex guerrilleros acogidos a la letra del Acuerdo de Paz, activistas sociales y políticos, es masivo. Asesorados por militares estadounidenses que permanecen en las siete bases de ese país en suelo colombiano, militares locales, paramilitares y la policía, actúan para reprimir las organizaciones sociales y las protestas.

Los paramilitares —integrados por narcotraficantes, expolicías y exmilitares— constituyen una herramienta de terror articulada al Ejército. Su labor de exterminio se ejerce contra todos los que hayan pertenecido a las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) activistas y líderes sociales opuestos al saqueo de los recursos naturales por las transnacionales, el latifundio,  el envenenamiento de los ríos y el desplazamiento de las comunidades pobres e indígenas.

En Colombia hay, en estos momentos, más de 200 000 personas desaparecidas que supuestamente yacen en fosas comunes, pues también hay cuerpos incinerados. Se trata de civiles ultimados por esos grupos terroristas y que, si son encontrados en fosas comunes, son presentados como guerrilleros abatidos en combate, los llamados “falsos positivos”, una macabra práctica que ocupa grandes cintillos de la prensa derechista para atemorizar a las poblaciones.

Desde que se firmó en noviembre de 2016 el Acuerdo de Paz en La Habana entre las FARC y el gobierno de Santos, al menos 185 exguerrilleros fueron asesinados, mientras que decenas de sus familiares sufrieron la misma suerte.  Unos 800 líderes sociales también resultaron muertos entre la fecha del acuerdo y la actualidad. Y cada 24 o 48 horas ocurre otro homicidio.

La ausencia de las fuerzas guerrilleras en zonas donde no se permitía la depredación de las trasnacionales dejó como saldo el avance agigantado de proyectos extractivos de multinacionales mineras y energéticas. 

Los indígenas Wayu viven en constante peligro. Ellos mueren de sed y hambre porque las multinacionales que explotan la mayor mina de carbón a cielo abierto desviaron el río Ranchería para su uso y secaron la tierra. Más de 14 000 niños de ese pueblo autóctono murieron por esas causas, mientras, el carbón es sacado por toneladas en grandes barcos.

Esos solo son ejemplos de lo que está haciendo Duque con Colombia, a lo que se suma la explotación laboral aberrante y la injusticia social. De ahí que el encuentro bilateral en diciembre no arrojara acuerdo alguno, y lo más probable es que este mes, cuando sean reanudadas las conversaciones, tampoco nada se logrará, ya que los voceros de las centrales obreras exigen cambios que el gobierno no está dispuesto a realizar.

DUQUE NO VA A RETROCEDER

El Comité del Paro exige en sus demandas una reestructuración de las bases económicas, políticas y sociales del país, lo cual dista del criterio gubernamental, por lo que no se avizora una solución a corto plazo.

Entre las modificaciones que solicitan los sindicatos y organizaciones afiliadas, así como otros sectores de la vida social que participan en las movilizaciones, aparecen con fuerza la modificación de la doctrina militar y la política de seguridad y defensa del país; cambiar el modelo de salud y tornarlo público; dialogar con las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y liberar los presos políticos, entre ellos los antiguos miembros de las FARC.

Para algunos analistas, como Jorge León, del periódico El País, habrá un pulso entre los líderes del paro y el gobierno, pues son inviables peticiones como estatizar Ecopetrol, lo cual implica el desembolso de 15 billones de pesos colombianos para adquirir las acciones de los privados.

Cuando comenzó la conversación con el gobierno, el Comité del Paro —cuya principal tarea política es mantener viva la movilización popular mientras no se llegue a un acuerdo— presentó un pliego de 13 demandas, que luego se extendieron a 104, debido al alto número de problemas pendientes.

Son varias las incógnitas que se presentan a principios de año, entre ellas si habrá nuevos paros permanentes mientras se negocian las demandas.

Duque, por su parte, ha realizado 16 reuniones con unas 1000 personas de diferentes sectores en las que habló de equidad, corrupción, paz, ambiente y juventud; tratando de restarle importancia al Comité del Paro.

Bautizada por él como “conversación nacional”¨ se extenderá hasta marzo y prometió que de las propuestas personales, más de 5000 hechas a través de la web, saldrán acciones y proyectos de ley en el Congreso.

La realidad indica que Colombia ya no es la misma desde el pasado 21 de noviembre. Lo ocurrido ese mes forma parte de las recientes acciones colectivas expresadas en la amplia votación recibida por la candidatura presidencial del izquierdista Gustavo Petro, el paro cívico de Buenaventura, la huelga universitaria, la alta votación en la consulta anticorrupción, y la  minga indígena del Cauca.

Colombia es una nación destrozada por 50 años de guerra civil —cuya terminación fue firmada y burlada por Duque y Uribe—, la implicación del neoliberalismo y su crisis, la desigualdad, el desempleo, la vulnerabilidad de los derechos…

El Comité del Paro debe trazarse nuevos propósitos para 2020, entre ellos crear los comités departamentales y municipales que incluyan los problemas regionales para ser discutidos en los procesos de elaboración de planes de desarrollo a ser acometidos por los nuevos gobernadores y alcaldes que tomaron posesión el pasado día primero.

Es responsabilidad de los nuevos líderes  —recuérdese que el partido oficialista fue duramente castigado en las últimas elecciones regionales— dar respuesta a las exigencias de sus votantes en materia de empleo, movilidad, paz, vivienda, salud, educación, entre otras.

Más de mil alcaldes, 32 gobernadores, 1101 concejos municipales, 32 asambleas departamentales y 1040 juntas administradoras locales asumieron para el periodo 2020-2023.