Esta semana –aunque hubo otras muy complejas- está particularmente caliente en el panorama político peruano, pues mientras el presidente Pedro Castillo busca un referendo decisorio sobre una nueva Constitución Nacional, el Congreso, su peor enemigo, no solo se opone a la idea, sino que presentó mociones de interpelación contra cuatro de sus ministros.
A pesar del peligro de un golpe de Estado, en preparación desde hace meses, Castillo se enfrentó directamente al Legislativo el pasado lunes con un proyecto de ley que daría paso al referendo que determinará si el pueblo quiere o no una nueva Constitución Nacional, que reestructure las bases de la nación.
El órgano legislativo, con una gran fortaleza opositora, en diciembre pasado descartó la presentación de una ordenanza similar por la bancada del oficialista Perú libre, e impuso una ley-veto para frenar el eventual referendo sobre una Carta Magna diferente a la actual, de 1993, aprobada por el dictador Alberto Fujimori para defender los intereses de los grandes capitales locales.
Ante el freno legislativo, el dignatario afirmó que “No permitiremos que se vulnere la participación política de los peruanos, menospreciando, condicionando y sometiendo su voluntad a merced del parecer único del Congreso”.
A pesar de las observaciones que presentó el Ejecutivo, el Legislativo ratificó la norma con inusitada rapidez y sin debatir los detalles presentados.
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Durante su campaña por la presidencia, Castillo proclamó que “Perú necesita ser refundado ante una evidente crisis, dándole el único poder a la ciudadanía”.
La férrea derecha peruana ha manipulado al mandatario, un sindicalista y maestro de la región pobre de Cajamarca, quien obtuvo la primera magistratura con mínimo de votos de diferencia ante su adversaria, la derechista Keiko Fujimori, hija del dictador condenado por crímenes de lessa humanidad.
Para el Congreso, “toda iniciativa de reforma constitucional, que se someta a consulta popular, debe pasar previamente por el fuero parlamentario”, según consta en el comunicado emitido sobre el primer pedido de referendo.
Para sorpresa de los legisladores, el pasado lunes 25 hubo un Consejo de Ministros en el Cusco, donde Castillo confirmó que aunque el Parlamento tiene en sus manos la potestad de aprobar un referendo, su gobierno insistirá y trabajará la propuesta enviada para que sea debatida.
El dignatario presentó ese día un proyecto de reforma para la Asamblea Constituyente, con las alternativas Si o No a la pregunta ¨¿Aprueba usted la convocatoria a una nueva Constitución política?¨.
El oficio indica que “dicho proceso de referendo será autónomo e independiente al proceso electoral regional y municipal de este año¨ y, aclaró, “no modifica ninguna regla” de dichos comicios.
El gobierno convocó elecciones regionales municipales para el próximo 2 de octubre. Se elegirán gobernadores y sus vices y consejeros regionales, así como alcaldes y regidores de los concejos provinciales y concejos distritales. (Tomada de PL)
Con el voto aprobatorio del Consejo de ministros, el proyecto de ley de reforma constitucional –una de sus promesas de campaña que el pueblo exige se cumpla- debería ser debatido y aprobado –aunque no hay señales de que ello ocurra- por el órgano legislativo.
La presentación del texto, que materializa un deseo de la ciudadanía peruana identificada con el profesor de Cajamarca, levantó de inmediato un avispero de opiniones, tanto a favor como en contra.
El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, defendió la idea de realizar el referendo el 2 de octubre para evitar mayores gastos al Estado.
En criterios emitidos desde el Cusco, precisó que ¨esta es una proposición que no solo puede presentar el Ejecutivo, sino cualquier ciudadano y el Congreso de la República está obligado a analizar y decidir si la aprueba o no, indicó en diálogo con Canal N.
Asimismo, Gavidia indicó que en la mayoría de planes de gobierno de partidos que se presentaron en las últimas elecciones generales había cambios en la llamada Ley de Leyes.
“Sabemos perfectamente, refirió, que las reformas constitucionales son un proyecto de todos los partidos. Que la reforma sea parcial o total es un tema que atañe a una segunda etapa, después; si la población dice que no, seguiremos con el mismo Estado actual”.
El proyecto de ley establece que la Asamblea Constituyente tendrá por único objeto redactar la nueva Constitución y será disuelta una vez concluida esa responsabilidad.
En la actualidad hay en Perú una crisis a nivel político, económico, social y cultural, y las continuas tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo generan inestabilidad al país y al mandatario, a quien la derecha pretende destituir prácticamente desde que comenzó su mandato.
Con posiciones contrarias al gobierno, Luis Valdez, secretario general de Alianza para el Progreso (APP), estimó que el actual gobierno “ha fracasado” y busca “enquistarse” en el poder y en esa línea consideró que el Congreso debe asumir su rol de control político. O sea, un golpe de estado parlamentario.
Además, afirmó que lo mejor que le puede pasar al país en el actual momento ¨es que tengamos un nuevo presidente¨.
El Congreso peruano es el principal enemigo del gobierno del presidente Pedro Castillo, al que quiere destituir de cualquier modo, entre ellos un golpe de estado parlamentario. (Tomado de Resumen Latinoamericano)
La excandidata presidencial Verónika Mendoza, declaró poco después de conocerse la noticia, que ¨El Congreso hará lo imposible para bloquearlo¨(el proyecto) y consideró que el mandatario propone la consulta ¨mas como salvavidas que por convicción¨, al considerar que, mal asesorado, este adoptó varias medidas antipopulares que causaron protestas públicas y hasta un derogado estado de excepción.
Mediante su cuenta en Tuiter refirió que una nueva Carta Magna es una “demanda legítima” de amplios sectores del país y una “necesidad evidenciada” por la “crisis profunda y múltiple” , indicó la lideresa del movimiento progresista Nuevo Perú.
En su opinión, esa nación necesita de manera urgente un frente político, social y ciudadano que proponga y presione al gobierno y al Congreso para implementar tres planes que cambiarían el desempeño nacional.
Mendoza refirió que ¨no se trata solo de decidir si queremos o no una nueva Constitución sino también de determinar cómo se va a elegir a las y los constituyentes para que representen a todos los sectores del país, y también debatir qué queremos cambiar y hacia dónde”.
Otros políticos, de derecha, fueron más radicales al responsabilizar al dignatario –obviando el plan de desprestigio y destitución en marcha- de la precaria situación política existente.
Siguiendo la línea de los legisladores opositores, Diego Bazán, de Avanza País, señaló como una nueva causal de vacancia presidencial –sería la tercera en nueve meses- la propuesta de Castillo de incluir la pregunta sobre el referendo en las próximas elecciones de este año.
En declaraciones a El Comercio, Bazán recordó que según la actual normativa puede ser acusado por delitos muy específicos, uno de ellos el de interferir en el proceso electoral.
¨Ya llegamos a un punto en el que ni un cambio de Gabinete es una solución, la salida o la renuncia es fundamental pues ya no podemos seguir soportando esta situación”, dijo, mientras abogó porque se adelanten las elecciones generales para renovar los dos poderes enfrentados.
También la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, del partido Acción Popular, destacó que los titulares que firmen la propuesta de Castillo pueden ser denunciados, lo cual es muy posible que haga, pues el envío del documento está signado por el Consejo de Ministros.
Pero el menos llamado a criticar la función gubernamental es el Parlamento, que solo tiene el respaldo de un 11% de los ciudadanos encuestados por el Instituto de Estudios Peruanos este mes. Nueve de cada 10 adultos, aproximadamente, lo desaprueba por incumplimiento cabal de sus funciones.
Tampoco la presidenta Alva sale bien parada. La desaprobación a su gestión es de un 76% y solo un 18% la respalda.
Estas cifras le quitan peso al Congreso para ser considerado una alternativa de gobierno frente a la demanda de nuevos comicios generales y a la figura de su líder como potencial reemplazo, como se viene barajando.
¨Es evidente que, así como la mayoría de peruanos considera que el actual Ejecutivo no logra ganar gobernabilidad y va perdiendo credibilidad a pasos agigantados, también los 130 congresistas son cada vez peor evaluados por su labor obstruccionista, poco constructiva y por permanecer de espaldas al país en temas claves¨, indicó en un análisis el periódico La República.
El gabinete peruano presidido por Anibal Torres se enfrenta ahora a cuatro mociones de interpelación contra igual número de ministros. Los impugnados son el propio Primer Ministro, Alfonso Chávarry (Interior), Carlos Palacios (Energía y Minas), Betssy Chávez (Trabajo).
Cada uno de los indicados –en una nueva maniobra de desgaste del gobierno- debe dar respuesta al desarrollo de su gestión. Chávarry, por ejemplo, queda responsabilizado con los conflictos sociales, el paro de transportistas y el estado de excepción dictada por Castillo.
Este nuevo movimiento parlamentario seguramente terminará con la disolución del tren ejecutivo y la formación de uno diferente.
La moción contra Torres puede terminar con su carrera en el premierato pues cuenta con firmas de siete bancadas opositoras y los independientes Carlos Anderson, Edward Málaga y Susel Paredes.
Torres deberá responder por las motivaciones del Ejecutivo para declarar estado de emergencia y toque de queda el pasado 5 de abril, ante las amenazas de saqueos y otros actos vandálicos en ciudades principales.
Este es el panorama de Perú, tras décadas de gobiernos neoliberales y derechistas. Lucha frontal con un Congreso negado a cooperar con un mandatario de origen humilde y quizás inexperto para lidiar con esos dinosaurios del pasado, pero que llegó a Lima con las mejores intenciones conocidas hasta ahora en un político peruano de ese nivel.
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