Los grandes males de Latinoamérica (+Audio)

El año 2021 fue de importantes movimientos económicos y sociopolíticos en América Latina, algunos esperados, otros no. Elecciones presidenciales, legislativas y regionales acapararon la atención internacional, en medio de una pandemia letal que no da treguas. La economía luchando a duros golpes, pero con el anuncio de una retracción en 2022. Y la emigración forzada sin precedentes, ya parte del ADN de esta área geográfica de la que se huye por hambre y violencia, aun desconociendo qué les espera más allá de sus fronteras.

Acontecimientos de trascendencia en este período anual que termina, caracterizado en lo político por un rosario de comicios: cinco presidenciales, cuatro ganadas por candidatos progresistas, y mega-elecciones con iguales resultados, una posibilidad de que disminuya la influencia de Estados Unidos (EE.UU.) en esta zona del mundo, una de las más desiguales en la redistribución de sus riquezas y también cercada por bandas paramilitares vinculas al narcotráfico e integradas a las direcciones institucionales.

Para Guillermo Fernández, representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la pandemia de COVID-19 generó mayores riesgos para los migrantes en el contexto sanitario latinoamericano, no existente o mal preparado para enfrentar el alto número de contagios.

Sin estar vacunados en sus países, indicó, cuando se detienen en algún destino rumbo a EE.UU., son tratados como estigmatizados por ser supuestos portadores de enfermedades.

El traslado masivo entre un país y otro, si es por tierra, entraña un peligro mortal, ya que aunque se desplazan en caravanas, como las que salen de Centroamérica, son atacados en el trayecto por grupos armados ilegales para robarle sus pocas pertenencias. Solo encuentran para refugiarse la solidaridad de algunas poblaciones que los ayudan a seguir la marcha, en donde abundan mujeres y niños pequeños, incluidos los que caminan sin sus padres.

En general, el número de migrantes internacionales en la región se ha incrementado de 8,33 millones en 2010 a 14,8 millones a fines de 2020, según cifras de la Organización Internacional de Migraciones, que todavía no ha informado sobre los movimientos de este año.

Un elemento que incide en los flujos migratorios por América Latina es el peso de EE.UU. como un país que acoge a los extranjeros, vistos como garantía de mano de obra barata. Hasta ahora la emigración era de mexicanos que pasaban la frontera por meses en épocas de cosechas.

México, vecino de la potencia norteamericana, y por tanto último tramo para llegar al país de los sueños casi nunca realizables de los latinoamericanos y caribeños, está metido de lleno en la búsqueda de soluciones factibles para evitar el flujo de la emigración. Para ello necesita asociarse con EE.UU., desde donde se escuchan los cantos de sirena. El plan del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) requiere de la ayuda financiera y de infraestructura de la Casa Blanca para intentar detener el flujo migratorio.

En ese contexto, el mandatario se reunió en marzo de este año con su homólogo Joseph Biden, con quien trató el tema de la migración, un suculento negocio para los traficantes de personas, a las que, y sobran las experiencias, dejan abandonados a su suerte luego de recorrer miles de kilómetros en camiones o en el mar, en embarcaciones inseguras.

En junio, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris visitó México y firmó con López Obrador un memorando de entendimiento en materia migratoria para establecer la cooperación conjunta con miras al desarrollo de Centroamérica y evitar las salidas forzadas por necesidades económicas.

El documento va dirigido al crecimiento del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, formado por Guatemala, Honduras y El Salvador, que en los últimos decenios es foco de la migración.

El presidente mexicano defiende la visión de su país de que más allá del despliegue militar en sus fronteras norte y sur para frenar el paso a los migrantes, es necesario “atender las causas” que alientan las salidas y fomentan la trata de personas. La idea conjunta es identificar y desmantelar las redes de contrabando con la creación de grupos especializados.

Una tarea necesaria y peligrosa, pues ahora hay miles de personas que literalmente atraviesan la región de un extremo a otro en inciertos recorridos por tierra, mar y aire en corredores predeterminados. Luego, si llegan, se asientan en territorios sin preparación ni habituados a recibir extranjeros.

Un caso que ocupó páginas de prensa internacionales fue la crueldad de los habitantes de la ciudad chilena de Iquique contra los migrantes, en su mayoría venezolanos. Una marcha de unas 5000 personas el pasado 27 de septiembre terminó con la quema de las pertenencias de los migrantes y las carpas de un campamento informal en las que se protegían.

En la actualidad hay unos 3000 extranjeros varados en Iquique, muchos de ellos después de entrar a Chile por pasos no habilitados en la frontera y haber cruzado la ruta hacia la costa.

CORRUPCIÓN, OTRO MAL REGIONAL

La corrupción es endémica en América Latina. Se inserta en presidentes, legisladores, sistemas de justicia, funcionarios. Este año sentó precedente cuando una corporación de periodistas independientes publicó un informe denominado Papeles de Panamá, referido a millonarios con empresas fuera de sus países para evadir impuestos. En el documento aparecen involucrados tres presidentes latinoamericanos (de Chile, Ecuador y República Dominicana), además de ministros y funcionarios de alto nivel.

Hasta ahora, por decisión del sistema de justicia en sus respectivos países, ninguno ha sido declarado incompetente para seguir ejerciendo la jefatura de gobierno, lo que da idea de la inmunidad y la corrupción reinante cuando se trata de delitos de cuello blanco.

Sin embargo, no es la primera vez que esto ocurre. En los últimos años, seis presidentes de Perú están acusados por corrupción, al igual que los que antecedieron a López Obrador en México en las dos últimas décadas.

El mandatario hondureño, Juan Carlos Hernández, tiene pendientes cuentas con la justicia, mientras uno de sus hermanos cumple prisión en EE.UU. por robo de las arcas estatales. Cortos ejemplos de una extensa lista engrosada por aquellos que roban —como uno de los hijos del presidente brasileño Jair Bolsonaro cuando era diputado de Río de Janeiro— y hasta ahora, ya senador, la justicia lo llamó a declarar y cerró la causa.

El robo y la corrupción institucionalizada es una de las causas de la mala gobernanza existente en América Latina —demostrada también en los sobreprecios falsos por los que compraban las dosis contra la COVID-19— y que impiden la inclusión de los pobres en sus planes de vacunación.

¿Acabará en algún momento la corrupción en las altas esferas de gobierno en estas tierras americanas? Esa no es una desviación moral que se acaba por decreto sino con el juzgamiento por la justicia, como hizo López Obrador en México.

Solo el retorno de las democracias participativas en el subcontinente logrará que los presupuestos saqueados por los funcionarios públicos sean empleados en el desarrollo económico sostenible.

La mayoría de los mandatarios latinoamericanos tienen puestos más su interés en engrosar sus bolsillos que en destinar fondos para solucionar los graves problemas que afectan a las poblaciones que los eligieron.

Aunque el cambio climático es inevitable dada la excesiva contaminación de la atmósfera por los gases de las industrias de los países desarrollados o no, los resultados de los ambiciosas trasnacionales son sufridos cada año por las poblaciones más vulnerables, más allá de la geografía regional con sus capas tectónicas, sus racimos de ríos y montañas, sus mares.

Este 2021 será recordado también por las intensas lluvias que azotaron varias naciones suramericanas, con las consiguientes inundaciones a causa de los ríos, terremotos, explosiones de volcanes, huracanes y tormentas tropicales. Cientos de muertos es el saldo anual de la desventura y el quiebre normal de la vida. Lo que es, al parecer, inevitable podría ser aliviado por el buen quehacer de jefes de gobierno que ni siquiera visitan las zonas de desastres. No solo en Haití los ciudadanos esperan por la construcción de sus hogares; por una calle asfaltada, ni por una nueva infraestructura segura, o por agua potable. Un vistazo a la región denota que los desastres naturales llegan acompañados por los gubernamentales y por las circunstancias que engrosan, aún más, las fortunas de los adinerados.

Así son las cosas en América Latina. Quizás 2022 sea un año más noble, en el que Argentina pueda llegar a un arreglo honorable con el Fondo Monetario Internacional y deje de desangrar su economía para pagar una deuda de un gobierno neoliberal anterior; un tiempo en que el presidente peruano Pedro Castillo pueda cumplir sus promesas de campaña si el Congreso Nacional le saca la rodilla del cuello; que EE.UU. se convenza de que nada puede hacer para destruir los gobiernos progresistas de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Perú, y México; que dejen gobernar a los nuevos presidentes de Chile, Perú y Honduras. Muchos quizás para 365 días.