Insuficiente justicia (+Audio)

Cuando varios hombres armados irrumpieron en su habitación y la acribillaron a balazos, Berta Cáceres, la lideresa lenca y luchadora por los derechos ancestrales de su pueblo, libraba una batalla contra intereses privados que construirían un proyecto hidroeléctrico en el río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia.

Los lencas son un pueblo milenario en Honduras y el oriente de El Salvador, con más de 400 000 miembros, que se consideran custodios de la naturaleza y de la tierra, y en especial los ríos. Según la tradición lenca, en las aguas mansas residen espíritus femeninos, sus principales guardianas.

Cáceres fue asesinada a los 44 años, en su humilde hogar sito en La Esperanza, en el occidental departamento de Intibucá, luego de dedicar su vida a la protección del medio ambiente y de las comunidades dependientes de la Naturaleza. Madre de cuatro hijos, nunca la detuvieron las amenazas de matarla, violarla y lincharla; de atacar a su madre y secuestrar a sus hijos. Hasta que cometieron el crimen ordenado —según se conoce aunque no en toda su profundidad— por empresas locales y extranjeras. Los sicarios la sorprendieron mientras dormía, una noche en que la guardia policial de protección que se supone debía cuidarla, desapareció. El ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien visitaba Honduras y pernoctaba en otra habitación, resultó herido en el atentado.

Seis años después de su asesinato, el 3 de marzo de 2016, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que ella fundó, y el pueblo lenca, siguen reclamando justicia para esta luchadora política que levantó bandera contra los usurpadores de tierras y tradiciones.

Defensora hasta el día de su muerte de los valores y principios de las sociedades nativas, Cáceres había recibido un año antes el Premio Ambiental Goldman por dirigir una campaña de base para evitar que la compañía privada Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), construyera una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque, en el noroeste hondureño.

El proyecto denominado Agua Zarca es propiedad de la familia Atala Zablah, una de las más adineradas de Honduras y propietaria del banco BAC. Aparecen también como inversionistas entidades internacionales dedicadas a esquemas extractivos, como el holandés FMO, Banco Finlandés Finnd Funn y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), los que respaldaron con su dinero la continuidad de la hidroeléctrica, detenida en 2013 tras el asesinato de Tomás García, otro activista del medio ambiente.

MADRE TIERRA EXIGE ACTUAR

Berta Cáceres era conocida por sus verdades contra las trasnacionales y en defensa de los vulnerables. En su discurso de aceptación del Goldman alertó sobre la preocupante situación de los territorios indígenas mancillados por el sistema neoliberal imperante en Honduras.

En aquella ocasión llamó a defender las colectividades ancestrales en las que viven miles de personas dependientes de la tierra y de los ríos.

Cáceres planteó: “Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”. Sin rodeos, precisó que en su país “La Madre Tierra está militarizada, cercada, envenenada; en ella se violan sistemáticamente los derechos elementales, y por eso la situación nos exige actuar”.

Nacida en una familia de mayoría femenina, su madre Doña Berta, que ahora lucha por justicia para su hija, era enfermera, partera y alcaldesa. Crió a sus hijos en solitario y en el espíritu de la solidaridad y la lucha por los derechos humanos. Incluso, en la frontera común asistía a las salvadoreñas que se desplazaban a causa de la guerra civil en el vecino país.

En 2006, la comunidad lenca de Río Blanco buscó la ayuda de la Copinh, cuando se percataron de que en su territorio ingresaban maquinarias pesadas, sin que el gobierno de turno les comunicara que allí se construiría una hidroeléctrica y deberían abandonar la zona.

La organización no gubernamental que concedió el premio a Cáceres señaló que a partir “del golpe de Estado de 2009 al presidente Manuel Zelaya, —esposo de la actual mandataria— “Honduras vio un aumento catalogado de ¨explosivo¨ de megaproyectos, especialmente vinculados a la provisión de energía barata para concesiones mineras”.

Berta junto al río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia, que sería represado para construir una hidroeléctrica favorecedora de las trasnacionales. (Foto: Copinh)

En opinión de la Copinh, la represa de Agua Zarca significaba la desaparición de pueblos originarios, o su desplazamiento a lugares donde estarían impedidos de desarrollar sus actividades agrícolas. “No sólo se privatiza el río sino varios kilómetros a la redonda”, dijo Cáceres en una entrevista televisada.

En esos proyectos “el río deja de ser de las comunidades y pasa a manos privadas”, reconoció la líder ambientalista, que desde la instauración de gobiernos neoliberales tras la salida forzada de Zelaya, incluso buscó ayuda de organizaciones afines extranjeras para detener el paso de las grandes organizaciones privadas, respaldadas por los gobiernos hondureños, entre ellos el del saliente Juan Carlos Hernández, ahora en prisión por corrupción y en espera de ser extraditado a Estados Unidos para ser allí juzgado, al igual que su hermano, quien ya cumple condena en la nación norteña.

ILEGALIDAD DE LAS TRASNACIONALES

En 2010, el Copinh presentó denuncias contra 51 proyectos de entidades que tenían concesiones y licencias de manera ilegal en territorio lenca, entre ellos el Agua Zarca. En más de 150 asambleas, el pueblo lenca expresó el rechazo a la construcción de la represa sobre el río Gualcarque.

El proyecto hidroeléctrico negó, según Cáceres, el derecho de consulta libre, previa e informada, garantizada en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Honduras.

Ese año, la lideresa llevó la protesta a la capital, Tegucigalpa, para exigir al Congreso Nacional que invalidara el plan hidroeléctrico, pero, por el contrario, ese órgano otorgó el derecho sobre los ríos a empresas privadas por más de tres décadas. Tres años después, los lencas realizaron la toma de carreteras para impedir la entrada de equipos pesados durante más de un año.

TAPADERA JUDICIAL

La hija de Cáceres, Bertica, quien ocupó el lugar de su madre como coordinadora general de la Copinh, ratificó este año su esperanza en que el nuevo gobierno de Castro haga justicia, pues aunque los supuestos ejecutores de su muerte están presos y condenados, se estima que altos funcionarios de la DESA dieron la orden del asesinato.

En entrevista con el diario La Tinta, la joven dirigente indicó que se planteó a la presidenta Castro varios temas importantes, entre ellos que el Estado reconozca la posesión histórica de los pueblos indígenas y que lo haga de manera formal, a través del Instituto Nacional Agrario. Que emita, precisó, los títulos comunitarios a los que están litigando la tierra, no solo los lenca, sino también de otros grupos indígenas con situaciones similares.

“Además, hemos propuesto que se declaren en fraude de ley las concesiones a ríos y del subsuelo para la explotación hidroeléctrica, minera y de otras generaciones de energía, que han sido dados bajo el golpe de Estado a Zelaya, y en violación al derecho de consulta previa, libre e informada”, explicó.

Durante las investigaciones quedó comprobado el complot contra la protectora de las poblaciones autóctonas mediante mensajes de texto y de WhatsApp, que comprometen a los más altos rangos de la empresa.

En un grupo de chat llamado “Seguridad PHAZ” (PHAZ significa Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca), los jefes de DESA hablaron de utilizar sus conexiones para realizar un tráfico de influencias con las autoridades nacionales, la policía y el ejército, y los medios de comunicación. La operación fue coordinada por Douglas Bustillo, teniente retirado del ejército y jefe de seguridad de esa compañía.

Hasta ahora solo fueron detenidos y condenados ocho implicados, incluido un exempleado de la corporación privada, Sergio Rodrigo Orellana, quienes recibieron sentencias en 2019 de entre 30 y 50 años de prisión.

La hija de Berta Cáceres entregó a la presidenta Xiomara Castro el día de su asunción la Vara Alta Lenca, un símbolo sagrado para las autoridades lencas (Foto: elheraldo.com)

Miguel Ángel Urbina Martínez, uno de los abogados que revisa el caso a petición de la familia Cáceres, planteó que “falta por procesar a las personas que contrataron a Bustillo para planificar la operación”. Quedó demostrado, dijo, la complicidad de la familia Atala Zablah con los entes del Estado.

La muerte de la activista hondureña, condenada a nivel global, levantó protestas de las entidades protectoras del medio ambiente. Chris Moye, de Global Witness, planteó en este aniversario que mientras los gobiernos analizan en foros globales el cambio climático, quienes están a la vanguardia de la defensa de ríos y bosques mueren impunemente.

Para la profesora de Berkeley Law y antigua integrante de GAIPE, equipo internacional que investigó el atentado: “…la muerte de Cáceres fue la culminación de años de corrupción y violencia planificada. La red ilícita responsable del asesinato, permanece intacta…”.