Si todo sale bien, algo que no deja de preocupar luego de tantos avatares, España podría contar con una nueva administración liderada por el hoy jefe del ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, a partir del cercano Día de Reyes.
El desenlace institucional, que mantiene en vilo a los españoles desde hace largos meses cargados de desacuerdos, encontronazos, intercambios y tratativas permitiría, según analistas, el establecimiento del primer gobierno nacional de coalición desde el fin de la larga etapa franquista, y estaría a cargo del binomio que integran el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, que encabeza Sánchez, y del movimiento Unidos Podemos, que regentea Pablo Iglesias.
Se trata de una fórmula que se propone un programa donde los temas sociales, ambientales, laborales y relacionados con la integridad de la nación pasarían a un primer plano de la gestión gubernamental, según reza un acuerdo suscrito en ese sentido por las dos partes coaligadas.
Y como confirmación del aserto que asegura que “la política siempre reserva sorpresas”, vale indicar que ha sido el independentismo catalán, por intermedio del Partido Esquerra Republicana, el que ha facilitado la ascensión de Sánchez e Iglesias, al acordar abstenerse en el Congreso durante las inminentes votaciones para la aprobación del nuevo gobierno.
Los catalanes accedieron a agilizar el proceso luego de un acuerdo con los posibles gobernantes para el establecimiento inmediato de “una mesa de negociación sobre el conflicto político entre las máximas autoridades de España y Cataluña”, cuyas bases de trabajo se sustentan en el “reconocimiento y legitimidad de todas las partes y propuestas”, y que “actuará sin más limites que el respeto de los instrumentos que rigen el ordenamiento jurídico democrático”, según recoge el texto en cuestión.
Se espera que el proceso de investidura del nuevo gobierno nacional se produzca el próximo 7 de enero, en medio de la aversión de los diputados del Partido Popular y de otros grupos conservadores, y de una incipiente campaña mediática derechista que no solo intenta desdorar el programa de trabajo suscrito por los integrantes de la coalición oficial, sino que además empieza a insistir en los pretendidos “vínculos y preferencias” del nuevo equipo hacia “naciones totalitarias como Venezuela o Cuba”.
Según los textos divulgados, el plan de desempeño de la coalición de gobierno tiene entre sus objetivos la derogación de los aspectos más negativos de la legislación laboral vigente heredada de las sucesivas administraciones derechistas, el incremento de impuestos a los más acaudalados, establecer límites a los precios de los alquileres de viviendas, y la resolución política del conflicto catalán y de otros de esa índole.
Promueve además la apertura de posibilidades para todos los ciudadanos sin distingos de ningún tipo y enfatiza en el fin de la “violencia machista”, al tiempo que enumera medidas que faciliten el repoblamiento de los municipios de la llamada “España sin costas”, es decir, del interior de la nación, y el apego del país a los programas y metas internacionales para la defensa del medio ambiente y el freno del cambio climático.
Pretende además instituir fechas de homenaje a las víctimas del franquismo y a los exiliados durante el régimen fascista, así como instaurar reformas judiciales y transformar aspectos del sistema educativo que privilegian determinadas líneas de pensamiento y tipos de creencia sobre otras de diferente cariz.
Se trata de proyectos que ya sacan chispas entre los grupos más conservadores de la sociedad española, pero que a juicio de sus promotores harían de España una sociedad más participativa y moderna, acorde con un gobierno donde el intercambio de pareceres se asume en principio como un privilegiado signo de avance político.
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