Haití, antigua colonia de España y de Francia, aunque exhibe la mayor pobreza de América Latina y el Caribe, con un alto índice de desigualdad social, vuelve en estos días a las calles para exigir la salida del presidente Jovenel Moïse el próximo 7 de febrero.
Moïse, empresario agrícola del nordeste del país, conocido como “Nèg banann” o “el muchacho de los plátanos”, ahijado político del expresidente Michel Martelly, miembro del ultraconservador partido PHTK, es, de acuerdo con analistas, un político fabricado por los gurús de la derecha continental.
La Carta Magna haitiana determina que, luego de elecciones presidenciales, el cambio de gobierno se efectúa el 7 de febrero. Pero todo indica que las fechas programadas cayeron y el mandatario pretende continuar en el cargo. Moïse, en irrespeto a la Ley Suprema, desoyó las exigencias populares y marcó los comicios para el próximo 19 de septiembre.
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La decisión del mandatario tiene el respaldo del Consejo Electoral Provisional (CEP) que él creó. El CEP indicó en reciente rueda de prensa que, de ser necesaria, la segunda vuelta será el 21 de noviembre, fecha en que también se realizarán comicios municipales y locales.
Para la población haitiana, que califica de dictador al empresario, se trata de una burla a la Carta Magna de 1987 para seguir en el poder, a pesar de las críticas de la mayor parte de sectores de la vida nacional, entre ellos las organizaciones y partidos opositores. Si el plan fructifica, el presidente dejará el gobierno en 2022.
Tras las resonadas denuncias de fraude y la suspensión de los comicios del 2015, el CEP organizó en 2016 unos nuevos y contestados comicios en donde Moïse resultó electo con solo 590 000 votos de un padrón de más de 6 000 000 de electores habilitados, redondeando una participación de tan sólo el 18.1 %.
Según veedores internacionales, la intervención oficial en el organismo electoral habría desplazado del primer lugar al favorito Jude Célestin y dejado fuera del balotaje al nacionalista de izquierda Jean-Charles Moïse, también aspirante a la presidencia.
SITUACIÓN CONVULSA
En Haití son comunes las movilizaciones populares contra los poderes establecidos. La pequeña nación enclavada en la isla La Española, junto con República Dominicana, vive en permanente crisis política y socioeconómica.
Una gran protesta popular, la primera de este año, fue fuertemente reprimida por las fuerzas del orden el pasado día 12, en medio de la pandemia de la COVID-19. Una crisis en la distribución de combustible paralizó a Puerto Príncipe, la capital.
Un grupo reducido de los congregados logró ingresar a la embajada de Estados Unidos (EE.UU.) que, avisada de un posible asalto, estuvo protegida desde las primeras horas de la mañana del pasado día 15 por soldados norteños, sin que pudieran evitar la violación de los dispositivos de seguridad.
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Los activistas solicitaron a los diplomáticos del régimen saliente de Donald Trump que retiraran su apoyo a Moïse, al que acusaron de corrupción y de burlarse de la ley más importante de la nación.
Para darle un brillo democrático a sus planes, el mandatario haitiano ordenó la celebración de un referendo ilegal —sin valor jurídico— para modificar la actual Carta Magna, aunque es una acción personal, sin respaldo oficial.
En el 2020 hubo decenas de movilizaciones y paros nacionales, a pesar de las pésimas condiciones sanitarias y la represión policial. El mandatario fue recientemente acusado por el Tribunal Superior de Cuentas de estar en el centro de un esquema de malversación de fondos.
Las fuerzas políticas opuestas al actual régimen declararon que este año no será diferente e, incluso, anunciaron un calendario de acciones en los 10 departamentos del país, con mayor fuerza en torno al día 7 del próximo mes.
Moïse ya anunció que se mantendrá en el puesto, mientras analistas aseguran que vendrán días aún más aciagos para los haitianos.
En estos momentos, Haití, con poco más de 11 millones de habitantes en la región más pobre de La Española, una isla que por su posición geográfica es víctima del paso de huracanes, muchos poderosos, que agravan todavía más su precaria economía.
Uno de los factores de mayor desestabilización es la presencia de la letal COVID-19 y la carencia de una estructura sanitaria para enfrentarla.
El SARS-CoV-2, causante de la dolencia, dejó en Haití hasta el pasado 22 de enero 11 035 contagiados y 243 fallecidos.
La mayoría de los diagnósticos positivos se registraron en el departamento Oeste, el más afectado por la pandemia con 7 737 confirmados, de ellos, poco más del 82 %, en la capital, donde aun radican en carpas la mayoría de los damnificados del terremoto del 2010.
Esa región cuenta, además, con el 43 % de los decesos desde que debutó allí el nuevo coronavirus en marzo del pasado año, informó la agencia de noticias Prensa Latina.
Hay otra situación que golpea al pequeño país caribeño, con una extensión de
27 750 km2, y una economía basada en el café, y en menor medida el azúcar, el cacao y los aceites. Entre los cultivos de subsistencia destacan el maíz, el arroz, el sorgo y las frutas tropicales. En Haití se explotan yacimientos de bauxita, arcilla calcárea, piedra caliza y mármol. Aunque obtiene básicamente la energía a través del carbón, carece de fuentes de energía.
Existe un absoluto clima de inseguridad en Haití, que se manifiesta en el aumento de asesinatos y violaciones, ataques armados a personas de barrios humildes, secuestros y robos.
Para la Asociación de Medios Independientes de Haití (AMIH) es notable la violencia ejercida por la Policía contra periodistas. Los reporteros Réginald Rémy (Radio Télé Caraïbes), Destiné Alvales (ALTV) y Reynald Petiti-Frere (Jounal 9), aseguraron que fueron agredidos por oficiales, a pesar de portar las identificaciones correspondientes.
La AMIH exigió a la dirección general de ese cuerpo tomar las medidas necesarias para permitir que los periodistas puedan ejercer su profesión con libertad.
También el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH) denunció el vertiginoso aumento de la delincuencia durante 2020, en particular los casos de secuestro.
La CARDH indicó que el pasado año estuvo marcado por el desmantelamiento del cuerpo jurídico-institucional y por desproteger a la ciudadanía.
Señaló que la ausencia de elecciones legislativas y locales en 2017, 2019 y 2020 para elegir al nuevo jefe de Estado constituyó una transgresión del derecho al voto popular.
La organización planteó que el pasado año asesinaron a 297 personas, entre ellos 26 policías, por armas de fuego, y secuestraron a 796. La brutalidad policial también creció y una franja hostil de ese gremio, el grupo Fantom 509, aterrorizó a la población con violentas movilizaciones.
La organización CARDH refirió que bandas criminales integrantes de la federación G-9 ampliaron sus zonas de control y ahora dominan al menos el 35 % del electorado.
Con estos antecedentes, la Policía Nacional haitiana declaró el estado de emergencia hasta el próximo 15 de febrero debido a las esperadas protestas contra el jefe de gobierno, quien asumió el gobierno en 2017 luego de unos comicios anulados en 2015 por denuncias de fraude.
Ahora, el presidente redacta personalmente, según medios periodísticos, la nueva Constitución que beneficiaría a las familias más poderosas del país, sin garantías para proteger los derechos de los ciudadanos.
Organizaciones opositoras temen que el presidente cumpla su amenaza e imponga su presencia a golpe de decreto, en un gobierno de facto.
Con ese panorama, los próximos días y semanas auguran nueva lucha frontal de los actores políticos haitianos.
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