La paz con peros de Colombia

El año que termina trajo para Colombia el anhelado Acuerdo de Paz con la más poderosa guerrilla de América Latina y el inicio de implementación del proceso de transformaciones económicas, políticas y sociales amenazado ahora por el incremento de la violencia paramilitar, cuyos grupos operan en 27 de los 32 departamentos del país.

En papeles, la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) está suscrita y aprobada por el Congreso Nacional, que ahora en rápida marcha implementa las leyes para el desarme de las fuerzas insurgentes, la amnistía y el inicio de los traslados a zonas intermedias hasta la reincorporación de esas mujeres y hombres a la vida social y política activa.

Fue un buen año mediático para el presidente Juan Manuel Santos, quien por su gestión gubernamental logró en sus dos mandatos y durante casi seis años concluir las negociaciones para, al menos ese es el propósito, acabar con una guerra de más de 50 años que dejó un saldo oficial de más de 200 mil muertos y ocho millones de víctimas.

El entramado de la vida colombiana en su conjunto pasó a un segundo plano. Los focos de la prensa alumbraban al llamado hombre comprometido con el fin de la guerra y dejaron a un lado el alza inflacionaria, los vaivenes económicos por el bajo precio del petróleo exportado, el hambre, la insalubridad y el analfabetismo en los campos, los niños muertos por desnutrición a diario en La Guajira, la inestabilidad salarial… Solo importó la paz, al menos para el Gobierno.

La postura de Santos le valió que este 2016 resultara un mimado de los medios de comunicación cuando se le otorgó el Premio Nobel de la Paz y el Premio “Lámpara de la Paz” de la Orden de San Francisco de Asís, en Italia, como si la dirección de las FARC-EP no hubiese puesto su interés e inteligencia en el alcance de los acuerdos firmados en Cuba y en Colombia en los meses de agosto, septiembre y noviembre pasados.

En realidad hubo consenso en las dos partes de la inutilidad práctica de una confrontación bélica en la cual la guerrilla armada no alcanzó el gobierno, pero a la que tampoco ninguno de los presidentes que en medio siglo pasaron por el Palacio de Nariño logró contener a pesar de su fortaleza militar.

Lo que no aparece en los términos de las documentaciones de 297 páginas, ni el Estado hasta ahora ha asumido, es el tema de los paramilitares creados y/o fortalecidos por el expresidente y recalcitrante enemigo de la paz Álvaro Uribe cuando era gobernador de Antioquia.

Enemigo de la paz, el líder del partido derechista Centro Democrático, cuyos representantes en el Congreso Nacional abandonaron la sala sin refrendar el Acuerdo de Paz, fomentó con su negativa campaña la posibilidad de continuar la contienda bélica —o al menos garantizar en los documentos signados los privilegios de la oligarquía nacional a la que pertenece— y una polarización de la ciudadanía que va más allá de callar o no las armas, pues se trata de una lucha de clases entre ricos (pocos) y la mayoría pobre.

Aunque Santos insiste en que “no se puede desfallecer” cuenta en realidad con un poco más de un año de mandato en que debe esforzarse porque la derecha no gane las presidenciales del 2018 o habría un viraje respecto a la paz nacional, ya para entonces con una guerrilla desaparecida y constituida en partido político, pero sin armas para enfrentar a sus enemigos que seguirán siendo poderosos y actúan enmascarados en los movimientos paramilitares.

Sin ánimo de eliminar el entusiasmo de quienes luchan porque este proceso fructifique, analistas coinciden en que Santos no puede o no quiere darle la importancia debida a la eliminación de tales grupos de asesinos, integrados en su mayoría por matones a sueldo, expolicías y soldados, que actúan orientados por poderosas autoridades locales, hacendados y mafias del narcotráfico.

La realidad actual de Colombia les da la razón, pues este año, e incluso luego de la firma del Acuerdo de Paz, se han activado el asesinato, las amenazas, el hostigamiento y los ataques a líderes sociales en el país, según afirmó Ángela Robledo, copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso Nacional.

En audiencia pública —junto a los congresistas Alirio Uribe, Iván Cepeda, Víctor Correa, Inti Asprilla, John Jairo y Alberto Castilla—, la dirigente afirmó que durante 2016 resultaron asesinados 75 líderes sociales, 30 de ellos después del 26 de septiembre, cuando se firmó el primer Acuerdo de Paz en Cartagena de Indias.

Las denuncias de ataques a sus miembros proceden de organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), la Marcha Patriótica, la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes y el Programa Somos Defensores, la Comisión Intereclesial Justicia y Paz y la Central Unitaria de Trabajadores.

El prestigioso arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, resultó también amenazado de muerte esta semana, cuando se encontraba en la Casa Arzobispal en el centro de esa ciudad. Monseñor presentó un panfleto en el que se lee “Muerte a las FARC, a Santos y a los clérigos comunistas”, depositado por debajo de una puerta del recinto eclesiástico.

Esta intimidación está claramente relacionada con el positivo papel del Arzobispo caleño en los diálogos de paz del gobierno y las FARC-EP, y su participación en el acercamiento con la otra fuerza guerrillera activa, el Ejército de Liberación Nacional, dispuesta al diálogo el próximo año.

Monseñor representó a la Iglesia Católica en las conversaciones, luego de ser designado por el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Luis Augusto Castro, y dio su apoyo al Sí en la campaña del plebiscito para que la población refrendara el Acuerdo Final, ganado, sin embargo, y gracias a las campañas de miedo de Uribe, por quienes propugnaban el No. Este proceso conllevó a un análisis del documento, concesiones mediante, y la redacción y suscripción del último y definitivo Acuerdo de Paz, ahora saboteado por la violencia del paramilitarismo.

El Arzobispo de Cali incluso aseguró, luego de que ganara el No, que está en desacuerdo con la posición de la alta jerarquía de la Iglesia Católica en Colombia sobre el proceso de refrendación legislativo, lo que causó miles de críticas de los seguidores de Uribe en las redes sociales contra la honrosa postura del eclesiástico.

Para algunos políticos, Colombia —y ese será un grave problema para el futuro gobierno— tiene que pensar en una política de seguridad para su ciudadanía, y en especial la guerrilla desmovilizada, dada la impunidad de las fuerzas privadas, bien armadas, y ligadas a la oligarquía y las economías mafiosas locales.

Santos, quien una vez fuera ministro de Defensa de Uribe y uno de los mandantes del asesinato del canciller de las FARC-EP Raúl Reyes en territorio ecuatoriano fronterizo, se retirará al parecer con grandes honores.

Uribe tratará de situarse, o a uno de sus hombres, en la presidencia de la República en el 2019. Si eso ocurriera, otros gallos cantarán en Colombia. Quién sabe si tanto esfuerzo se vaya por las alcantarillas, como la reunión que ambos sostuvieron hace pocos días con el Papa Francisco, otro activo contribuyente a los diálogos de paz. Luego de las fotografías de pose, cada uno cogió su rumbo, y si algo prometieron al Sumo Pontífice se les olvidó en el camino.