El fiscal general del Tribunal de Apelación de Conakry, la capital guineana, Alphonse Charles Wright, extendió esa acusación también a 26 subordinados, con quienes el gobernante se desempeñó del 2010 al 2021.
Al documento jurídico pertinente —difundido por la prensa—, le sucederá un proceso judicial por las denuncias contra Condé y el resto de los funcionarios, entre ellos un expresidente del Tribunal Constitucional, otro del Parlamento, un antiguo jefe del gabinete y varios exministros, diputados y funcionarios de los servicios de seguridad.
Asimismo, a los anteriores participantes en el poder se les inculpa de cometer delitos de agresiones intencionadas y sexuales, otras transgresiones a la moral y actos de pillaje, varios de los cuales corresponden a figuras de violaciones de los derechos humanos.
Esas acusaciones de la Fiscalía se basaron en investigaciones realizadas a partir de una denuncia del Frente Nacional de Defensa de la Constitución (FNDC), que lideró la oposición a un tercer mandato de Condé desde los meses desde octubre de 2019, lo cual también rechazaban otros sectores de la sociedad pública.
En los momentos más tensos de la disputa electoral pasada el FNDC alegó que el mandatario forzó la Constitución a fin de obtener otro período al frente del país, lo cual no contempla la Carta Magna, sin embargo Conde fue reelecto en las presidenciales de 2020.
Alpha Condé, un profesor universitario de 84 años de edad, fue derrocado por soldados amotinados que actuaron en consonancia con el rechazo a su tercer mandato, aunque antes, en 2010, fue el primer presidente electo democráticamente en de Guinea, país con un amplia la historia de golpes de Estado desde su independencia en 1958.
La junta militar propuso un período de transición política de 39 meses.
“Pero su popularidad se hundió en su segundo mandato cuando los críticos lo acusaron de autoritarismo y las protestas de la oposición fueron reprimidas violentamente”, recuerda la prensa francófona, y ese declive en la aceptación indujo a la revuelta militar encabezada por el coronel Mamady Doumbouya en septiembre pasado.
El equipo de abogados del FNDC presentó una denuncia en abril por los delitos y abusos que presuntamente se cometieron durante la administración anterior y rechazó el anuncio de liberar al expresidente el 22 de abril como informó el Comité Nacional de Reconciliación y Desarrollo (CNRD), órgano integrado por los militares golpistas.
Posteriormente trascendió que varios exministros, entre ellos el exjefe del gabinete Ibrahima Kassory Fofana, los citó o detuvo la Fiscalía especial del Tribunal para la Represión de los Delitos Económicos y Financieros acusados de malversar fondos públicos, enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales, corrupción y otros delitos.
Observadores opinan que la recomposición del Estado, para lo cual la junta castrense solicitó 39 meses de transición, y el destino de Alpha Condé, aún no están totalmente decididos en Guinea y que factores como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) podrían incidir en tales definiciones.
Hasta ahora resultó evidente la condescendencia con integrantes del gobierno anterior, al propio presidente los militares le autorizaron marchar a Emiratos Árabes Unidos a recibir atención médica, tras ese proceso retornó y ahora se encuentra con su familia en Conakry, la capital.
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