Ofensiva ultraderechista

La reacción boliviana, representada por tres de sus líderes, convocó a un paro nacional este martes que, por su carácter político, está dirigido a la desestabilización interna y al encubrimiento de los delitos cometidos durante el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales en 2019.

Aun cuando importantes organizaciones rechazan la paralización del país reclamada desde el siempre virulento estado de Santa Cruz, la derecha hace un intento más para crear focos de tensión en una nación que busca recuperarse del desastre dejado por la presidenta de facto Jeanine Áñez, títere de Estados Unidos (EE. UU.), ahora encarcelada por varios delitos.

En respuesta, los movimientos sociales prepararon una movilización para el próximo martes en defensa de la wiphala, la democracia, la patria y el presidente Luis Arce; según informó Morales, dirigente del trópico de Cochabamba y del oficialista partido Movimiento al Socialismo (MAS).

En entrevista con radio Kawsachun Coca, indicó que, en ese departamento habrá una concentración, y en La Paz, la capital, prevén una marcha gigantesca hasta la sede de gobierno.

Los cabecillas de la movilización derechista citada para este domingo 10 y la suspensión de actividades el lunes son el ahora gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el ex candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, y el expresidente Jorge Tuto Quiroga, todos involucrados en el golpe antidemocrático auspiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA).

La tensión subió en los últimos días entre el gobierno del mandatario Luis Arce, del MAS, y las autoridades de Santa Cruz, considerada el bastión de los grupos derechistas. Camacho protagonizó un criticado acto de racismo cuando ordenó arriar la bandera wiphala, símbolo nacional desde 2009 y de los pueblos indígenas, momentos después de ser izada por el vicepresidente David Choquehuanca durante una ceremonia pública.

Activistas de la derecha gritaron consignas contra el gobierno y propinaron golpizas a dirigentes sociales y a quienes portaban wiphalas en el acto.

ODIO POLÍTICO

En opinión del vocero presidencial Jorge Ritcher, los actores del golpe de Estado saldrán a las calles “para ver si pueden conducir a Bolivia a otro baño de sangre”, por un retorno al sistema capitalista. Entrevistado por el programa Taypi de radio Kawsachun Coca, el también analista político precisó que los reaccionarios cruceños no están dispuestos a esperar ni cinco, ni diez años para ganar la primera magistratura, ya que nunca tendrán el voto popular y por ello buscan la ruptura constitucional violenta.

En recientes declaraciones, Camacho afirmó que estos nuevos ataques van dirigidos contra del gobierno nacional presidido por Luis Arce, del partido MAS, y el retorno al progresismo. Este millonario opositor, de 40 años, con cuentas pendientes en la justicia por dirigir hechos violentos en 2019, lideró antes la organización civil más importante y conservadora de Santa Cruz, además ser miembro de una de las dos grandes logias de la zona (Los Caballeros del Oriente). Junto a su familia integra el Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A., compañías vinculadas a los seguros, el gas y los servicios.

Por sus antecedentes y su papel preponderante en los sucesos del 2019, Camacho quiere proteger a Áñez pero también busca su salvación, pues debe presentarse ante la justicia la próxima semana por los presuntos delitos de conspiración y desestabilización contra Morales Ayma.

Con la mira puesta en aniquilar el socialismo del suelo boliviano, al gobernador ni siquiera le preocupa, según sus críticos, adquirir las vacunas contra la COVID-19 para salvar la vida de sus coterráneos y votantes.

Desde que el exlíder cocalero obtuvo su primera victoria en las urnas para ponerse al frente de los destinos de un país empobrecido —el segundo de América Latina después de Haití— Camacho, siendo un jovencito, se sumó a varios movimientos contrarrevolucionarios. Integró el Comité Cívico del sureño departamento que lucha por separarse del resto de la nación en un plan que pretendía convertir a Bolivia en una nueva Yugoslavia. El 29,8 % del producto interno bruto (PIB) nacional procede de ese territorio donde impera el racismo contra los pueblos indígenas.

Distintos políticos bolivianos coinciden en que el actual plan de la contrarrevolución es cambiar el rumbo político del país y posesionar a la derecha en el Palacio Quemado. Con ello, Áñez saldría libre y el resto de los involucrados en las acciones y masacres cometidas contra la población que se opuso a la renuncia obligada de Morales por las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica.

Aunque grupos opositores intentan victimizar a la también exsenadora y catalogan su prisión de abuso de poder del gobierno de Arce, seis organizaciones internacionales y una entidad local denunciaron que, durante su régimen de un año, ocurrieron matanzas, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, uso desproporcionado e innecesario de la fuerza contra manifestantes desarmados; además de detectarse la presencia de grupos violentos paraestatales.

Los documentos aparecen firmados, en distintos momentos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Clínica de Derechos Humanos de Harvard, Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Instituto de Terapia e Investigación Sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) y la Defensoría del Pueblo.

Serán la base del informe que prepara el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre hechos de violencia y violaciones de derechos humanos, ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019.

Además, el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, dijo que el reciente informe de la CIDH sobre la situación de Áñez desbarata la campaña de sus familiares, abogados y afines, que intentaron hacer creer que ella sufría agresiones contra su integridad y no tenía acceso a un tratamiento de salud adecuado.

MOVILIZACIÓN CONTRA PARO NACIONAL

El presidente Arce, junto a fuerzas políticas, sindicales y movimientos sociales, se mantienen movilizados ante el peligro que entraña la convocatoria del paro nacional para la democracia y los planes de recuperación económica y social planteadas por su gobierno.

Al dirigirse en fecha reciente a las Fuerzas Armadas —que obligaron a salir a Morales y trataron de matarlo cuando viajaba hacia México— Arce planteó que el comportamiento inconstitucional de algunos militares no representa los valores y principios de ese cuerpo, renovado en su mayoría.

El mandatario, quien ganó los comicios de octubre de 2020 con 55 % de los votos válidos en primera vuelta, aseguró que la institución militar empieza una etapa de reestructuración. El pueblo, dijo a los uniformados “les espera para caminar juntos y nunca irá a tocar las puertas de cuarteles para pedirles que conspiren contra la democracia”.

Mientras, organizaciones afines al proceso revolucionario boliviano están movilizadas contra los planes derechistas de Santa Cruz y las alcaldías de otras ciudades, como La Paz y Cochabamba.

En pie de lucha está la poderosa Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), encabezada por máximo dirigente, Eber Rojas.

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, Marcos Miranda, consideró que la ciudadanía desoye las pretensiones derechistas, que causaron muertes en la crisis de 2019.

Sabemos que la parada va a ser un fracaso y también conminamos a todas nuestras organizaciones sociales a que no la acaten”, afirmó Miranda en rueda de prensa junto a dirigentes de otros sectores.

El ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), Esteban Alavi, rechazó el paro ¨ya que solo generará perjuicio a la economía de las familias trabajadoras. Aseguró que no permitirán que se paralicen las actividades y dijo que se trabajará con normalidad.

También la Confederación de Choferes de Bolivia ratificó el rechazo de sus afiliados al llamado de la contrarrevolución. El secretario ejecutivo de esa entidad, Ismael Fernández, en entrevista con Radio Éxito, aseguró que es imposible acatar una medida de esa naturaleza y que el martes “trabajaremos con normalidad”. “Como sector estamos saliendo de una crisis económica; nada tenemos que ver con los comités cívicos, y menos cuando es un acto contra la democracia recuperada”.

Así está la situación en Bolivia. El gobierno de Arce apuesta por la paz y la estabilidad mientras Camacho y sus cómplices por la desestabilización y la muerte. La expectativa es si la derecha será capaz de repetir las matanzas de Senkata y Sacaba.