Macri frena la emigración a Argentina

Argentina es una nación de inmigrantes, en su mayoría europeos, que ahora, a razón de un Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Mauricio Macri cierra sus fronteras a quienes procedan de naciones pobres de América Latina, con una excusa tan discriminatoria como fraudulenta: ellos traen consigo el crimen.

La disposición de Macri, aunque más local, es una copia ideológica de la dictada por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en versión disminuida, sobre la xenofobia hacia algunos países de la región que encontraban en la tierra del tango posibilidades de trabajo y desarrollo, dos puntos que ahora escasean bajo su gobierno con una economía en recesión.

La medida fue adoptada el pasado 30 de enero, pocos días después de que Trump dictara su ley contra la inmigración y convirtiera en realidad la amenaza de la construcción de un muro en la frontera con México, para intentar evitar la llegada de sus ciudadanos, o lo que es igual, de una tradicional fuerza de trabajo barata para la economía estadounidense.

¿Cuál es el pretexto utilizado por Macri para modificar por un decreto —ni necesario ni urgente— la Ley de Migraciones, según el Boletín Oficial de su gobierno? La excusa esgrimida por este millonario, hijo de un emigrante italiano devenido como Trump un magnate de bienes raíces, es que los inmigrantes procedentes de otros países de América Latina —leáse Bolivia, Paraguay y Perú— son delincuentes en su mayoría, una teoría repudiada por importantes figuras argentinas.

Según el Boletín, la población de extranjeros presos se incrementó en los últimos años (con lo cual evidentemente responsabiliza a los gobiernos del Frente para la Victoria (FpV) “…hasta alcanzar en el 2016 el 21,35 % de la población carcelaria total (…) en delitos ‘vinculados a la narcocriminalidad’”. Y asegura que “un 33 % de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal son extranjeros”.

Pero si se toman en cuenta todas las prisiones del país, el porcentaje baja a solo un 6 %, lo cual no representa amenaza social alguna.

Para la gobernante alianza de derecha Cambiemos “se trata de una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes”, e indicó una serie de condiciones para ser admitido en la nación suramericana, además de que los emigrantes, y hasta tanto se les responda oficialmente, tendrán una residencia precaria de 90 días renovables hasta que se les conceda o no la residencia permanente, temporaria o transitoria.

En un cambio brusco sobre la anterior política migratoria, Macri dijo en conferencia de prensa que su “primera preocupación” es “cuidar a los argentinos, cuidarnos a nosotros”, palabras que para una mayoría sonaron parecidas a la defensa que esgrime Trump para imponer sus extremas medidas antiinmigrantes.

Para algunos medios de prensa argentinos, como Página 12, no puede olvidarse que el millonario presidente trabajó con su padre en Nueva York en un proyecto de bienes raíces que la familia vendió precisamente a Trump, a quien el mandatario llama “mi amigo”, aunque en un primer momento dio su apoyo a la ex candidata demócrata y supuesta ganadora Hillary Clinton.

Mientras, el mandatario boliviano Evo Morales —cuyos coterráneos siempre han sido discriminados por otras naciones latinoamericanas, como Argentina y Brasil al menos cuando eran considerados ciudadanos de tercera clase— escribió: “Hermanos presidentes (…) seamos patria grande: no sigamos políticas migratorias del Norte”. Sin embargo, Alfredo Olmedo, diputado por Cambiemos en el Congreso Nacional, solicitó la construcción de un muro en la frontera con Bolivia.

El decreto presidencial es también una contención a las protestas populares en las que podrían participar extranjeros. La detención de un inmigrante en una manifestación pública es suficiente para ser expulsado del país, si es sentenciado a la cárcel por un delito menor, como bloquear una calle durante un mitin.  Además, si el detenido quisiera apelar, ahora tiene menos de una semana para hacerlo, mientras antes era un mes.

Para el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina el decreto refleja una clara política de exclusión social, pues la ley anterior establecía los mecanismos para expulsar a quienes tuvieran procesamiento firme por delitos graves como narcotráfico. Ello significa que la reforma de Macri se dirige a ampliar y endurecer el control de quienes cometen delitos menores o ilegalidades, como la venta callejera.

De acuerdo con el Centro…, el impacto de la medida será menor para la prevención del delito y significativa para la restricción de los derechos de personas migrantes de escasos recursos.

El decreto —que deberá ser aprobado en el Congreso Nacional antes de convertirse en una nueva ley— amplía las causas para la detención y expulsión de migrantes en situación irregular; habilita la revisión de todas las radicaciones otorgadas para quienes tienen antecedentes penales o condenas, sin importar el tipo de delito o su situación procesal; modifica los trámites de expulsión para que sean inmediatas, sin control judicial ni una defensa legal adecuada; elimina la unidad familiar y el arraigo como condiciones que evitan la expulsión.

La propuesta, explicó el abogado Ariel Restrepo, también busca cambiar el acceso a la nacionalidad argentina: en lugar de exigir que el solicitante acredite más de dos años de residencia en el país, propone que el pedido sea evaluado por un juez federal que acredite como “legal” tal condición. De esta manera reinstaura el criterio, precisó, que estableció la última dictadura cívico-militar y luego modificado por el gobierno de Raúl Alfonsín.

Gabriela Liguori, directora de la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes afirmó que “los inmigrantes penden de un hilo porque cualquier cosa podría ser la causa de la deportación.

El sociólogo Guillermo Kantor, por su parte, afirmó que “el escrutinio a los inmigrantes en tiempos difíciles no es nuevo en Argentina, donde las autoridades alaban la historia del país de recibir a migrantes europeos y presentan la de países vecinos como menos deseable”.

Argentina contaba hasta ahora con una ley migratoria tomada como ejemplo por Naciones Unidas y por organismos internacionales de derechos de los emigrantes, por ser abierta y progresista, con eje en el respeto a los derechos humanos, lo cual acaba de destruir el régimen derechista de Cambiemos.

Un conocedor de la política de Macri, el ex embajador de Argentina en Bolivia Ariel Basteiro, afirmó en entrevista a Contexto que gobernando por decreto, el gobierno busca esquivar el debate parlamentario “porque quedaría expuesta la mentira de su fundamentación”.

El principal objetivo de la disposición —argumentó el diplomático— es electoral, ante las legislativas de este año, ya que la idea primera de reformar la ley vino de otros partidos y no del gobierno, a fin de ganarse o reforzar el voto duro de ciudadanos de clase media y media alta que están de acuerdo con discriminar y culpar de sus problemas y sus miedos a los inmigrantes. De acuerdo con su experiencia, la disposición “traerá problemas en las relaciones diplomáticas con varios países, entre ellos Bolivia y Paraguay”. El presidente Morales, explicó, seguramente aplicará lo que se conoce como reciprocidad. Es decir, Bolivia aplicará a los ciudadanos argentinos las mismas medidas que el Gobierno de Macri hace con sus coterráneos.

Mencionó el caso de dos bolivianos a los que el régimen argentino les dio asilo político aunque se conocía que salieron huyendo de su país por participar en la operación mediática contra Morales en los días previos al referendo revocatorio del 2016 para habilitarlo a una nueva candidatura presidencial.

“El gobierno de Buenos Aires les dio refugio y son extranjeros acusados de un delito de instigación y desprestigio contra un presidente. En ese caso, se preguntó Basteiros, ¿Macri los va a deportar?”.

Es posible que el debate por el decreto siga en Argentina, pero la estigmatización de los extranjeros pobres es un hecho en una nación formada por emigrantes que no llegaron con los bolsillos llenos de dinero.