Ocho años después de que un golpe cívico-militar sacara de la presidencia hondureña al presidente Manuel Zelaya, las fuerzas de derecha de ese país intentan arrebatarle la presunta victoria en las elecciones al opositor Salvador Nasralla, en una maniobra amparada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Solo que los hondureños no están dispuestos a recibir otro llamado golpe blando contra un político dispuesto a cambiar la situación nacional, al igual que hizo Zelaya tímidamente.
Más de una semana después de la realización de los comicios, y todavía sin un mandatario electo oficialmente, salen a la luz las triquiñuelas del candidato a la reelección Juan Orlando Hernández, representante de la derecha y ahijado de Estados Unidos.
Cuando se observa la situación en Honduras parece que existe un contexto surrealista, si no fuera porque la represión de quienes protestan por el fraude del oficialista Partido Nacional ya costó la vida de siete personas y decenas de heridos. La respuesta del gobierno dictatorial de Hernández fue decretar el toque de queda y el estado de excepción.
En un llamado este lunes, el postulado de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, el ingeniero Nasralla, llamó al pueblo a desacatar las medidas represivas impuestas para actuar con carta libre y apresar y asesinar a quienes a determinada hora estén en las calles.
Acompañado por Zelaya y otros líderes de partidos que integran la coalición opositora, el burlado candidato dijo que el estado de excepción deja las manos libres a la represión, y “no vamos a permitirlo”.
En un llamado a la población que desde hace varios días está movilizada contra el fraude electoral, Nasralla dijo que la estrategia es mantener la lucha hasta que Hernández salga de la presidencia, lo cual parece muy difícil, a no ser que se lo ordene la Casa Blanca.
La actitud popular demuestra que los hondureños desean un cambio de sistema político, en contraposición con los intereses de las clases dominantes en la nación de 8 303 771 habitantes y un territorio de 112,492 km².
La actuación de las autoridades electorales fue altamente sospechosa desde que el conteo favoreció al candidato opositor. Luego del escrutinio del 70 % de las boletas que daban a Nasralla con un 5 % de ventaja, el TSE anunció que se había caído el servidor de Internet por 10 horas, tras las cuales llegaron más de 5000 boletas favorecedoras a Ortega con visibles falsedades, lo cual confirmó el fraude en camino.
Se puede decir que el presidente dio un golpe de Estado preventivo contra Nasralla, quien opina que obtuvo la victoria, al igual que su partido y una gran mayoría de la población. Sin embargo, el Partido Nacional —que gobierna desde que sacaron a Zelaya— no está dispuesto a entregar el control económico del país y para ello precisa que Hernández siga en el cargo.
Para analistas es impresionante la postura de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de Estados Unidos, que atacan de continuo a Venezuela por supuesta falta de democracia y transparencia en sus 23 comicios en 18 años. Sin embargo, ante el escándalo de Honduras no se han pronunciado porque no les conviene darle la espalda a uno de sus aliados.
La actitud del ente electoral ha sido burda y mentirosa. Dio un primer parte, luego cesó el proceso que debió fluir; anunció la caída del sistema tecnológico, y finalmente dio la victoria por un punto de diferencia a Hernández.
Entendidos en la política de la nación centroamericana afirman que el resultado de los comicios era previsible, ya que el mandatario, en una postura de fuerza, hizo que diputados afines solicitaran a la Corte Constitucional un cambio —aceptado— que permitiera su reelección, prohibido por la Carta Magna hasta ahora.
Más de una semana después de las elecciones, la expectativa sigue en Honduras ante las posturas antagónicas de Hernández y Nasralla.
Para muchos es un descarado robo de la primera magistratura a la oposición, ya que quedó demostrado que el pueblo quería un cambio de sistema diferente al existente, calificado de fascista.
Bajo el mandato derechista ha sido considerable la venta de tierras y ríos, asiento de los pueblos autóctonos, a las trasnacionales para fomentar las hidroeléctricas y la extracción minera; en tanto son asesinados centenares de activistas sociales y ambientalistas con absoluta impunidad.
Con el 66 % de la población viviendo bajo la línea de pobreza, el presidente parece más preocupado en complacer a Estados Unidos, el principal receptador de la droga que sale por la costa norte del país.
Honduras posee un alto valor estratégico para Washington ya que limita con dos países con gobiernos a los que considera sus enemigos: Nicaragua y El Salvador, a los que llega en minutos desde la base aérea Soto Cano, ubicada en Palmerola, escala obligada, además, del Comando Sur hacia Suramérica.
El politólogo argentino Atilio Borón recordó en un reciente artículo que “la base Soto Cano es la que alberga a la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Bravo’, compuesta por unos 500 militares norteamericanos dispuestos a entrar en combate en cuestión de horas”.
Observadores entienden que la oposición debería exigir nuevos comicios bajo supervisión internacional, pero es casi impensable que las fuerzas de derecha acepten esas condiciones.
La representante de la Unión Europea que fungió como observadora se mostró dispuesta a participar en el conteo de 5174 actas supuestamente alteradas, pero el TSE ha hecho oídos sordos. Ese organismo, cuyos miembros fueron escogidos por el gobierno, dio como ganador a Hernández con el 42,98 % de los votos, mientras Nasralla obtenía el 41,3 %. Sin embargo, no lo declaró ganador.
Para el postulado de la Alianza, “el robo ocurrió cuando estas 5174 urnas llegaron a Tegucigalpa. Retiraron el acta original y colocaron una nueva acta que habían hecho en las imprentas con los resultados que les permitieran revertir el resultado en contra de lo que estableció el cómputo electrónico inicial”.
Mientras, para sorpresa de sus superiores, un número considerable de agentes de la fuerza especial Cobra, Tigre y Antimotines de Honduras se declararon en huelga de brazos caídos, en una sublevación que también comprende a los efectivos policiales de San Pedro Sula, la segunda ciudad en importancia del país.
Un reporte de Prensa Latina informó que los militares sostienen que son parte del pueblo y tienen familia, por lo cual no pueden estar matándose entre sí.
En una de sus últimas intervenciones públicas, Nasralla invitó a Hernández a abandonar Tegucigalpa para poner fin a la crisis política causada por su imposición política, lo cual, conociendo al personaje, parece imposible.
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