Amenazada por las más importantes organizaciones obreras por negarse a promulgar la ley que permitiría el retorno de la democracia a Bolivia, la presidenta de facto, Jeanine Áñez, suscribió en el Grupo de Lima la solicitud de celebración de “elecciones legislativas y presidenciales libres, justas y creíbles” en Venezuela, la dura piedra política metida en el zapato de Estados Unidos (EE.UU.)
Áñez asumió, en su condición de vicepresidenta del Senado, la primera magistratura boliviana tras el golpe de Estado militar el 10 de noviembre del pasado año que derrocó al líder izquierdista Evo Morales y, desde entonces, mantiene como signo de su política la represión militar, en especial contra los pueblos indígenas.
Esta rubia artificial, abogada de 54 años, se mueve al compás de las Fuerzas Armadas que obligaron a renunciar al legítimo presidente Morales en alianza con la Organización de Estados Americanos (OEA). Cuando entró con una Biblia en la mano al Palacio Quemado, junto a representantes castrenses y de la Iglesia Católica, aseguró que solo “estaré aquí hasta el llamado a elecciones generales” en cuestión de días. Mentiroso pronunciamiento.
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El pasado día 16, el llamado Grupo de Lima, integrado por gobiernos autocráticos de Suramérica enemigos de la Revolución Bolivariana y creado por estrategas de EE.UU. suscribió una declaración —con la firma de Bolivia— en la que reafirma “que solo la celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales libres, justas y creíbles, con un Consejo Nacional Electoral independiente y una Corte Suprema imparcial, así como la plena libertad de prensa y la participación política de todos los venezolanos, garantizará las condiciones necesarias para superar la crisis en Venezuela”.
Esa alianza contrarrevolucionaria, ignora, como siempre, los pasos institucionales dados por Caracas para garantizar una nación pacífica, de entendimiento entre partidos oficialistas y opositores, entre ellos la renovación del Consejo Nacional Electoral, y el anuncio de comicios legislativos este año.
La autoproclamada presidenta de facto es tan inepta en política que no vislumbró lo absurdo de su posición al firmar el documento, ya que exige a Venezuela, sin razón alguna, lo que está negada a hacer en su país y es acatar las orientaciones del Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), junto a todos los partidos políticos, que acordaron la realización de elecciones generales dentro de tres meses cuando todo indica que entonces concluirá un gobierno nacido en condiciones antidemocráticas.
De la promulgación de una ley del Ejecutivo, que ella debe suscribir, depende la celebración de los comicios, lo que, dijo, solo hará cuando pase la pandemia.
El Grupo creado en Lima, capital de Perú, está integrado por regímenes fascistas como el de Brasil, neoliberales como Canadá y Chile, o narco-gobiernos como los de Colombia y Honduras, además Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucia y el auto nombrado “presidente interino de Venezuela” Juan Guaidó. Funciona como una alianza de la derecha golpista transnacional que busca un cambio de gobierno en Venezuela.
Áñez, con su adhesión a las siempre fracasadas maniobras del bien llamado Cartel de Lima contra la Revolución Bolivariana y su líder Nicolás Maduro, busca con su firma un respaldo internacional a su frágil gobierno y a su interés de prorrogar su estancia en Palacio Quemado, ya que todos los indicadores señalan que será barrida en las urnas por el Movimiento al Socialismo (MAS) fundado por Morales.
El antidemocrático Cartel reiteró en esa cita celebrada en Canadá, que “continuarán buscando el consenso con otros actores internacionales para movilizar una respuesta de la comunidad internacional que contribuya al urgente restablecimiento de la democracia y el estado de derecho en Venezuela”. Pura palabrería pagada por Washington, que mantiene su hostil política hacia el gobierno bolivariano, al que intenta derrocar para apoderarse de las grandes riquezas petroleras existentes en esa nación.
Sin embargo, no hay pronunciamiento alguno sobre la situación en Bolivia, donde una impuesta presidenta ignora los acuerdos de las máximas autoridades electorales y de la mayoría de la población.
Con la casi certeza que señalan las encuestas hasta ahora que los postulados por el MAS, los exministros de Economía Luis Arce Catacora y de Relaciones Exteriores David Choquehuanca, serán los próximos presidente y vice bolivianos, la autoproclamada mandataria, si fuera el caso, buscaría respaldo en los títeres limeños para que impidan el retorno de lo que ella califica de “dictadura” de Morales, lo cual podría implicar hasta una intervención militar conjunta.
Sus artimañas para mantenerse en el cargo se van quedando sin sustento y Bolivia parece estar, ahora mismo, al borde de una convulsión social, a pesar de los estragos que la COVID-19 hace en un país sin una sólida estructura sanitaria.
Áñez sacó a los colaboradores cubanos que prestaban servicios en esa nación andina, dejando grandes bolsones sociales sin atención sanitaria alguna, lo que ha hecho más difícil el enfrentamiento a la pandemia.
Considerada la reina del nepotismo, ya que instaló a varios familiares en diversas instituciones estatales, además de amigos en significativos puestos para taparle la corrupción gubernamental —como la compra de equipos médicos inservibles y pagados a tres veces su valor— en realidad ella depende de dos ministros claves, el de Gobierno, Arturo Murillo, y Defensa, Luis Fernández López, quienes manejan a los jefes de las otras fuerzas.
Es decir, que su pésima administración se sustenta en los militares, a lo interno, y a EE.UU. de la que se considera aliada incondicional, mientras el país que más creció en América Latina en los 14 años de mandato de Morales, se hunde en una crisis sanitaria, económica y política.
Mientras la golpista senadora declaró en 2019 cuando se incorporó al Grupo de Lima que “Bolivia contribuirá a lograr una solución pacífica, democrática y constitucional a la crisis en Venezuela”, ahora se expone a ser sacada por la fuerza tras el ultimato dado por los grupos sindicales más poderosos del país.
En los últimos días, la poderosa Central Obrera Boliviana (COB) y una de sus filiales, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), exigieron al régimen de facto que convoque oficialmente a los comicios o sus afiliados tomarán las calles hasta que sea derrumbado.
Ya la presidenta del Senado boliviano, Eva Copa, rechazó una nueva petición del régimen de alargar en el tiempo, o al menos hasta que sea dominada la COVID-19, lo que no se vislumbra, las elecciones generales.
Los líderes de la FSTMB, Orlando Gutiérrez, y de la COB, Juan Carlos Huarachi, indicaron en una rueda de prensa que corresponde a Áñez elegir como quiere concluir su mandato.
“O te vas con elecciones nacionales democráticas o te vas con una convulsión social”, indicó Gutiérrez, secretario ejecutivo del gremio de mineros, a la antigua senadora nacida en el Departamento de Beni, uno de los más castigados por el nuevo coronavirus.
Gutiérrez precisó que “la pandemia está matando gente, pero el hambre está matando más gente aún” y aseguró que “esto se debe a que no hay una sola política de salud que sea efectiva”.
De acuerdo con el corresponsal de Telesur en Bolivia, Freddy Morales, el líder minero denunció también al régimen derechista por los créditos solicitados al Fondo Monetario Internacional —algo impensable hace un año dada la prosperidad de la economía— en tanto señaló a funcionarios que roban el dinero del Estado.
Huarachi pidió a las organizaciones sociales iniciar una lucha conjunta para defender la dignidad y la salud.
“A partir de hoy los trabajadores estamos en pie de lucha hasta tanto no se promulgue la ley de elecciones, lo cual significa que un nuevo estallido social puede desatarse en cualquier momento”, aseguró.
Los casos confirmados con COVID-19 superan los 6 500 a nivel nacional y se desconoce el número de fallecidos por esa causa, ya que no hay suficientes kits de pruebas para todos los enfermos. Según la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, en este momento hay solo 430 camas de terapia intensiva en el sistema público y privado de salud
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