Por: Gerardo Villagrán del Corral
La llamada verdad histórica sobre los 23 estudiantes normalistas de Ayotzinapa es una falsedad construida por funcionarios de la policía estatal y federal, el ejército, la marina, la Procuraduría General, la Agencia de Investigación Criminal y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), a fin de dar por cerrado el caso e impedir que los estudiantes fueran realmente buscados y encontrados.
El tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revela que el Ejército tenía infiltrada la Normal Rural de Ayotzinapa a través de jóvenes que actuaban como estudiantes y agentes de inteligencia. Uno de ellos está entre los 43 desaparecidos. La nueva documentación muestra que se abrieron expedientes disciplinarios en el Ejército por la presencia no reportada de algunos de sus elementos en barandillas de la policía municipal de Iguala en la noche del 26 de septiembre de 2014.
El ejército mexicano diseñó una estrategia de contrainsurgencia para infiltrar la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, para efectuar tareas de espionaje de sus actividades y conocer en detalle sus movimientos y la noche de la desaparición de los 43 estudiantes tenía información instantánea de lo que sucedía, que se complementaba con la del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y de las corporaciones policíacas federal y estatal que reportaban en tiempo real.
La principal conclusión del informe sobre los hechos ocurridos hace más de seis años, es que la llamada verdad histórica es una historia falsificada, construida por jerarcas y funcionarios de varias dependencias militares, policiales y de justicia, para cerrar el caso e impedir más investigaciones.
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Para los investigadores respaldados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la coordinación de todas estas instituciones no podía ocurrir sin la dirección de una autoridad superior a la cual se debe investigar si se quiere tener claridad de cómo y por qué se llevó a cabo toda esta operación, así como sobre los hechos, las circunstancias de la desaparición y el paradero de los normalistas desaparecidos.
El GIEI resaltó que la información militar se pudo obtener tras la intervención directa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero reconoce que todavía encuentran resistencia de diversas instancias, que son de especial preocupación en lo que respecta a las instituciones militares, pues hoy se sabe que desde 2010 el Ejército hacía un seguimiento de todas las actividades de los normalistas.
Al difundir los nuevos hallazgos, el GIEI destacó que autoridades castrenses y policiales tenían conocimiento de que se planeaba la toma de autobuses el 26 de septiembre de 2014; conocieron y se notificó el viaje a Iguala, por lo cual los normalistas fueron monitoreados durante el trayecto.
Uno de los nuevos hallazgos es el presunto involucramiento de la Marina en la fabricación de las pruebas que habilitaron a la Procuraduría de Jesús Murillo Karam a urdir la historia de la incineración en el basurero de Cocula.
En un video entregado por la propia Semar se aprecia a elementos de la Marina manipulando bultos que bajaron de dos camionetas a las 6 de la mañana del 27 de octubre de 2014, seis horas antes de que arribaran al sitio los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), designados coadyuvantes por los familiares de los jóvenes.
Un hecho que ahora se ve reforzado con nuevos datos, es el uso sistemático de la tortura en contra de las personas detenidas en relación con el caso durante la pasada administración federal. De acuerdo con videos de instalaciones de la Semar y la Seido, hubo un trato degradante y violatorio de derechos humanos, y en al menos 17 casos existen fuertes indicios de tortura.
La tortura supuso la imposibilidad de conocer qué podría ser cierto o no, por lo que constituye un ataque a la consistencia y legitimidad de la investigación, señala el informe, que afirma que la tortura no sólo operó como un factor de distorsión de la verdad y luego de impunidad en el caso, sino que supuso un obstáculo para la fase posterior de la investigación.
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El informe deja en claro que todos sabían, porque se reportaba directamente desde el lugar de los hechos que un grupo de jóvenes había sido detenido de forma violenta en medio de disparos y agresiones físicas en el Palacio de Justicia. En 2014 se instaló el Centro Regional de Inteligencia y la coordinación de Guerrero Seguro con la participación del ejército, por lo que en seguimiento a actividades el 26 y 27 de septiembre de ese año las autoridades militares tenían intercepción de comunicaciones en tiempo real.
“Dado que se contaba con dos operaciones de inteligencia en marcha, una que monitoreaba los movimientos del crimen organizado y otra las actividades de los estudiantes antes y durante los sucesos del 26 y 27 de septiembre, resulta llamativo que estos movimientos cesaran justo en el momento de la desaparición”-señala el informe-, a pesar de que se contaba con seguimiento de comunicaciones, lo que hubiera permitido dar con su paradero.
La inteligencia militar se realizaba desde el batallón 27 con sede en Iguala. El documento refiere que las cámaras del C-4 eran operadas directamente por miembros de ese batallón, al tiempo que recibían denuncias e informaciones ciudadanas, indican los expertos.
Como parte de sus conclusiones en cuanto al desempeño del ejército, el grupo de expertos alerta que hay todavía información muy importante en poder de militares y fuerzas de seguridad sobre la noche de la desaparición que ha sido omitida tanto en los documentos entregados al GIEI como a la fiscalía especializada, así como en las declaraciones de los funcionarios militares.
Entre ellas: información sobre los hechos del Palacio de Justicia en Iguala de una patrulla militar; omisión del reporte de la caseta tres de la carretera, donde se tenían desplegados militares, y la entrada en barandillas de normalistas esa noche.
En suma, se puede afirmar que la indagatoria original del caso más emblemático de violaciones a los derechos humanos en los años recientes en México se construyó mediante diligencias alteradas, procesos falsos contra funcionarios, testimonios conseguidos mediante tortura, reportes policíacos adulterados o fabricados a posteriori y un conjunto de elementos para simular una investigación.
“Si está claro el tamaño del operativo de distorsión y encubrimiento bautizado como verdad histórica, ahora es urgente que las autoridades conduzcan pesquisas auténticas hasta llegar al fondo del asunto y esclarecer de una vez por todas este doloroso episodio. Cabe esperar que el reporte anunciado por el Presidente sea un paso en esta dirección”, editorializó el matutino La Jornada.
* Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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