La injusticia brasileña condena a Lula da Silva

Lo que sucedió en el Tribunal Regional Federal 4 de Río Grande do Sul es una página más de la injusticia que se comete contra el ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, condenado en segunda instancia a 12 años de prisión, tres más que lo ordenado con anterioridad, a pesar de que no existen pruebas en el delito de corrupción pasiva que se le imputa.

Los tres jueces que revisaron la apelación de Lula da Silva, de 72 años, y líder fundador del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) votaron unánimemente no solo para ratificar la pena impuesta en primera instancia por el letrado Sergio Moro, de nueve años y medio de cárcel, sino para aumentarla tres años más y en régimen cerrado, más 280 días de multa.

La actitud de los magistrados Joao Pedro Gebrán Neto, Leandro Paulsen y Victor Laus no sorprendió, pues es conocido que el poder judicial forma parte de la tríada derechista que gobierna Brasil: el Ejecutivo presidido por el corrupto Michel Temer, el Legislativo, y el Judicial, que cumplen órdenes de la derecha nacional para que impidan la posible candidatura del ex mandatario a las elecciones presidenciales de este año.

El tema no quedará en punto muerto. Los abogados de la Defensa tienen un largo camino para demostrar –aunque se piensa será en vano- que carece de fundamento la acusación de recibir un supuesto apartamento de tres plantas en la playa paulista de Guarujá entregado por la firma constructora Odebrecht para gozar de sus favores.

No consta en documento alguno que el político más popular del país, que gobernara durante dos mandatos recibiera el inmueble ni tampoco dinero de una compañía que sobornó a decenas de políticos en América Latina y otras latitudes a cambio de favorecerla en las licitaciones de obras públicas.

Incluso en el Registro de Inmuebles la vivienda aparece como propiedad de la constructora OAS Emprendimientos, que la compró a la cooperativa Bancoop cuando esta se declaró en bancarrota.
La élite brasileña, apoyada en la tríada de poderes y la media comunicacional liderada por la red O Globo, no permitirá que Lula da Silva se candidatee para ganar de nuevo, luego de que en el 2016 esas fuerzas le dieran un golpe de estado parlamentario a la Mandataria petista Dilma Rousseff.

La presidenta, que reemplazó a Lula en el Palacio de Planalto, fue acusada por Temer y el Congreso Nacional y condenada por el Judicial por corresponsabilidad en mal manejo de las cuentas de la Unión, cuando el dinero supuestamente desviado fue usado en partidas para los programas sociales del gobierno. Pero la sacaron y pusieron en su lugar al fanfarrón y corrupto Temer, quien la traicionó siendo su vicepresidente..

Es decir, que el plan de los conservadores es gobernar desde las sombras  dejando atrás el progresismo del PT y establecer una economía neoliberal. Sino, se preguntan observadores, para qué gastaron millones de dólares en la compra de la mayoría del Congreso Nacional y de los jueces del Judicial.

En un año en el Planalto, Temer ha implantado extremas reformas laborales que han dejado de nuevo en la pobreza a millones de personas.

Los conservadores que se mantenían en el gobierno de Rousseff armaron lo que algún analista calificó de mamarracho jurídico-político, pero las simpatías del pueblo por Lula da Silva ha puesto en peligro su estrategia desde el momento en que anunció la posibilidad de candidatearse a la Primera Magistratura.

Lo cierto es que si Lula ganara la presidencia, tal como demuestran las encuestas de opinión, habría un quiebre muy significativo de la llamada restauración conservadora de América del Sur, lo que no tiene cabida en la estrategia de Estados Unidos, empeñado en el derrocamiento de los gobiernos revolucionarios latinoamericanos.  Entonces, ¿cómo va a permitir que retorne un izquierdista al Palacio de Planalto?.

Lo que ocurrió en Porto Alegre, la capital del meridional Río Grande do Sul este martes demuestra que no existe estado de derecho en el país más grande de América Latina y que fue un referente para Latinoamérica hasta la caída de Rousseff en agosto de 2016.

Este engendro jurídico contra Lula demuestra una política de odio hacia el dirigente que transformó, en alguna medida, la historia contemporánea de la nación, salvando a más de 48 millones de brasileños de la pobreza, implantando programas sociales, distribuyendo la riqueza de manera más equitativa, y ganando un prestigio como estadista a nivel internacional sin precedentes.

El fondo de esa condena, que será apelada hasta llegar ante el Tribunal Supremo de Justicia pero seguramente con iguales resultados, es profundamente político y antidemocrático, pues le han dado el tratamiento sin pruebas de un delincuente común. Y, si ganara esta causa, el Judicial lo indicó en otras seis con características parecidas.

La lucha porque se reconozca la inocencia del ex presidente en todos los casos va a continuar en varios frentes.

Desde hace tres días millares de personas en distintos Estados brasileños se mantienen en las calles en protesta por la actitud del Judiciario y reclamando el derecho de postulación para el antiguo obrero metalúrgico de Sao Paulo, quien fundó el PT en medio de la última dictadura militar.

Las demostraciones de estos días han sido las mayores realizadas por los partidos opositores y los movimientos sociales y populares de Brasil, que han ocupado el vestíbulo de la red O Globo en Río de Janeiro, quemado neumáticos, cerrado vías y pidiendo a viva voz la libertad del ex presidente en varios Estados.

El PT precisó en una nota luego que se supo la ratificación de la condena aumentada en segunda instancia que no va a rendirse delante de la injusticia y que Lula será su candidato. ¨Este día marca el inicio de una jornada más del pueblo brasileño en defensa de la democracia¨ y denunció ¨ la combinación de los tres jueces¨.

¨No vamos a aceptar de manera pasiva que la voluntad de la mayoría sea burlada. Vamos a luchar en todas las instancias, en la Justicia y principalmente en las calles. El 15 de agosto próximo, anunció la comunicación, vamos a confirmar la postulación de Lula en la Convención del Partido, siguiendo rigurosamente lo que asegura la Legislación electoral¨.

Los conservadores quieren acelerar la condena/habilitación del líder obrero porque, además, no tienen un candidato con posibilidades reales de ganar la presidencia aunque Lula no pudiera presentarse.  Si no lo hiciera por perder la batalla de manera definitiva, seguramente impulsará otra postulación del PT –pueden ser Jaques Vagner o Fernando Haddad-  que deberán recibir como mínimo parte de sus votos.

Aun cuando los abogados defensores  y la mayoría de los juristas consideran que el ex mandatario no irá a prisión de manera automática, lo cual solo ocurrirá tras el análisis de todos los recursos, será muy difícil ganar una pelea en la que aun sin pruebas se condena a un presunto inocente.

Para el economista Luiz Gonzaga Belluzo, ¨ El crimen de Lula, en realidad, fue dirigir un gobierno vuelto hacia los más pobres, un gobierno más popular y soberano, y eso, amigos y amigas, jamás será aceptado por la Casa Grande. Defender a Lula es defender la historia, es defender la justicia. No es ser petista, es ser justo¨.

El Tribunal gaúcho informó que los jueces Paulsen y Laus saldrán de vacaciones en febrero y marzo. Los jueces federales Nivaldo Brunoni y Antonio Bochenek fueron convocados para sustituirlos, ya que aunque estén ausentes los titulares los plazos procesales corren normalmente.

Mientras, en Sao Paulo, desde donde siguió el proceso judicial, Lula da Silva afirmó que está muy tranquilo ¨y con la conciencia de que no he cometido ningún delito. Hay una sola cosa, dijo, que me sacará de las calles de este país y será el día que muera. Hasta entonces estaré peleando por una sociedad mas justa y por la dignidad de los brasileños¨.  
Algunos observadores de la situación política de la nación suramericana advierten que si el ex presidente no es absuelto en la nueva apelación, habrá un imparable desbordamiento popular de consecuencias imprevisibles.